A medida que culmina el receso escolar de verano, la desregulación económica que se despliega hacia todos los sectores también alcanza al campo educativo. Como novedad para abrir la semana, el gobierno habilitó a escuelas y universidades privadas a fijar el precio de las cuotas mensuales sin límites. De esta manera, estarán en condiciones de realizar los ajustes que crean “convenientes”. Una medida que despierta polémica a casi un mes del inicio de clases ya que muchas familias no podrán afrontar los nuevos gastos en la privada y no tendrán mucha oferta en el ámbito público. A todo ello, debe tenerse en cuenta que desde Casa Rosada anunciaron que el presupuesto para la educación pública, a pesar de la inflación, será el mismo que en 2023.

“En el nivel secundario hay zonas en donde se podrá conseguir alguna vacante, pero no habrá como para absorber una gran demanda que venga del sector privado. Además del aumento de la cuota, hay que tener en cuenta que se trata de familias que sufrieron el ajuste igual que el resto de los trabajadores, la inflación acompañada de la devaluación brutal que afrontaron nuestros salarios”, señala a este diario Guillermo Parodi, secretario adjunto de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Luego continúa con una desagregación de las diferentes situaciones de acuerdo a las condiciones de posibilidad que enfrenta cada sector social. “Hay un sector que está muy acomodado al que estos cambios no le afectan. Sin embargo, el grueso de la clase media deberá migrar hacia la escuela pública. El tema será que en muchos barrios habrá una falta de vacantes muy grande”.

Si se tiene en cuenta lo que sucedió con las empresas de medicina privada, es sencillo adivinar que con las escuelas y universidades podría ocurrir algo parecido. Cuando el Estado no interviene, los importes mensuales se disparan y se limita el acceso. Como explica Parodi, ante la imposibilidad de afrontar gastos cada vez más abultados, muchas familias ya no podrán mandar a sus hijos a colegios privados.

La educación deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio: un mercado más en que los estudiantes y sus familias solo son clientes y los docentes y sus escuelas se limitan a brindar servicios.

Una historia conocida

Aunque el neoliberalismo de esta época se presenta con aires renovados, en verdad, guarda vínculos muy estrechos con tiempos no tan pasados. Daniel Filmus, exministro de Educación, marca un paralelismo con una situación que sucedió hace dos décadas. “Esto es algo que nos tocó afrontar con el gobierno de la Alianza después de la crisis económica que significó la salida de la convertibilidad, cuando estaban liberados los precios de las escuelas privadas y al mismo tiempo no se aumentaba el presupuesto de la educación pública”. Y continúa con la descripción: “Hubo un éxodo enorme de alumnos cuyas familias no pudieron seguir pagando las cuotas de la privada y, al mismo tiempo, una escuela pública que no tenía las condiciones para poder absorberla. En la escuela media, los cursos se superpoblaron, factor que impactó en la calidad educativa”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof resumió las acciones que lleva adelante el gobierno nacional con astucia: "Teóricamente venían a privatizar. Les doy una mala noticia: están estatizando. Están estatizando porque la gente que se cae de la prepaga, ¿a dónde va? Al público. La que no puede pagar la cuota del colegio privado, ¿a dónde va? A la escuela pública".

Pensar en las escuelas privadas es abordar un campo complejo, que también está atravesado por la entrega de subsidios y los criterios con los cuales son adjudicados. “Hay desde empresas educativas, hasta entidades parroquiales o cooperativas. El tema de siempre es que no son claros los criterios con los cuales se otorgan los subsidios que reciben”, detalla Parodi. Después ilustra: “Mientras hay algunas que reciben el 40 por ciento, otras un 100 por ciento. De acuerdo al porcentaje, se establece la cuota que pueden cobrar a las familias. Algunas escuelas que están asentadas en villas y tienen una función social reciben subsidios del 100 por ciento, por lo cual prácticamente no cobran cuota, sino una especie de bono solidario que paga el que puede; y después hay otras que tienen cuotas altísimas. Además, están las que reciben subsidios y, sin embargo, cobran más de lo que deberían”.

Un problema adicional que ubica a las familias como rehenes es que la oferta en instituciones públicas no abunda. En efecto, ante la imposibilidad de pagar las cuotas del privado y la falta de chances para inscribirlos a inicios de febrero --con tan poco tiempo de antelación en las escuelas públicas-- podrían correr el riesgo de perder el año.

Las fuerzas del mercado

La luz verde que dio el gobierno a las instituciones de educación privada, se realizó a través de la derogación de 69 normas que hasta la semana pasada estaban vigentes en diversas áreas. En concreto, para el campo educativo, se eliminó una disposición de 2019, y en efecto los colegios privados ya no deberán comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio. Esta información era clave porque tras su examen se permitían o no los incrementos solicitados.

Liberar “las fuerzas del mercado” no es la salida más conveniente para la población; de hecho, sus efectos ya se observaron de manera contundente en el campo sanitario. Según el informe elaborado por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) y las estimaciones más actualizadas calculadas desde este espacio, en los últimos dos meses los medicamentos incrementaron su precio en un 140 por ciento. Las prepagas, por su parte, escalaron sus cuotas de enero, febrero y marzo, con subas que en total podrían llegar al 80-85 por ciento. De aquí que muchas personas saquen cuentas y proyecten cuánto tiempo más sostendrán el pago de la medicina privada. Una cuenta similar ahora se abre para los colegios de los chicos.

Aunque desde el neoliberalismo hacen gala de su interés por proteger los valores de la educación, en verdad, lo único que hacen es limitar el acceso. La idea vertebradora que empuja el gobierno desde la campaña es que si las instituciones compiten, luchan por mejorar la calidad de los servicios que prestan. En la práctica, lo único que se confirma una y otra vez es que si la educación es un mercado más, las familias se convierten en clientes. El que paga sigue en carrera; el que no puede, queda en el camino.

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