Desde Santa Fe.
El destape de "Corral papers", como se llama a una red punteros de Cambiemos financiada con fondos públicos por el intendente macrista José Corral, derivó esta semana en una segunda denuncia ante la justicia, que presentó el mismo consorcio de periodistas que hizo la investigación. El escrito ante el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), patrocinado por el abogado Domingo Rondina es un retruque al propio Corral, quien descalificó a los autores del informe con un "lenguaje" que los gremios de prensa llamaron "macartista", los acusó de montar una supuesta "campaña negativa" y hasta les atribuyó las pintadas que aparecieron en el microcentro de la ciudad con el mismo diseño gráfico de "Corral papers". Los periodistas le devolvieron las sospechas, deslindaron su "total y absoluta responsabilidad" en los graffitis y pidieron al fiscal que investigue el archivo de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona ‑en el Centro de Monitoreo de la propia Municipalidad de Santa Fe‑ e identifique a "quiénes realizaron esas pintadas".
La primera denuncia contra Corral la presentó el concejal del PJ, Juan Cesoni, a principio de octubre, apenas se publicó el informe sobre los manejos en el Programa de Iniciativas Comunitarias, que es el que está bajo la lupa. Cesoni pidió que se investigue al intendente y a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de Gobierno, María Martín por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario" y a los punteros del macrismo, que son a la vez empleados municipales y beneficiarios del programa, por presuntas "incompatibilidades". Y solicitó el "aseguramiento de pruebas". "La justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos", advirtió.
A la semana, el fiscal Roberto Apullán ordenó un allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe, que fue el primero en democracia. Así que durante seis horas, más de veinte efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) revisaron computadoras y documentación en las oficinas de Medrano y de la secretaria de Hacienda María Belén Etchevarría, en el primer piso y se llevaron soportes informáticos y una cantidad de cajas como para completar la carga de una camioneta.
A partir de allí, Corral comenzó un raid mediático contra sus denunciantes, que generó la réplica de los gremios de prensa. "En lugar de desmentir los hechos, el intendente atacó y descalificó" a los periodistas que lo investigaron, a quienes llamó "difamadores" y "operadores", en "un lenguaje macartista que deslegitima a los trabajadores de prensa por tener un pensamiento diferente al suyo", denunciaron la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación, la Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario.
No conforme con eso, el intendente atribuyó al consorcio de periodistas las pintadas que aparecieron en el microcentro de Santa Fe con un diseño gráfico similar al de "Corral papers". Los colegas desmintieron la acusación, deslindaron su "total y absoluta responsabilidad" en el hecho y se presentaron ante el fiscal de turno ‑con el patrocinio del doctor Rondina‑ para que investigue el archivo de imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y pueda identificar "a los verdaderos autores" de los graffitis.
La última imputación del intendente a los periodistas es que tampoco lo habían consultado "antes de publicar la investigación" de "Corral papers". "Esa es una regla básica de buen periodismo", dijo y reprochó la supuesta "mala fe" de los colegas. Lo volvieron a desmentir, y con una prueba irrebatible: la nota del pedido de entrevista que presentaron siete horas antes de la publicación del informe, con once firmas. "El trámite pasó por la Secretaría Legal y Técnica, por la Secretaría de Gobierno y finalmente por la Secretaría de Comunicación. Y nunca hubo respuesta", recordó el colega Nicolás Lovaisa.
