Ante la incertidumbre por la desfinanciación de las obras de urbanización en los barrios populares que contempla la ley ómnibus de Javier Milei, los vecinos se organizan. En Nuevo Alberdi quedó pendiente la construcción de tres espacios públicos que ya fueron aprobados por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y restan finalizar los proyectos de extensión de la red de agua domiciliaria y la conexión de luz segura en la zona rural. Este viernes, los vecinos del lugar se reunieron en una asamblea y decidieron organizarse para exigir al gobierno municipal y provincial que garanticen su financiamiento y concreción. En Los Pumitas, el panorama es similar: el proyecto de urbanización integral quedó en etapa licitatoria, mientras que se avanzó con un 30% en las obras de mejoramiento previstas en la cancha de fútbol barrial, al Centro Comunitario Qadhuoqte, y la instalación de una plaza. Las organizaciones del barrio prevén realizar un festival cultural para poner en agenda la situación.
Como informó Rosario/12, el artículo 211 de la ley ómnibus plantea la eliminación de la asignación específica al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que consiste en el 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. Con esa alícuota, sumado al 15% que se recaudó por única vez con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, más recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, se financiaron obras de infraestructura en más de 1.300 barrios populares de todo el país. En la provincia de Santa Fe se iniciaron obras en 77 barrios que significaron una inversión de 38 mil millones de pesos, mientras que más de 20 mil mujeres accedieron a la asistencia económica que brinda el programa Mi Pieza para refaccionar y ampliar sus viviendas.
En Rosario, algunas obras iniciadas por la SISU llegaron a completarse, pero el grueso de los proyectos se encuentra en ejecución y la quita de recursos al FISU genera incertidumbre sobre su continuidad. En Nuevo Alberdi, al norte de la ciudad, el proceso de urbanización lleva más de tres años de trabajo a partir de un convenio firmado con la SISU, del que también participó Servicio Público de la Vivienda (SPV) de la Municipalidad como unidad ejecutora, y el gobierno provincial. “Fue un proceso participativo, donde el barrio definió cuáles eran las principales obras que tenían que realizarse, consiguió los fondos a través de la SISU y los puso a disposición para que el gobierno municipal lleve adelante las obras”, explicó Caren Tepp, concejala de Ciudad de Futura, el espacio que viene motorizando la urbanización del barrio.
En ese marco, se logró financiar las obras para la conexión de agua para todas las familias que viven en la zona urbana del barrio, pero quedó pendiente la extensión de la red hacia la zona rural y la conexión de luz segura en esa misma zona, dos proyectos que ya estaban avanzados. Al mismo tiempo, se avanzó con la licitación para la construcción de tres obras nuevas en el barrio: un espacio deportivo y de encuentro, con un predio ferial para los trabajadores de la economía popular; una reforma del ingreso al barrio, donde se prevé la construcción de senderos peatonales y luminaria pública; y un tercer sector que comprende un parque frutal, barrio adentro. Los tres sectores fueron elegidos por los vecinos por ser zonas inseguras. “Esas obras son derechos adquiridos por parte de los vecinos que no se están poniendo en marcha por decisión del gobierno nacional”, denunció la concejala.
Ante ese escenario, los vecinos se reunieron este viernes en una asamblea donde definieron un plan de acción. Ayelén Acevedo, vecina del lugar, comentó que los pasos a seguir tendrán dos vías. Por un lado, el diálogo “puerta a puerta” con la gente del barrio, para comentar la situación y sumar adhesiones a la lucha. Y por otro, un reclamo concreto a los gobiernos municipal y provincial para que garanticen los recursos para la concreción de las obras. No descartan la posibilidad de realizar marchas y movilizaciones por ese tema.
“Vamos a sentarnos a hablar con la Municipalidad, con la Provincia, y con quien tengamos que hacerlo. Estas obras ya estaban licitadas, pero si desaparece la SISU no se van a hacer. Queremos saber qué va a pasar con eso porque además los montos ya quedaron atrasados”, expresó y agregó: “Para nosotros urbanizar no es solo abrir una calle y traer agua, sino seguir con las problemáticas que tiene el barrio. En la asamblea se definió juntar firmas con los vecinos, para que nos apoyen en el reclamo y que estos espacios públicos se hagan. No es solo una plaza, son obras importantes”.
En la misma línea, Tepp insistió en que el proceso de urbanización debe continuar y llamó al gobierno local y provincial a garantizar los fondos “ya sea a partir de negociaciones con el gobierno nacional o generando otras vías de financiación” para su concreción: “Escuchamos al gobernador y al intendente preocupados por defender a los sectores del agro ante un posible aumento de las retenciones. Esperamos que también alcen la voz en favor de defender los recursos para los barrios populares que, en este contexto, tienen que ser la principal política de contención de las familias”.
Los Pumitas se organiza
En septiembre pasado se anunció de manera oficial un programa de urbanización integral de barrio Los Pumitas, en la zona oeste. Fue algunos meses después del asesinato de Máximo Jeréz, el chico de 11 años que quedó en medio de una balacera cuando salía de un cumpleaños. Su muerte generó conmoción entre los vecinos, que salieron a denunciar públicamente las tramas mafiosas que se tejían en la zona y desvalijaron la casa de los presuntos asesinos. Las escenas se televisaron en vivo para todo el país. La falta de una presencia virtuosa del Estado en el lugar también quedó en evidencia.
El anuncio contemplaba una inversión de 4 mil millones de pesos de la SISU y tenía como unidad ejecutora al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. Pero el proceso de licitación quedó a medias: los postulantes presentaron montos muy superiores al presupuesto asignado, por lo que el gobierno debía iniciar un diálogo con las empresas, pare reorganizar los precios. Con el final de la gestión eso quedó trunco, y ahora la pelota está en manos de las nuevas autoridades.
“Aún no pudimos reunirnos con el gobierno provincial, pero depende de ellos reactivarlos y obviamente del destino que tenga el FISU, que en la reorganización ministerial que está haciendo el gobierno nacional dejaría de depender del área de Desarrollo Social”, explicó Julia Irigoitia, concejala del Partido Justicialista, una de las dirigentes que viene impulsando los proyectos en la zona. “La provincia llegó a firmar el convenio con la SISU, pero no se realizó ningún desembolso ni se llegó a ejecutar un solo peso, porque no se terminó de resolver la cuestión licitatoria”, añadió.
No obstante, en paralelo a ese proyecto de urbanización general, distintas organizaciones, referentes barriales y dirigentes, presentaron un Proyecto de Obras Tempranas (POT) para reacondicionar de forma integral el Centro Comunitario Qadhuoqte, el mejoramiento de la cancha de fútbol del barrio, la instalación de una plaza en la zona y un reordenamiento de los servicios básicos en el lugar. “Ese POT lo teníamos presentado, aprobado y se llegó a ejecutar la primera parte, que es un 30% de la obra”, explicó la concejala del peronismo.
“Nosotros estamos terminando el primer tercio de la obra y no podemos avanzar si no nos hacen la reasignación del siguiente reembolso y la actualización de precios. Es una obra presupuestada a mayo del año pasado que empezó en octubre, con números que quedaron desfasados”, expresó Irigoitia. En ese sentido, se refirió a la importancia de que los gobiernos asuman el compromiso de continuar con los proyectos: “Está claro que si no es el Estado, ningún privado va a mirar estos sectores para invertir en infraestructura, porque no se volvería redituable esa inversión. Si no es con decisión política y organización comunitaria, nadie prioriza a los barrios populares en su agenda”.
Ante la incertidumbre que prima sobre la continuidad de las obras, los referentes barriales vienen llevando adelante asambleas donde definieron realizar un evento cultural el próximo 10 de febrero para presentar esa primera parte de las obras. La intención es poner el tema en la agenda pública y poder sumar adhesiones para pelear en conjunto por la continuidad de los proyectos. “Vamos a armar un documento y la idea es invitar a autoridades municipales y provinciales para que sepan qué es lo que se ejecutó, e inclinar un reclamo para que se sigan las obras”, explicó Oscar Talero, referente del Centro Comunitario Qadhuoqte.
Para el dirigente barrial, la concreción de las obras implicaría mejoras en los proyectos educativos y deportivos del barrio, que son necesarios en la zona. “Serviría para fortalecer un trabajo social activo para la comunidad, para los jóvenes que no terminaron la primaria y la secundaria, y con la canchita la idea es que los chicos puedan iniciarse en el deporte. Pero estamos en clave de espera. La SISU todavía no tiene directores y no se sabe si los va a tener. La incertidumbre es total”, evaluó.
