La situación de los solicitantes de asilo que llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas da un paso más en su deterioro ante el colapso que se vive en las salas de asilo e inadmitidos. Desde este fin de semana, las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas como antidisturbios, se han desplegado en el interior de las instalaciones después de la llegada de un centenar más de personas que quieren pedir protección internacional en España.

Las nuevas llegadas, sobre todo de senegaleses procedentes de Casablanca (Marruecos), se unen a las más de 400 personas que desde hace varias semanas se hacinan en las reducidas, atestadas y sucias instalaciones. Las salas habilitadas para alojar temporalmente a los solicitantes, ubicadas en las terminales T1 y T4, a las que se unió una tercera en la T2 hace más de una semana, cuatriplican su aforo desde hace tiempo. Ante la falta de espacio, los recién llegados han ido ocupando las zonas comunes de área internacional del aeropuerto.

Algunos pasan los días en los asientos de las zonas de embarque mientras otros se han sentado en cartones en el suelo de algunos pasillos de la T4, según han confirmado a Público varios abogados del turno de oficio que han visitado a sus representados en Barajas en los últimos días.

Según fuentes policiales citadas por EFE, los antidisturbios reforzarán la seguridad para prevenir y actuar en caso de posibles enfrentamientos entre los migrantes, de los que ha informado El Mundo este lunes. Aunque la situación es de "tranquilidad" actualmente, apunta la Delegación del Gobierno en Madrid, que niega a Público que se hayan producido incidentes. Sin embargo, no aclara hasta cuándo permanecerá el despliegue de la UIP en el aeropuerto, una medida nunca vista hasta el momento, según coinciden diversas organizaciones.

Continúa el hacinamiento

El hacinamiento en estas salas se debe al aumento inusual de ciudadanos, sobre todo africanos, que han recalado en Barajas y han aprovechado sus escalas en este aeropuerto para pedir asilo, lo que les da una posibilidad de permanecer en España mientras se estudia su solicitud.

Sin embargo, lo que debería ser un trámite de varios días se está demorando durante semanas en la mayoría de los casos y ha terminado por desbordar las capacidades de acogida digna y de una correcta asistencia letrada. La situación preocupa tanto a las ONG como a los abogados de los solicitantes y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"La situación es lamentable e infrahumana", reconoce una abogada

"La situación es lamentable e infrahumana. Muchos duermen en pasillos como pueden porque no hay espacio físico para alojarlos. Lo puede ver cualquier viajero que llega a estas zona, porque se los encuentra allí esperando con sus escasas pertenencias", asegura una letrada que estuvo en el turno de guardia el pasado fin de semana.

La situación preocupa desde varios enfoques. Uno es el de la seguridad, ya que los policías destinados a estas funciones son insuficientes y ya se produjeron dos fugas de ciudadanos marroquíes a finales de diciembre y principios de enero, después de pasar más de 20 días esperando una respuesta a su solicitud, hacinados y en condiciones insalubres en las salas.

Sin embargo, también preocupan las dificultadas para que estas peticiones de asilo sean analizadas con garantías. Según reconocen diferentes fuentes implicadas en los procedimientos de asilo de Barajas, las condiciones actuales no respetan los requisitos mínimos exigidos por la ley de asilo y las directivas europeas en la materia en cuanto a los plazos, a las condiciones de acogida y al entorno en el que se realizan las entrevistas con los solicitantes.

"Impacto negativo" del hacinamiento en los procesos

El principal preocupado es el ACNUR, cuya opinión debe ser tenida en cuenta al analizar cada expediente para admitirlo o no trámite. Desde hace semanas está recomendando en gran parte de los casos que las peticiones sean admitidas a trámite para que el interesado pueda ingresar en territorio español y que su caso se examine siguiendo el procedimiento ordinario y garantizando una acogida digna.

"No es posible descartar el impacto negativo que las condiciones de acogida en el Aeropuerto de Madrid-Barajas hayan podido tener en el solicitantes en el momento de la formalización y durante la tramitación de todo el procedimiento", argumenta ACNUR en varios expedientes resueltos por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Público.

La postura de ACNUR busca "salvaguardar las garantías procedimentales y valorar correctamente el riesgo del solicitante en caso de regresar a su país de origen" y quiere "evitar una prolongación indebida de la estancia del solicitante en las dependencias del puesto fronterizo, a la vista de las actuales condiciones de acogida", recogen sus posturas.

El Defensor del Pueblo ha acudido al aeropuerto en varias ocasiones, la última la semana pasada. Ya en su visita del 20 de diciembre enumeraba diferentes deficiencias como "personas durmiendo en colchonetas en el suelo, plaga de chinches, ropa de cama insuficiente o alimentación deficiente".

Personal de ACNUR visitó la pasada semana las instalaciones, días después de que Cruz Roja abandonara sus labores en atención sociosanitaria a los solicitantes de asilo por las pésimas condiciones tanto para los migrantes como para sus propios trabajadores. ACNUR constató "la imposibilidad para trabajar" debidamente. "No se pueden hacer las entrevistas con los solicitantes en condiciones apropiadas para identificar necesidades de protección internacional ni casos vulnerables como víctimas de trata o menores no acompañados", apuntan fuentes de la agencia de la ONU para los refugiados.

Falta de información a los abogados

El Colegio de Abogados, a través del turno de oficio, se está haciendo cargo de la asistencia letrada obligatoria de la mayoría de solicitantes. Los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también se encargan de esta labor, pero el aumento de llegadas hace semanas que desbordó su capacidad.

"El principal problema que tenemos es para recibir las notificaciones", apunta una abogada. Saber qué casos han sido admitidos o denegados, añade, es "crucial" a la hora de presentar alegaciones y solicitar un reexamen del caso. Tras realizar la entrevista con el solicitante, la OAR tiene cuatro días para notificar sí admite o no la petición, y los abogados tienen apenas dos días para pedir un reexamen.

Los solicitantes sí reciben esa notificación, pero no sus abogados no, y tienen que solicitarla a unos policías desbordados que "en muchos casos ni siquiera logran localizar al interesado", porque no saben en qué sala o qué terminal se encuentran, señala otra letrada del turno de oficio.

"A veces nos enteramos de que nuestro representado va a ser devuelto en un vuelo y apenas tenemos una hora para pedir la suspensión cautelar", sostiene. En muchos casos era el personal de Cruz Roja la que avisaba a los abogados de una inadmisión a trámite, ya que los solicitante de asilo no puede usar sus teléfonos móviles. Sin embargo, desde la salida de la ONG, los problemas se han incrementado.

Interior ha habilitado una nueva sala que, según las previsiones, empezaba a funcionar este lunes. También ha reforzado la presencia de agentes y ha exigido visados de tránsito –necesarios para hacer escala en aeropuerto españoles– a viajeros con pasaporte de Kenia y, desde el 19 de febrero, para los de Senegal. Con estas restricciones espera detener la llegada de migrantes con para en Madrid en sus viajes a países latinoamericanos para los que no necesitan visado.