La muerte de una persona con cáncer, trabajador de Celulosa Argentina SA, activó en la Legislatura un pedido de informe al Ejecutivo provincial sobre enfermedades de origen laboral en esa fábrica de papel de Capitán Bermúdez donde se ocupan unos 600 empleados. La sospecha latente que motivó al diputado Carlos Del Frade a poner el tema en agenda parlamentaria es que la compañía, ahora propiedad del grupo foresto industrial Tapebicuá, utilice el asbesto en su proceso industrial a pesar de que dicho aislante térmico está prohibido desde hace 24 años por su potencial cancerígeno. Abonan el pedido de informe los antecedentes que en los '80 y '90 llevó al Sindicato Químico Papeleros de Capitán Bermúdez a denunciar a la empresa como origen de varios casos de trabajadores que desarrollaron variantes de cáncer atribuidos al asbesto.

El diputado del Frente Amplio por la Soberanía ingresará esta semana a la Cámara la pregunta al gobierno de Maximiliano Pullaro si le consta "registros sobre enfermedades o muertes laborales notificadas en la empresa Celulosa Argentina, posiblemente como consecuencia de la exposición al asbesto o amianto; si todo el personal de la planta se encuentra debidamente informado de este potencial peligro; si la respectiva ART advirtió sobre este problema o si lo hizo el departamento médico interno; si se han tomado las necesarias medidas de parte de la firma y si las distintas agencias estatales de la provincia tienen inspecciones recientes sobre el medio ambiente laboral y productivo de la citada industria en los últimos cinco años".

El detonante fue la muerte de un operario, el sábado 20, como consecuencia de un cáncer del tipo mesotelioma, propio de la exposición a ese material. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo. Aunque aquí está prohibido desde el año 2000, este mineral fibroso permanece en muchas formas, la más común, como aislante térmico industrial, y como componente del fibrocemento del que están hechos tanques de agua, tuberías y chapas de techo en galerías y galpones, dada su resistencia al fuego, al calor y a la corrosión.

Pero está comprobado su potencial cancerígeno. Para moderar el alarma, vale decir que la convivencia con materiales de fibrocemento no implica un riesgo. Sí, en cambio, al serruchar, perforar o romper ese material, porque entonces se liberan micropartículas de asbesto que pueden ser inhaladas y generar tumores, según explica el Ministerio de Salud de la Nación en su sitio web.

El médico laboralista Jorge Kohen, que dirigió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo entre 2012 y 2013, recordó ante la consulta de este diario un grave precedente de Celulosa Argentina con la presencia de asbesto en su planta bermudense.

"Esto que pregunta Del Frade no es nuevo. En los '80 y '90 el Sindicato Químico ya había denunciado casos de cáncer de pulmón y pleura en trabajadores de Celulosa. En esa época hicimos un relevamiento con la cátedra Medicina y Sociedad, de la Facultad de Ciencias Médicas y comprobamos esos casos. Actualmente todavía hay muchas empresas que tienen asbesto en sus sistemas de refrigeración y de aislamiento. Está prohibido y es necesario sustituirlo bajo las condiciones que establece la ley", dijo Kohen.

Del Frade en su pedido de informe pasa revista al poderío económico de la compañía foresto industrial, como para demostrar que tiene capacidad para sanear sus procesos y desterrar sospechas de poseer asbesto en su planta. "Se ubicó en el puesto 320 en el año 2022, con una facturación anual de 25.877 millones de pesos, ganancias por 1.245 millones, un patrimonio neto de 4.560 millones y un activo total de 36.021 millones", descifró el diputado. 

Celulosa era hasta 2017 propiedad del grupo papelero uruguayo Fanapel, pero el pool Tapebicuá lo compró y, por lo tanto, tomó a su cargo la planta de Capitán Bermúdez. El 80% de sus acciones pertenece al banco Credit Suisse y al fondo con sede en Estados Unidos HBK Investment. El 20% restante es del estadounidense Douglas Albrecht (Patagonia Bioenergía, Farmacity), con sus socios argentinos Daniel Maradei, Juan Collado y José Urtubey, hermano del Juan Manuel, ex gobernador salteño.

Para Del Frade la empresa tiene con qué hacer las inversiones necesarias. Crédito: Sebastián Vargas

"La empresa, por lo tanto, –concluyó Del Frade– se encuentra en una situación favorable para generar las necesarias inversiones a favor del mejor medio ambiente laboral posible y garantizar las condiciones en higiene y seguridad para los casi 600 trabajadores que generan tanta riqueza al grupo desde Capitán Bermúdez". 

El legislador aseguró que "comenzaron a surgir casos de enfermedades laborales tales como el llamado mesotelioma, una variedad de tumor que afecta la pleura y que, lamentablemente, produjo la muerte de un obrero históricamente relacionado con Celulosa".

"Es fundamental –agregó– saber si las personas que trabajan en Celulosa Argentina se encuentran expuestas a las posibles consecuencias del asbesto y que, en caso de ser así, que la empresa haga las inversiones necesarias para garantizar la salud de todas y cada una de estas personas que hacen posible el desarrollo de la firma".

Un viejo problema

El médico Jorge Kohen, que trabajó mucho en el tema, observó que los controles "desde 2015 en adelante se han relajado y reducido en el país, en la provincia, por una política de la SRT que, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri echó a todos los inspectores que yo había nombrado yo como gerente".

Kohen intervino en un renombrado caso contra la petrolera Shell, que en el sur registró la muerte de tres operarios por exposición al asbesto, y otros 36 con lesiones pre cancerosas. Le hizo dar de baja al autoseguro y clausuró las calderas de esa compañía en el sur.

"Luego vino la lucha de los trabajadores de subterráneos en Buenos Aires, porque Macri importó vagones de España que ya estaban descartados, justamente por el asbesto", marcó Kohen. 

"El Ministerio de Trabajo provincial debería haber intervenido y tomado cartas en el asunto, porque es el poder de policía, la autoridad de aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad", afirmó el especialista.

Rosario/12 quiso consultar en el gobierno provincial sobre este asunto. No hubo respuesta.