Representantes de cuatro comunidades wichí y una toba llegaron caminando desde Tartagal a la ciudad de Salta con una serie de reclamos al gobierno de la provincia, entre éstos la incorporación al ex lote fiscal 4 cedido ya en el año 2000 a otras 19 comunidades. También piden la construcción de un colegio secundario y sostienen otras demandas en materia de salud, viviendas y acceso al agua.
Las comunidades que mantienen estos reclamos son Lapacho 3, Sarmiento, Lucero, Comlaje, de la ruta provincial 86, de Tartagal, y Misión La Loma, de Aguaray. Sus representantes junto a otros integrantes, comenzaron una caminata el viernes último, llegaron recién el lunes a la capital salteña y ahora se encuentran en la sede del Instituto Provincial de Asuntos Indígenas (IPPIS). Algunas organizaciones sociales les acercaron agua, mercadería y comida, que juntaron tras pedir colaboraciones para que puedan mantenerse estos días.
"Estamos reclamando por el tema del ex lote fiscal 4. Es para que nos incorporen", dijo a Salta/12 Mónica Pérez, representante de la comisión directiva de la comunidad Lapacho 3. Contó que hace más de 23 años sostienen este pedido.
El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Francisco Ariel Sánchez, dijo a Salta/12 que el lunes junto al subsecretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras, recibieron a representantes de las cinco comunidades que piden la incorporación al ex lote fiscal 4, sin embargo, sostuvo que esas tierras ya no pertenecen a la provincia porque se adjudicaron mediante decreto en el año 2000, como resultado de una mesa de diálogo de ese momento, a 19 comunidades de la ruta 86.
"Se les explicó cuál es el estatus jurídico de esa propiedad comunitaria y que la provincia ya no es titular registral, sino estas 19 comunidades. De manera que no puede avanzar la provincia sobre algo que no le pertenece", explicó Sánchez.
El ex lote fiscal 4, hoy matrícula catastral 17.452, tiene una extensión de 13.413 hectáreas y se ubica a 30 Kilómetros al noreste de la ciudad de Tartagal, fue adjudicado en el 2000 a través de los decretos 1326/00 y 2992/00 del gobierno de Salta, como propiedad comunitaria a 19 comunidades indígenas pertenecientes a los Pueblos Wichí, Toba, Chorote y Chulupí del departamento San Martín.
Lo integran El Paraíso, Pacará, Tonono, Toba I, Curva del Talar, Km 16, Km 4, Monteveo, La Mora, Lapacho I, Lapacho II, Sacha Pera I, Sacha Pera II, Km 6, Km 18, Pablo Secretario, Misión Chorote, El Cruce y Cacique Cambaí.
Sánchez recordó que la adjudicación se hizo en el marco de una mesa de diálogo entre el gobierno y "las comunidades que habitaban y existían en ese momento en la ruta 86" y que habían reclamado las tierras. Indicó que ahora las 19 comunidades conformaron un consorcio de administración para gestionar lo que atañe a las tierras y proyectos y son quienes podrían decidir o no nuevas incorporaciones.
El funcionario dijo que las 5 comunidades que ahora reclaman la incorporación "registraron su personería" en los años 2004, 2008, 2012 y 2016, de manera posterior a los decretos de adjudicación. "En la reunión de ayer nos pidieron a nosotros que seamos un nexo para que se vuelva a generar una mesa de diálogo con los titulares registrales porque la realidad es que ellos viven cerca de este lote fiscal 4 y posiblemente sea para ellos una buena idea poder participar de los proyectos que se puedan dar pero es una cuestión que tienen que decidir los titulares registrales, los dueños", afirmó.
"Queremos esa parte de tierra, para que vayan a sembrar, a trabajar los jóvenes. Hay muchos jóvenes sin trabajo, necesitamos que tengan un trabajo para que puedan alimentar a su familia", dijo por su parte Pérez.
Las cinco comunidades también tienen otros reclamos, Sánchez dijo que en la reunión del lunes le demandaron la gestión de audiencias con las diferentes áreas de los ministerios de salud, educación y vivienda. Aseguró que ya se ocuparon de este tema.
Reclaman un colegio secundario
Pérez explicó que están requiriendo que se construya un edificio para el colegio secundario en Lapacho 3. Indicó que hay 450 estudiantes de este nivel que asisten a clases en dos escuelas primarias que se ubican en las comunidades La Mora y Lapacho 2, donde les prestan un aula pero no caben todos y terminan tomando clases afuera y en el suelo.
"Queremos el edificio de la secundaria urgente porque los chicos no están en un techo, están afuera nomás. A veces tienen que sentarse en el piso porque no hay ni silla", manifestó Pérez. "Ahora vienen las clases, los chicos tienen que volver, sufriendo el calor y la lluvia", expresó.
Pérez pidió que el Ministerio de Educación, cuya titular es Cristina Fiore, se acerque al IPPIS a dialogar con los y las representantes de las cinco comunidades indígenas, "Queremos que bajen para acá. No podemos caminar porque nos salieron ampollas en los pies", manifestó.
Además, Pérez recalcó que el vocal wichí del IPPIS, José Rodríguez, "está ausente". "No tenemos movilidad ni nada ahora", sostuvo.
Recursos para una salita
"En la comunidad Sarmiento hay una salita que era un mini hospital, nos sacaron todas las cosas, ya hace más de tres años. Venimos reclamando eso, porque en el hospital de Tartagal no tienen la atención de los pueblos originarios, nos hacen una discriminación, si un paciente está grave no lo quieren mandar a Salta, tenemos que hacer una protesta para que manden a esa persona", afirmó Pérez.
"No entendemos por qué nos sacaron el mini hospital, teníamos dos ambulancias, nos las llevaron y no sabemos dónde están ahora. La salita tiene dos médicos, pero no atienden las 24 horas, entran en la mañana y salen a las 16. Estamos pidiendo médicos las 24 horas. Hay pocos medicamentos, los médicos tienen que hacer un pedido, tienen que comprarlos los propios pacientes", dijo además la referenta wichí.
Viviendas adeudadas
Por otro lado, Pérez explicó que el gobierno provincial se comprometió a entregar a cada una de las 5 comunidades tres viviendas de emergencia pero todavía no las hizo. Contó que el delegado de Asuntos Indígenas de la provincia, Marcelo Córdova, les planteó que no hay fondos.
"En realidad necesitamos más viviendas porque hay mucha gente que no tiene y viven debajo de una carpa. En mi comunidad hay como 50 familias que viven así, tres o cuatro familias viven en una sola carpa. En las otras comunidades es similar", manifestó. "Vamos a seguir en el IPPIS hasta que nos den una respuesta", expresó.
Deshidratación y falta de agua
"No tenemos agua, los aguateros de la municipalidad van una vez al mes. Nosotros tenemos que juntar como sea el agua, porque ni tinacos nos quieren dar de Asuntos Indígenas de la provincia", aseveró Pérez. La mujer dijo que juntan el agua en una batea de goma o "cavan un pozo" y allí la guardan. "Si no tenemos la autorización de Marcelo Cordova no nos llevan el agua. Todos los meses tenemos que pedir autorización. De esa parte ya estamos cansadas", añadió.
"Estamos muy mal atendidos, los chicos se mueren de deshidratación, desnutrición, hasta las chicas jóvenes se nos están muriendo", manifestó Pérez.
