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Página/12 en Colombia
Desde Medellín
A dos mil metros sobre el nivel del mar, en el filo de una montaña de la Medellín rural, una cocina de cocaína funcionaba silenciosa en la finca La Laguna. Un horno a unos metros de la casa principal habría servido, durante los años en que los narcos ocuparon esta propiedad, para desaparecer personas. Lo primero lo confirmó Daniel Rojas Medellín, presidente de Sociedad de Activos Especiales (SAE) --ente de economía mixta vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público- el viernes 26 de enero durante la entrega oficial del predio a una cooperativa de ex guerrilleros de las Farc-Ep. Estos reincorporados ahora cumplen su parte del acuerdo lejos de las armas y cultivarán plantas aromáticas y emprenderán otros proyectos productivos en las 70 hectáreas de tierra.
En el evento Rojas entregó un hotel de 559 metros en el municipio de Marinilla, una pequeña ciudad al oriente de Antioquia donde esperan estrenar una ruta turística que recorra también los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) que se fundaron hace siete años cuando, dejando la selva y la guerra atrás, los excombatientes se agruparon en estas apartadas áreas campesinas que esperan convertir en lugares turísticos. “Durante más de 50 años debimos hacernos escuchar con los fusiles para reinvindicar lo que hoy estamos logrando en democracia: la tierra para el que la trabaja, la tierra para el pueblo”, señaló entusiasta Linda Nelly Jaramillo, ex guerrillera, una de los 31 revolucionarios que se beneficiarán con estos bienes, comprometidos a transformar este escenario de violencias e ilícitos en un terruño de paz.
La antigua cocina de estupefacientes
“Aquí había una cocina de estupefacientes, se hacía plata. Plata es plata dicen por ahí. Nosotros tenemos que pensar una transformación de la economía desde otra perspectiva. Por supuesto necesitamos sobrevivir, pero también necesitamos poner a producir la tierra; que nuestros niños no crezcan más entre sonidos de metralleta sino donde crezcan árboles y cultivos”, dijo Daniel Rojas, uno de hombres de confianza del presidente Gustavo Petro y su aliado en la reforma agraria, o lo que el gobierno ha llamado la "revolución agroecológica para la paz".
La democratización de la tierra --una de las principales causas del conflicto armado en Colombia-- no es solo un propósito del gobierno, sino una reinvindicación histórica del campesinado que, por el despojo empresarial y grupos armados, las violencias y el modelo económico, ha migrado a las ciudades dejándole a unos pocos los paraísos donde hace medio siglo vivía más de la mitad de la población colombiana.
Las dinámicas del horror
El narcotráfico y sus dinámicas de horror en los campos colombianos también arrojaron a familias y jóvenes a las ciudades en un acto de supervivencia. Por ello, que la riqueza que coptaron las mafias sean devueltas a lo que la SAE denomina “depositarios populares”, es un cambio de paradigma en el manejo de los bienes de los narcos y grupos ilegales. Linda Nelly dice: "que esta tierra llegue hoy a manos de los firmantes es un hecho histórico (…) La SAE está devolviendo al pueblo los bienes que el Estado ha recuperado a lo largo de los años y que, por la corrupción y la indiferencia con los más desfavorecidos, se han quedado al servicio de unos pocos”.
La SAE es una institución privada y pública que administra los activos de la nación, entre ellos los que recuperan del brazo ilegal variopinto y enorme que se mueve por Colombia hace décadas. Este pedazo de montaña en el Alto de Boquerón, corregimiento de San Sebastián de Palmitas, le fue arrebatado a un grupo delincuencial, así como el hotel y el restaurante que los rebeldes empezarán a administrar. La historia se repite en muchos rincones del país donde esta dependencia del Estado está recuperando islas ocupadas ilegalmente o mediante alquileres de cifras irrisorias en círculos de poder donde se beneficiaban los amigos de la clase política o los mismos grupos familiares de los narcos. En La Guajira, por ejemplo, una casa incautada a narcos fue entregada para hogar de paso de niños y niñas vulnerables.
Tierras en comodato
Las tierras son otorgadas en figura de “comodato” durante cinco años para el caso de la Finca La Laguna, las cuales pueden ser tituladas más adelante y así engrosar las ya abundantes cifras de la reforma agraria, cuya tarea principal está en manos de la ANT (Agencia Nacional de Tierras) secundada por la SAE. A un año y cinco meses de la llegada de Gustavo Petro al poder, casi dos millones de hectáreas de tierras se han formalizado y entregado a comunidades campesinas, indígenas, negras y firmantes del Acuerdo de Paz. La revolución agraria avanza a pasos de gigante en medio de los ataques de la oposición que insiste en descalificar las altas cifras. Según la ANT, al 24 de enero y durante el gobierno de Petro, se han formalizado poco más de un millón 700 mil hectáreas de tierra, lo que supera con creces las cifras de los gobiernos Santos y Duque.
Pese a que la derecha y los medios de comunicación masivos lo nieguen, los millonarios bienes y recursos en efectivo entregados por la entonces guerrilla de las Farc al Estado para reparar a los víctimas están siendo entregados por la SAE a las comunidades que han reclamado su reparación. El dinero del patrimonio autónomo de las Farc ha servido para comprar casa para la atención a víctimas en Bogotá. Según informa la SAE, “desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el apoyo de la UARIV y el DAPRE se ha ejecutado el 92 por ciento de estos recursos por valor de 10 millones de dólares, dándole celeridad a la reparación a las víctimas” en indemnizaciones individuales, colectivas y contrataciones.
“Aquí no hemos venido a continuar el mismo trayecto de siempre, nos asumimos como verdaderos servidores públicos que llegamos a transformar no solo la SAE, sino a cambiar materialmente las condiciones de los más vulnerables”, agregó Rojas antes de partir a la entrega de otro pedazo de tierra a una corporación de cineastas de la ciudad donde se formarán las juventudes de una Medellín que espera dejar atrás un legado narco, transformando también las memorias y la cultura.
