El juez Pablo Mariño revocó parcialmente el arresto domiciliario concedido a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y a otras cuatro personas vinculadas con la investigación de hechos de corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas, la Unidad Carcelaria N° 1.
El Ministerio Público Fiscal informó que la medida, que fue notificada ayer a la fiscal de Impugnación en feria, Karina Holmquist Moreira, comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, entre los cuales hay tres jefes. Además, está la madre de un interno, de quien se presume que desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Y hay otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación.
Por otro lado, el juez decidió que otras cuatro mujeres imputadas en la causa permanezcan bajo arresto domiciliario.
Asimismo, en su resolución el magistrado recomendó que, dado que la prisión preventiva afecta a personal penitenciario que estaba encargado de la custodia de internos en el penal de Villa Las Rosas, el tribunal de origen tome las medidas con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la integridad física de los detenidos. Sugirió en este sentido que sean reubicados en una dependencia donde no tengan contacto con otros internos ni con sus colegas de trabajo. En caso de no ser posible, recomendó su alojamiento en alguna dependencia bajo la jurisdicción del gobierno federal. Asimismo, instó a aplicar estas mismas precauciones para los acusados civiles.
La decisión del juez Mariño se tomó tomó en respuesta a un recurso de apelación presentado por parte de la Unidad Fiscal a cargo de este caso, conformada por el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, junto a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal Santiago López Soto.
Este recurso fue reiterado. La Unidad Fiscal planteó que el arresto domiciliario representaba un riesgo potencial de entorpecimiento durante la fase inicial de la investigación, incluso antes de obtener las declaraciones de posibles testigos. En ese sentido la fisclaía aseguró que se busca garantizar que las declaraciones se realicen sin temores ni presiones, preservando la integridad del testimonio y contribuyendo a una resolución justa de la investigación.
La semana pasada la Unidad Fiscal interpuso un recurso de apelación contra decisiones del juez de Garantías Diego Rodríguez Pipíno, que dispuso el beneficio de los arrestos domiciliarias. Esa reiteración se hizo luego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibiera una denuncia por amenazas, realizada por una persona vinculada a esta causa.
A principios de diciembre del año pasado fueron detenidas 16 personas, entre ellas siete funcionarios del Servicio Penitenciario; además de siete mujeres y otros dos hombres.
Estas detenciones se concretaron en el marco de una investigación por denuncias a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos a personas detenidas, incluso drogas.
En el marco de la investigación se realizaron 37 allanamientos en distintos lugares de la capital salteña, incluso en la sede del Servicio Penitenciario.
