La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que en el territorio bonaerense se encuentran 1.442 embarcaciones en condiciones de ser secuestradas, ya que registran numerosas deudas correspondientes al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación. Los titulares de yates, lanchas, motos acuáticas y veleros a motor, ubicados mayormente en la zona norte del área metropolitana del Gran Buenos Aires, acumulan una deuda que alcanza los 1.500 millones de pesos y deberán regularizar su situación impositiva para evitar el secuestro de los bienes.
La agencia de recaudación bonaerense, a cargo de Cristian Girard, identificó a una serie de contribuyentes vinculados a las embarcaciones que no cumplieron con sus obligaciones tributarias. El director ejecutivo dijo que la medida busca "profundizar los mecanismos de fiscalización", y que su fin es "recuperar impuestos impagos y combatir la evasión en sectores de mayor poder adquisitivo", para aumentar "la equidad tributaria" de la provincia de Buenos Aires.
ARBA cuenta con una base de datos correspondiente a los impuestos predeterminados, que son los de Automotor, Inmobiliario y Embarcaciones Deportivas. En ésta última figuran el nombre del titular, la embarcación y la deuda que acumula, y luego de repasar una por una, el organismo dio con cientos de titulares cuyas embarcaciones están en condiciones de ser retenidas. De ellos, 427 tienen su domicilio en CABA, 44 en Tigre, 43 en San Isidro, 39 en San Fernando, 35 en Zárate, 34 en San Pedro, 33 en Martínez, 32 en Olivos, 32 en La Plata, 27 en Beccar.
ARBA ubica físicamente a los yates, las lanchas, las motos acuáticas y los veleros de los infractores porque los amarres situados en la provincia de Buenos Aires tienen la obligación de declarar qué embarcaciones tienen fondeadas, por lo que actúan como "agentes de información", en términos tributarios. A partir de allí, el organismo a cargo de Girard delinea diferentes operativos que incluyen modalidades satelitales, o uso de drones para identificarlas, y luego los agentes de la agencia van de manera presencial a confirmarlo. Según pudo saber BuenosAires/12, si bien todavía no se realizó ningún operativo de secuestros, "sí se están fiscalizando diversos amarres", y "es inminente" el secuestro de alguna embarcación.
Girard explicó que el organismo que él conduce está "haciendo uso de las facultades legales para proceder, en el marco de su potestad de fiscalización, a la detención y secuestro de embarcaciones que acumulan importantísimas deudas”, aseguró que de esa manera, ARBA suma "una herramienta efectiva para recuperar recursos públicos que la Provincia destina a inversión en rutas, escuelas y hospitales", y subrayó que así "fortalecemos la justicia y equidad tributaria, marcando una clara diferencia entre quienes se esfuerzan por cumplir con sus impuestos y aquellos que, pudiendo pagar, prefieren la especulación y el incumplimiento”.
Qué dice la ley
La resolución normativa Nº19-23 de ARBA atribuye a la agencia la facultad de retener y secuestrar embarcaciones cuya valuación supere los ocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($8.750.000), y que mantengan una deuda equivalente al 10 por ciento o más de su valuación fiscal, o que no haya pagado al menos el 30 por ciento de las cuotas vencidas no prescriptas. También indica que podrán ser retenidas y secuestradas las embarcaciones que no estén registradas ante la agencia de recaudación, y que se encuentren amarradas, fondeadas o guardadas durante un período de seis meses o más en jurisdicción bonaerense.
Las normas fiscales de la provincia de Buenos Aires indican que los titulares de embarcaciones con motor que sean utilizadas para recreación y actividades deportivas, y posean amarre o guardería habitual en clubes náuticos o embarcaderos del territorio bonaerense, tienen la obligación de pagar el tributo correspondiente a ésta jurisdicción, sin importar su lugar de residencia.
Según pudo saber este diario, entre las deudas más resonantes se encuentra un yate valuado en 94 millones de pesos, que está fondeado en el municipio de Tigre y que debe casi 7 millones de pesos en impuestos. Otra embarcación, amarrada en el municipio de San Fernando, está valuada en casi 33 millones de pesos y debe más de 8 millones de pesos al fisco bonaerense.
El procedimiento de retención
Cuando ARBA disponga un operativo en guarderías náuticas, amarraderos o lugares de fondeo, y los equipos de fiscalización lleven adelante su trabajo, los titulares de las embarcaciones tendrán dos oportunidades. Aquellos que hayan regularizado su deuda impositiva podrán acreditarlo, mientras que los titulares de embarcaciones no registradas podrán demostrar que ya fueron inscriptas. Si eso no ocurre, la agencia recaudadora bonaerense retendrá temporalmente la embarcación y la dejará amarrada en el mismo lugar.
Si el titular desea recuperarla, deberá cancelar la totalidad o al menos la mitad de la deuda, siempre y cuando se comprometa, mediante la firma de un acta de compromiso de pago, a abonar el resto en un plazo de 10 días hábiles. Aquellos titulares que no tengan las embarcaciones registradas, deberán inscribirla en jurisdicción bonaerense o cambiar su radicación, para lo cual tendrán un período de diez días hábiles.
Según explicaron desde ARBA, la retención temporal se extenderá por un tiempo determinado y luego quedará sin efecto, ya que si el titular no abona la deuda ni firma el compromiso de pago, o no inscribe la embarcación, ésta finalmente será secuestrada.
Secuestro y aviso a la Justicia
Luego de labrar un acta donde se detallen las acciones realizadas, ARBA llevará a cabo el secuestro de la embarcación, y eso "será comunicado de manera inmediata al juez correccional de turno", según explicaron. El navío en cuestión quedará amarrado bajo custodia, ya que la agencia recaudadora le informará la situación a la Prefectura Naval Argentina, que se encargará de imposibilitar su navegación.
Cuando el titular de la embarcación pague la deuda o registre de manera adecuada la embarcación, recién allí podrá solicitarle al juez el levantamiento de la medida de secuestro. En aquellos casos en que no se regularice la situación fiscal diez días después del secuestro, ARBA "emitirá título ejecutivo e iniciará el juicio de apremio pertinente a través de la Fiscalía de Estado, para garantizar el cobro de la obligación tributaria", ampliaron.
