El gobierno de Salta informó que equipos territoriales de la Secretaría de Asuntos Indígenas abocados al proceso de regularización de tierras de los ex lotes fiscales 55 y 14 realizaron la semana última una serie de actividades en el municipio de Santa Victoria Este, en el marco de la Mesa de Gestión que se formó en la zona para llevar adelante las múltiples acciones de cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según se indicó, estas acciones forman parte de la agenda de trabajo establecida con las organizaciones campesinas y originarias que conforman la Mesa, y son parte del cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH en el Caso Asociación Indígena Lhaka Honhat vs Estado Argentino. En febrero de 2020 este tribunal ordenó al Estado argentino, y salteño, entregar un título único de propiedad comunitaria a las comunidades integrantes de esta organización, y también ordenó una serie de acciones de remediación y reparación del daño provocado a estos pueblos con el desconocimiento de sus derechos.
El cumplimiento de la sentencia está en la órbita de la Unidad Ejecutora Provincial, que dirige el comisionado Provincial, el ministro de Infraestructura y Coordinador Ministerial de la provincia, Sergio Camacho. La provincia añadió que estas actividades también "se encuentran en línea con la directiva del ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, de brindar continuidad a las acciones territoriales que permitan el reconocimiento de derechos de pobladores del Chaco salteño".
Concretamente, trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas se reunieron en Santa Victoria Este con el equipo territorial del INTA para analizar la ejecución del Programa Agro XXI, destinado a mejoras para sistemas productivos indígenas y criollos. La provincia indicó que este programa permitió proveer con anterioridad rollos de alambres para los predios productivos de familias criollas y sistemas de riego para comunidades indígenas de la zona norte.
En el territorio de uso ancestral indígena, de 643 mil hectáreas, hay habitantes criollos. La Corte IDH también dispuso que las familias criollas reciban títulos de propiedad y para ello se destinaron 243 mil hectáreas, tal como habían acordado antes habitantes indígenas y criollos. Pero para poder cumplir con la orden de entregar 400 mil hectáreas indivisas en un título único a las comunidades indígenas, muchas familias criollas tienen que ser reubicadas, y para eso necesitan de la ayuda del Estado para contar con la provisión de agua y la infraestructura para mantener sus animales, entre otras obras.
La provincia añadió que la semana pasada, además, se monitoreó y acompañó la descarga en los centros de acopios de los materiales de AGRO XXI, en la sede de la Organización de Familias Campesinas en Santa Victoria Este, y se mantuvieron reuniones con organizaciones criollas para tratar avances referidos a demarcaciones de parcelas en zonas establecidas mediante acuerdos legales.
Por otro lado, en la localidad de Alto La Sierra, se realizó una capacitación sobre el uso de programa de geo-relevamiento, destinado a las familias criollas que deben realizar sus parcelas productivas en el interior de sus predios. Mientras que junto a dirigentes indígenas de la zona se acordó una agenda de actividades para los próximos días; se realizó un relevamiento de familias criollas en la zona de La Esperanza y en la oficina de Santa Victoria Este se brindó atención y se recibió documentación.
Los agentes de la Secretaría también se reunieron con la coordinación de Lhaka Honhat, a cargo de Cristina Pérez, y con representantes criollos para analizar las posibilidades de trabajo en el corredor territorial en la zona sur de las comunidades. Además se hicieron caminatas de reconocimiento de territorio y reuniones con familias en la zona del paraje Las Malvinas. Y por otro lado, el equipo finalizó el relevamiento y la demarcación de un puesto en la zona del paraje de San Bernardo
La Mesa de Gestión de Santa Victoria Este realiza reuniones mensuales en las que las partes que la integran, informan, debaten, consensúan todo lo referido al proceso de regularización de tierras que conduce al ordenamiento territorial para la demarcación de las 400 mil hectáreas que les corresponden a las comunidades indígenas y las 243 mil hectáreas para las familias criollas.
