La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación por la situación de las bibliotecas populares en caso de aprobarse la ley ómnibus que "podría perjudicar gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad" de estas entidades y por la eliminación del Fondo Especial que obtienen por ley.
"Las bibliotecas populares son pilares fundamentales en nuestras comunidades, desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación", indicó el organismo a través de un comunicado.
En medio del empuje del Gobierno Nacional por promover una política de desregulación en el área cultural, la asociación señaló la "importancia crítica" de las bibliotecas populares, para las comunidades más pequeñas que dependientes de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen.
"Las propuestas de modificaciones a la ley, en su forma actual, plantean preocupaciones significativas que podrían perjudicar gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad de estas bibliotecas, en particular, las que carecen de ingresos fijos", explicaron.
Más que depósitos de libros
En su mensaje, ADPRA remarcó que es crucial "preservar y fortalecer estas instituciones, que no solo fomentan la lectura, sino que también actúan como lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y participación ciudadana".
"Estos espacios no solo son depósitos de libros, sino también catalizadores de participación activa en la vida social de nuestras localidades", destacaron.
Por esta razón instaron a las autoridades a "mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones".
Asimismo, aseguraron que continuarán trabajando en colaboración con estas entidades para garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el territorio argentino, ya que "en muchas localidades, son los únicos espacios donde realmente se rompe la brecha digital, siendo las bibliotecas las únicas en contar con internet de calidad para uso de la comunidad".
El boleto caro de la ley ómnibus
El proyecto del gobierno de Javier Milei propone reemplazar algunos cuantos artículos de la ley 23.351 --que establece la creación de un Fondo Especial para bibliotecas-- y busca que estos espacios pasen a ser clasificados de acuerdo a la cantidad de obras de que dispongan y su movimiento diario, además de las actividades culturales que desarrollen.
Por otro lado, las entidades serían dependientes de los subsidios que el Congreso les otorgue y para su obtención, tendrán que acreditar "la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular", "las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas" y "el mayor esfuerzo" llevado adelante en la prestación de servicios.
De ser aprobado el proyecto, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y solo el primero sería remunerado por sus tareas.
Actualmente, más de 1500 bibliotecas populares funcionan gracias al Fondo Especial --reconocido por la Ley 23.351 a través de la cual se financia la Conabip--, compuesto por el 5% de la recaudación del gravamen del impuesto de emergencia a los premios pagados en juegos de azar y que representa más del 50% del presupuesto de esta entidad, creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870.
