Luego de haber derogado las leyes de Góndolas, de Abastecimiento y de Compre Argentino a través del polémico DNU 70/23, el gobierno de Javier Milei continúa desmantelando el aparato regulatorio estatal. En esta oportunidad, la Secretaría de Comercio dejó sin efecto otras 69 normas con el argumento de que “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”.
El anuncio, efectivizado a través de la resolución 51/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, va en línea con la decisión oficial de dejarles las manos libres a las principales corporaciones del mercado para que tomen las acciones que les sean más convenientes a sus intereses en detrimento del conjunto de la sociedad, justo cuando la fuerte suba del dólar oficial derivó en una ola inédita de remarcaciones de precios que no se registraban desde la hiperinflación de 1990, hace ya más de 30 años. Gran parte de la legislación destinada a fijar precios de referencia y regular condiciones de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios está siendo derogada.
Entre las normas dejadas sin efecto por la resolución 51/24 se encuentra el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SiFIRE), un mecanismo que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos para evitar confusiones en los consumidores ante la existencia de productos casi idénticos, pero que en muchos casos diferían significativamente en sus precios.
También dieron de baja el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior. “Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior”, aseguró a través de un comunicado la Secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne.
También se dispuso derogar normativas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento. Tanto la Ley de Góndolas como la de Abastecimiento fueron derogadas a fines de diciembre por el DNU 70/23 que ha sido cuestionado en la Justicia y podría ser rechazado por el Congreso Nacional. Si finalmente el DNU 70/23 queda sin efecto, las normas que derogó vuelven a tener vigencia, pero al derogar las normas complementarias que aseguraban su cumplimiento, el Gobierno se asegura que no van a ser aplicadas, cualquiera sea la suerte del DNU.
Además, se derogaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023. “Estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”, insistió el gobierno.
Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies. En este caso, se lo justificó diciendo que se apunta a “que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”.
No obstante, la medida no forma parte de ningún tipo de trabajo coordinado con las jurisdicciones provinciales para promover ese “federalismo real” que se proclama. No se viene trabajando con los gobernadores para que sean las jurisdicciones subnacionales las que tomen la posta y le den continuidad a esa política pública. Simplemente, se desmanteló el programa y, al menos en el corto plazo, lo que terminará ocurriendo es que esos productos regionales no tendrán garantizado el acceso a los grandes supermercados.
Como parte de las “políticas de simplificación” impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron también normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidades vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.
“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria” dijo Lavigne, quien anticipó que estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas.
