El gobierno provincial emitió dos resoluciones a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble por las que a partir de ahora, las instituciones intermedias que quieran vender un inmueble deberán notificar la operación, presentando además la documentación pertinente.
La medida tiene el objetivo declarado de "proteger el patrimonio de clubes de barrio, vecinales, cooperativas y otras instituciones y dificultar la enajenación de bienes de forma irregular".
Ambas resoluciones establecen un trámite obligatorio para las instituciones intermedias que quieran vender alguna propiedad de la entidad. Esto se debe, indicó el gobierno provincial, a que se detectaron maniobras de este tipo, que actualmente están siendo investigadas por la Justicia.
“Por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, estamos articulando todas las herramientas posibles para poder proteger los inmuebles de las diferentes instituciones de la provincia de Santa Fe”, aseguró el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza
Figueroa Escauriza explicó que "instituciones intermedias como clubes de barrios, vecinales, asociaciones civiles y fundaciones que quieran vender alguna propiedad, deben notificar a IGPJ el motivo por el cual se vende este inmueble, acompañar el acta donde la asamblea autoriza la venta de la propiedad y qué se va a realizar con el dinero que se adquiera de la venta. Buscamos proteger a la instituciones, evitar que ciertas personas vendan los inmuebles de las instituciones y se queden con el dinero”.
Maniobras irregulares
Según el funcionario, “en determinados procesos de regularización de algunas entidades se han detectado intentos de apropiarse de propiedades, de clubes por ejemplo”.
“Esto sucedía por casos como los de un club que permaneció muchos años cerrado y que, tiempo después, alguien aparecía regularizando la situación de la institución para luego intentar vender el inmueble sin control de nadie. Es decir, podían realizar operaciones de venta de esas propiedades sin que nadie supiera si se hacían o no y qué se hacía con ese dinero", explicó.
"En este momento, por ejemplo, hay una investigación penal en curso a partir de una denuncia radicada en el sur provincial por parte de una cooperativa; sin embargo, no es el único caso activo”, advirtió Figueroa Escauriza.
Según el argumento oficial, lo que el gobierno pretende es generar una protección de las diferentes propiedades de las instituciones de nuestra provincia para que en caso de que se venda una propiedad se tenga que especificar para qué se va a utilizar ese dinero y en qué beneficia esa venta a la institución, a la cual se le está sacando parte de propiedad. Esa es la idea, y hay diferentes tipos de denuncias presentadas en la fiscalía por estafa o intentos de estafa”.
