Cientos de personas se manifestaron en las calles de Ciudad de México por la liberación de ocho militares, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, un caso emblemático que sigue conmocionando al país casi diez años después.
Los manifestantes criticaron que los ocho militares salieran de prisión esta semana por orden de una jueza, que les concedió seguir su proceso penal en libertad.
"Nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir por el amor que le tenemos a nuestros hijos. Vamos a seguir hasta llegar a la verdad y que esos que participaron que paguen porque no se vale que estos militares que estaban detenidos ya sean liberados", dijo María Concepción Tlatempa, madre de uno de los muchachos desaparecidos.
Los manifestantes protestaron por la céntrica avenida Paseo de la Reforma llevando banderas mexicanas y pancartas con la imagen de los estudiantes mientras gritaban "¡Vivos los queremos!".
"Estamos aquí para decirle a este mal Gobierno que ni siquiera han buscado soluciones para los padres y madres de Ayotzinapa", dijo por su parte Anselma Margarito, una asistente a la protesta.
Militares liberados
Los liberados son los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, que salieron de manera paulatina de la prisión, luego de pagar una fianza de 50.000 pesos mexicanos (unos 3.000 dólares).
El 20 de enero, la magistrada resolvió revocar la prisión preventiva oficiosa contra los militares al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no justificó la medida cautelar.
Los militares salieron de prisión tras pagar una fianza y entregar sus pasaportes, y deben presentarse cada 15 días a firmar ante los juzgados de distrito. La FGR advirtió que impugnará la decisión de liberar a los ocho militares.
El Gobierno federal, por su parte, informó que pedirá a la FGR se otorguen nuevas órdenes de aprehensión contra los militares.
El caso
El 26 de septiembre de 2014, casi un centenar de jóvenes que viajaba en cinco colectivos fue atacado en la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, cuando se disponían a participar en la manifestación anual de conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza Tlatelolco de la capital, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos con integrantes de una banda rival.
La hipótesis oficial fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que considera que no existen evidencias científicas para sostener esa versión.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esa "verdad" al concluir que fue un "crimen de Estado" en el que participaron autoridades de todos los niveles, una conclusión que arrojó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en su informe.