Como en la época de Domingo Cavallo, las políticas gubernamentales de hoy han conseguido patear el hormiguero del Conicet. La lenta, persistente, desapercibida y sistemática labor cotidiana de los más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología se ha visto alterada por el brutal puntapié propinado contra el presupuesto del organismo rector de la actividad en el país. El panorama quedaría completo, si a ello se le sumaran la degradación del ministerio del ramo al rango de secretaría y aquellos anuncios oficiales de privatizar la actividad sectorial. Pero hay más.

La vasta reacción del personal científico, documentada en detalle por este diario, muestra hasta qué punto la inspiración neocolonial del gobierno de Javier Milei lo lleva a arrasar posibles fuentes de legitimidad y prestigio social. Como de hecho lo sería un Conicet que promoviera la formación de nuevos investigadores y alentara con presupuestos acordes las actividades de todos sus institutos, unidades ejecutoras y centros regionales, amén de otorgar salarios que impidieran la fuga de cerebros hacia el exterior. La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, consensuó un documento para entregar al Directorio del Conicet, a su presidente y al Secretario de Ciencia y Tecnología, en el que exige: a) efectivización de los concursos de becas y continuidad en los llamados a concursos; b) efectivización de ingresos y promociones de las Carreras de Investigador/a Científico/a y de Personal de Apoyo, así como continuidad en los llamados a concursos; c) acreditación efectiva de los subsidios vigentes de la Agencia I+D+i y del Conicet y publicación y ejecución de los nuevos proyectos; d) reincorporación del personal cesanteado y compromiso de estabilidad laboral de los 1200 trabajadores contratados; e) actualización salarial en todos los “estamentos” -sic- del Conicet.

Ese potente consenso entre las y los directores de los institutos es, a no dudarlo, un hecho inédito en el Conicet considerada la historia de los últimos cuarenta años de democracia. Desde luego que ha habido antecedentes, como la acción pionera de la Asociación Trabajadores del Estado que, ya en 1985, impulsó el primer congreso de trabajadoras y trabajadores del organismo, llamado “Dante Guede” en homenaje a ese compañero secuestrado y desaparecido por la dictadura genocida, y organizó la representación gremial en todos los centros regionales del país. También hay que recordar la experiencia de la Mesa de Enlace del Sector Científico y Tecnológico que, con la coordinación incuestionable del maestro Enrique Oteiza, congregó a diversas entidades y le hizo frente a Cavallo y a su desprecio por el mundo científico.

Pero lo novedoso del petitorio impulsado ahora por la Red no sólo estriba en el consenso que lo informa sino en el contraste que significa frente a la extraña aquiescencia de los miembros del Directorio para con el imperativo gubernamental de no publicar las listas de las y los becarios que por concurso accedieron al beneficio, así como la de los ingresantes a la Carrera del Investigador. Es llamativo que, al menos los miembros que resultaron elegidos por sus pares de las cuatro grandes áreas científicas para ocupar la responsabilidad en el Directorio, hayan accedido a no dar a conocer esa información crucial sin siquiera consultar a quienes los eligieron para ser directores. Y que conste: se trata de cuatro científicos intachables que a lo largo de su trayectoria académica han hecho honor a su condición de tales. ¿Cuál sería la explicación si, además, todos han sabido repudiar en su momento el exabrupto de Cavallo cuando mandó a la doctora Susana Torrado “a lavar los platos”?

Apenas habían transcurrido dos años desde la restauración de la democracia cuando en las Resoluciones del Congreso “Dante Guede” se caracterizaba al academicismo como el talón de Aquiles de la dinámica institucional del Conicet. No era por azar que aquel documento, votado por unanimidad por casi doscientos delegados provenientes de todo el país, citara en sus consideraciones a Oscar Varsavsky y Jorge Sabato, entre otros. Era imprescindible para la reconstrucción democrática de “las actividades científicas y tecnológicas” (como reza el Manual de Frascati) que éstas incorporaran como norte la pertinencia social y económica de sus esfuerzos sin por ello descuidar los valores de originalidad y seriedad académica indispensables para no dilapidarlos. Las viejas querellas entre ciencia básica y ciencia aplicada, o entre ciencias duras y blandas -que se originaron, y lo siguen haciendo, en verdaderas capillas de poder- a los ojos del “Dante Guede” se disolvían en la aspiración de un Conicet dedicado al interés público y al bien común antes que al mero prestigio personal de sus integrantes. 

Por eso es que aquel Congreso sostuvo que había que considerar a todo el personal como trabajadores de la ciencia y la tecnología por igual, sin que esto fuera en detrimento de la promoción individual en el marco de las Carreras, y a los becarios como investigadores en formación, con sus respectivos salarios en lugar de estipendios, derechos jubilatorios y un contrato a término que legitimara su condición de trabajadores y no de agraciada mano de obra barata. Otro tanto se postulaba para el personal administrativo, considerado siempre como servidores de los científicos y jamás como verdaderos protagonistas de la gestión cotidiana de los proyectos de investigación. No obstante, la idea de estamentos separados por un criterio académico se impuso, hasta ahora, por sobre la noción más democrática de categoría de revista que, desde luego, lleva directamente a la necesidad de un convenio colectivo de trabajo. Esta reivindicación histórica que nació casi con la restauración democrática, por extraño que parezca, tampoco fue atendida por los gobiernos de corte nacional y popular que sí crearon el Ministerio de Ciencia y Tecnología tal y como lo postulara, en 1985, el Congreso “Dante Guede”.

El academicismo también inspiró el procedimiento por el cual se eligen representantes de las grandes áreas científicas. Los y las aspirantes sólo pueden ser votados entre los investigadores de cada área y deben acreditar una determinada categoría en la Carrera; el Personal de Apoyo a la Investigación no puede votar ni ser electo, tampoco los becarios ni, mucho menos, los administrativos. O sea: un criterio de representación que quedó por detrás de la Reforma Universitaria de 1918. Este procedimiento fue impugnado por ATE Conicet al momento de su institución pero, como tantas otras impugnaciones, fue a parar al tacho de la basura de absolutamente todas las gestiones en el organismo. En ningún momento hubo un trabajador o trabajadora, independientemente de su categoría de revista, electos por todo el personal para integrar el Directorio en su nombre.

En suma, el organismo rector de la ciencia y la tecnología, sometido en la actualidad a la más virulenta ofensiva del autoritarismo neocolonial, le ofrece a éste impensados flancos débiles originados en la persistencia inusitada del elitismo academicista, tanto en su diseño como en su dinámica institucional.

A ciencia cierta, una respuesta categórica a las imposiciones de este gobierno ya no puede dejar de incluir entre todas sus demandas la necesidad imperiosa de democratizar en serio el funcionamiento del Conicet. Postergarla so pretexto de que no están dadas las condiciones, o que la relación de fuerzas ahora no es favorable, equivaldría a aceptar que tampoco se pueden ganar las calles porque hay un protocolo oficial que lo impide. Eso sí sería una derrota completa, pero edulcorada.