El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió un duro revés este martes en el Congreso con el rechazo de la ley de amnistía para los independentistas catalanes, un golpe que evidenció la fragilidad de sus apoyos apenas dos meses después de haber sido reelegido. Hasta la semana pasada se preveía que la votación sería un trámite sencillo que una vez aprobado, concluiría con el retiro de los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas implicados en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
El radical cambio en el panorama parlamentario sobrevino luego de las dos nuevas denuncias que refuerzan el cerco sobre el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo y por atentar contra intereses vitales de España, dos delitos que están ahora fuera de la amnistía. Paradójicamente, la derrota se debió al voto en contra del partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) de Puigdemont, que consideró que la medida no blindaba a los separatistas ante todos los delitos que se les podrían imputar.
No se trata del final de la ley de amnistía, que volverá a una comisión parlamentaria donde puede ser modificada para un posterior nuevo voto. Los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de un mes para introducir modificaciones en la proposición, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja. Pero el tropiezo dejó clara la fragilidad en el Parlamento de los apoyos al socialista Sánchez, que permitieron su reelección en el cargo a mediados de noviembre.
Una amnistía que "no deje a nadie atrás"
"La humillación es constante. Cada votación es un calvario" para Sánchez, fustigó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP), primer partido de la oposición. Junts, un aliado muy imprevisible, exigía a los socialistas que votaran a favor de unas enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones recientes de dos jueces que podrían impedir que la amnistía incluya a Puigdemont. Ante la negativa de los socialistas, los siete diputados de Junts votaron en contra del proyecto de ley, que recibió 171 apoyos y 179 rechazos.
La ley tiene que garantizar que sea una "amnistía integral" que "no deje a nadie atrás", advirtió antes de la votación desde la tribuna Míriam Nogueras, diputada de Junts. Es "incomprensible que Junts haya votado en contra", al igual que la derecha y la extrema derecha, quienes "quieren encarcelarlos e ilegalizarlos", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien pidió al partido independentista "que reconsidere su posición".
El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, lamentó que la ley de amnistía no haya sido aprobada por el Congreso y tenga que volver a la Comisión para ser negociada. En su opinión era "buena", "robusta" y daba cobertura y garantía jurídica a los encausados por el proceso. "No es la ley que habría hecho ERC pero es una buena ley en el contexto en el que estamos y servía para garantizar el fin de la injusticia para centenares de personas en Catalunya que son inocentes", sostuvo Junqueras, al mando del otro partido catalán.
Esta amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez para ser reelegido. De ser aprobada, la medida haría que los tribunales retiren los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Los obstáculos
En primer lugar la ley beneficiaría a Puigdemont --presidente regional catalán en el momento de los hechos-- permitiéndole volver a España luego de seis años en Bélgica eludiendo a la justicia española. Sin embargo Junts mostró dudas después de que dos jueces pidieran el lunes extender la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestos contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por "traición", un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía. El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de cárcel impuestas a dirigentes independentistas que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.
En este caso el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de "terrorismo" al dirigir esta organización en la sombra. Los socialistas ya se habían visto obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo.
De todas maneras, aunque la ley de amnistía fuera aprobada por el Congreso en una fecha futura, será apenas el primer obstáculo superado. El PP prometió hacer todo lo posible para demorar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. Para eso ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva. El gobierno "ha cambiado impunidad por poder" y representa "la peor versión de la política", disparó el domingo Núñez Feijóo en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía, a la que acudieron 45 mil personas.
