Durante la última semana, el escenario político argentino se ha visto dominado por el debate en torno a la Ley ómnibus propuesta por el gobierno de Javier Milei. El artículo sobre las facultades delegadas, que permite al presidente ejercer funciones legislativas a través de decretos, ha generado intensas discusiones y preocupaciones, especialmente expresadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
En declaraciones realizadas este lunes, Quintela enfatizó que "no pueden delegarse facultades legislativas" al presidente, ya que esto equivaldría a darle "la suma del poder público". Advirtió sobre las posibles consecuencias de otorgar al presidente Milei la capacidad de tomar decisiones legislativas sin el control del Poder Legislativo. Quintela señaló que el presidente optó por un tipo de ajuste ortodoxo, solicitando facultades que, según el gobernador, no deberían delegarse.
El mandatario riojano expresó su preocupación sobre uno de los puntos clave de la ley 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', argumentando que "no se le pueden delegar las facultades del Poder Legislativo al presidente" debido a las dificultades para interpretar sus acciones.
Quintela manifestó su desacuerdo con las políticas implementadas por el presidente Milei, aunque aclaró que no considera ser su enemigo personal, sino de las medidas que afectan a la población. "Hay una falta de experiencia en administrar lo que significa un Poder Ejecutivo Nacional", destacó Quintela, subrayando la importancia de que estos poderes estén al servicio de la sociedad.
El gobernador riojano hizo hincapié en la necesidad de defender los intereses de la mayoría del pueblo argentino, especialmente los sectores vulnerables y la clase media, que según él, son los más afectados por las medidas propuestas. Quintela propuso un enfoque diferente al debate actual, sugiriendo la discusión de un impuesto a la fortuna en lugar de delegar facultades legislativas.
En relación con la situación en La Rioja, Quintela reveló que la obra pública en la provincia se encuentra parada, incluyendo viviendas con un avance significativo. Atribuyó esta paralización a la búsqueda del déficit cero a través de medidas que calificó como "encima con un esquema represivo".
Recurso ante el DNU
Respecto a la demanda de La Rioja contra el DNU de Milei, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema en este caso. La provincia argumenta que el decreto afecta sus actividades productivas y económicas, generando un daño irreparable al orden constitucional nacional.
La Rioja se convierte así en la primera provincia en recurrir a la Corte Suprema por este tema, y otras provincias podrían seguir su ejemplo. Mientras tanto, el 70% del DNU de Milei está judicializado, y la reforma laboral propuesta por este decreto ha sido suspendida por orden de la justicia laboral.
El gobernador Quintela expresó su preocupación por los posibles problemas sociales y políticos que se avecinan. Instó a un diálogo maduro entre los gobernadores y reiteró su compromiso de defender los intereses de la mayoría del pueblo argentino. "Nos están generando serios problemas, y nosotros los tenemos que resolver aquí", concluyó Quintela.