El gobierno español de Mariano Rajoy aprobó ayer las medidas que se aplicarán sobre Cataluña para tratar de frenar el desafío independentista impulsado por el Ejecutivo de la región en el marco de un mecanismo hasta ahora nunca utilizado en España: el artículo 155 de la Constitución.
Éste ofrece básicamente la posibilidad de que el Gobierno español actúe sobre una región para que cumpla sus obligaciones, algo que Cataluña dejó de hacer al celebrar el 1 de octubre un referéndum soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
Las condiciones e implicaciones concretas del artículo dejan un amplio margen de acción: el texto constitucional indica simplemente que el Gobierno puede “adoptar las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y a la protección del interés general.
El artículo estipula que el Gobierno debe especificar qué medidas concretas quiere tomar y someterlas a aprobación en el Senado (Cámara alta), donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta.
El jefe del Gobierno español reunió ayer un consejo de ministros extraordinario para dar luz verde a las medidas que previamente había consensuado con la formación más importante de la oposición, el Partido Socialista (PSOE), y con el liberal Ciudadanos.
En una rueda de prensa posterior, Rajoy anunció su intención de destituir a todo el Gobierno catalán, incluido su presidente, Carles Puigdemont, con la intención de convocar en un plazo de seis meses elecciones en la región española. “Aplicamos el artículo 155 porque ningún Gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole y cambie la ley, y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás”, dijo Rajoy.
El rey español Felipe VI dio un espaldarazo al Gobierno central este viernes al asegurar que España “resolverá” el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña “por medio de sus legítimas instituciones democráticas” y “dentro del respeto” a la Constitución.
