Por aprobación de la Legislatura provincial sobre la iniciativa del diputado del partido demócrata progresista (PDP), Gabriel Real, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado deberá solicitarle a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que no apele sentencias de primera instancia; en los casos en que exista jurisprudencia en instancias superiores que las ratifiquen. Este paso se traduce en una demora injustificada en perjuicio del beneficiario; es decir del jubilado o pensionado que está haciendo el reclamo correspondiente.

Con respecto a las sentencias de segunda instancia, se sugiere que se abstengan de interponer recurso extraordinario cuando existan los mismos parámetros que en los casos de primera instancia y se liquiden las mismas en favor de los beneficiarios; según un criterio que tome en cuenta en un 50 por ciento la edad del jubilado y el otro 50 por ciento la antigüedad del expediente judicial.

La Ley de Reparación Histórica de Jubilados (N° 27.260), se sancionó hace poco más de un año y el Diputado Real expresó en relación a esto: "Menos del 40 por ciento de los 2.400.000 beneficiarios, estimados a alcanzar en julio del año que viene, ha comenzado a cobrar y el porcentaje de los aumentos quedó muy por debajo de lo calculado, incrementándose la cantidad de juicios por reajuste".

El porcentaje promedio de aumento de quienes fueron beneficiados fue del 24,9 por ciento, pese a que el Gobierno Nacional aseguró que sería de un 30, 40 o 50 por ciento; según el grupo al que pertenezca el jubilado: con sentencia firme, con juicio iniciado o sin causa en trámite. La liquidación de sueldos en enero por la reparación fue de $8.332 a $10.407, para quienes recibieron el beneficio.

"La Ley tampoco cumplió con el objetivo de bajar la cantidad de juicios. De 443.823 jubilados con causas abiertas; sólo 22.536 jubilados desistieron del reclamo para adherir a la reparación; es decir sólo el 5% del universo", agregó Real. Además, de septiembre a diciembre de 2016 se iniciaron 10.404 causas, casi 1.000 más que las que se abrieron en el mismo período del año anterior.

Por estos motivos, el Gobierno Nacional decidió comenzar a apelar las sentencias jubilatorias para que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demorando de esta manera el cobro de los reajustes de los jubilados. "Estas apelaciones masivas, que llevan varios años de trámite, no hacen más que coaccionar a los jubilados a aceptar las propuestas de Reparación Histórica. Se deben tener en cuenta la antigüedad del reclamo y, por una cuestión de humanidad, la edad de quien reclama", finalizó el diputado Real.

El pedido llega también en medio de la disputa por la gestión que inició el gobierno nacional para lograr la "armonización" de las cajas provinciales jubilatorias. En Santa Fe esto generó un amplio rechazo y hasta se llegó a decir que podría en peligro el 82 por ciento que cobran los jubilados del Estado provincial, incluido los docentes.