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Página/12 en Perú
Desde Lima
La abogada y académica Julissa Mantilla fue en 2022 la primera mujer peruana en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que fue comisionada entre 2019 y 2023. Dejó el cargo el 31 de diciembre. Su candidatura a la reelección fue retirada por el gobierno de Dina Boluarte. Nadie le dio una explicación de esa decisión, que califica de “insólita”. Página/12 consultó a la Cancillería peruana pero no hubo respuesta.
El gobierno le cortó a Mantilla el camino para seguir en la CIDH días después de conocer el informe final de ese organismo en el que se denuncian graves violaciones a los derechos humanos en la represión a las protestas sociales que dejó 49 muertos y un centenar de heridos por disparos de las fuerzas de seguridad. La excomisionada de la CIDH dialogó con Página/12.
La opinión de la comisionada sobre Milei
Mantilla fue relatora de la CIDH para Argentina. Expresa su preocupación por el gobierno de Javier Milei. “En la Ley Ómnibus de Milei -señala- aparte de las medidas económicas, se elimina todo lo que es identidad de género, orientación sexual. Me preocupan los retrocesos que pueden darse en la ley de interrupción del embarazo. Pero confío en la sociedad argentina para evitar ese retroceso. Es muy preocupante la limitación al derecho a la protesta. Milei es una amenaza autoritaria”.
La excomisionada de la CIDH se refiere a su experiencia como relatora para Argentina. “Trabajamos muchísimo en materia de derechos humanos, teníamos mucho progresismo, muchos acuerdos, muchas soluciones amistosas, trabajamos el tema de la memoria, de la ex ESMA como Lugar de la Memoria. Ahora eso está en riesgo”.
Mantilla se enteró que su candidatura a la reelección en la CIDH fue retirada por el gobierno mediante mensajes de colegas en sus redes sociales. Fue cuando salía de una reunión de trabajo con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Nadie del gobierno le informó de esa decisión. Llamó para preguntar que había ocurrido, pero no obtuvo respuesta. “Nadie dio la cara”, dice.
Un giro extraño
“Mientras estaba en la Comisión no podía hablar, por mi decisión de no poner en riesgo a la institución de la cual era comisionada, pero ahora ya lo puedo hacer. Embajadores y gente de la Comisión me dijeron que era la primera vez que un Estado retiraba una candidatura, sabiendo que iba a ganar. Es insólito. Más allá de mi caso, es perder una posición en un organismo internacional. La entonces canciller Ana Gervasi y el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, apoyaron mi candidatura hasta unos días antes de que la retiren sin decirme nada. No han dado ninguna explicación”, revela
Cinco días antes que el gobierno retire su candidatura, la CIDH aprobó el informe en el que denuncia “presuntas masacres y ejecuciones extrajudiciales” en la represión a las protestas que demandaban la renuncia de la presidenta Boluarte, y exige una investigación. Un año después de esos hechos, las investigaciones por esas muertes avanzan lentamente en una escenario oficial que apunta a buscar impunidad.
Ante la consulta de si el retiro de su candidatura fue una represalia del gobierno por el informe crítico de la CIDH, la doctora Mantilla dice: “No quiero afirmar algo que no puedo probar. Pero dos más dos es cuatro, ahí están las fechas”. Hace una pausa y continúa: “Diversos sectores me acusaron de no defender al Estado peruano en la CIDH. Un comisionado de la CIDH no es un embajador de su país que debe defenderlo, somos expertos en derechos humanos que tenemos que tener una posición imparcial. Yo no participé en la elaboración de ese informe porque por reglamento no puedo intervenir en temas de mi país y jamás lo hice. Cuando estaba en la CIDH nunca hablé de este tema, ahora que lo puedo hacer digo que respaldo al mil por ciento ese informe. El uso de la fuerza tiene límites, tiene que ser proporcional, se disparó contra la gente, eso se tiene que investigar. No veo una voluntad del Estado peruano para esclarecer esos hechos”.
La liberación de Fujimori
Sobre la liberación del exdictador Alberto Fujimori con un indulto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado es ilegal, Mantilla señala que “desacatar una orden de la Corte convierte al Perú en un paria internacional. Se justifica la liberación de Fujimori diciendo que no se puede ir contra la norma interna, pero no es así. Un Estado se somete por su propia decisión al sistema interamericano y debe seguir sus normas”.
La derecha que controla el Congreso maniobra para que Perú se retire de la CIDH y de la Corte IDH. Se pretende no responder por violaciones a los derechos humanos, el ilegal indulto a Fujimori y las acciones para copar los organismos de justicia y electorales. Incluso se ha presentado un proyecto en el Congreso para crear una comisión para hacer reformas al sistema interamericano de derechos humanos y dar un plazo de 180 días para que esas reformas sean incorporadas, y de no ser así, retirarse.
“Ese proyecto del Congreso -comenta Mantilla- está muy mal escrito en la redacción, pero también jurídicamente. Un Estado puede proponer reformas al sistema interamericano, pero no puede imponerlas dando plazos perentorios para que se apliquen. En el gobierno hay silencio sobre esta propuesta del Congreso; un silencio que resuena, que avala esta iniciativa. La propuesta de crear esta comisión es una excusa para salirse. Un Estado puede denunciar la Convención de Derechos Humanos y retirarse, pero ese proceso demora un año. Los hechos cometidos antes de la salida del Estado se siguen analizando, las obligaciones de reparación siguen vigentes. Aunque el Perú se salga de la CIDH el gobierno no se va a librar de que se vean los casos de las muertes en la represión a las protestas sociales”.
Los derechos de la mujer
La defensa de los derechos de las mujeres es central en el trabajo jurídico y académico de Julissa Mantilla. Denuncia que en la región hay “un retroceso gravísimo en los derechos de las mujeres”. Indica que en todos los países de la región “hay serios problemas en materia de feminicidio”. “La respuesta de los Estados -afirma- es solamente encarcelar a los responsables, cuando tiene que haber políticas públicas y funcionarios públicos capacitados en enfoque de género”.
Señala a El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana como los países de la región “más atrasados en la despenalización del aborto, tienen prohibiciones absolutas, es terrible”. En el otro lado, menciona a la Argentina, Colombia y México, como “los países más progresistas en el tema del aborto”. Critica que en Perú solo se permita el aborto si la vida de la madre está en riesgo. Se penaliza incluso en casos de violación. “Todos los días vemos niñas violadas que quedan embarazadas y tienen que pasar por un vía crucis para que le apliquen el aborto terapéutico”.
Mantilla lanza una advertencia: “Es preocupante cuando en la región se sacrifican derechos humanos por seguridad. Es el modelo Bukele. Adoptar ese modelo es el principio del fin”.
