Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se desarrolla el tratamiento maratónico del proyecto de ley denominado "de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", más conocido como ley ómnibus, las y los senadores de Unión por la Patria buscan concretar una sesión especial para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, vigente desde el 29 de diciembre del año pasado. 

Para ello, el 24 de enero presentaron una nota a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villaruel, que tenía tiempo hasta ayer para convocar a los diferentes bloques y dar lugar a la sesión. Sin embargo, no lo hizo. En paralelo, el bloque de UxP busca conseguir el quórum para sesionar sin la necesidad de contar con su presidenta; en ese sentido, anunciaron que darán a conocer su proceder final el mediodía de hoy. 

El pedido de los peronistas se dio porque el oficialismo obstaculizó e impidió que el decreto sea debatido en la Bicameral de Trámite Legislativo. Por tal razón, el escrito que ingresó al Senado se hizó ni bien concluyó el paro y movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24  de enero. "Tenga a bien convocar a una sesión especial, a celebrarse el 1º de febrero del corriente año, a las 14, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 (conf. Ley 26.122)", pide la misiva dirigida a Villaruel. 

La nota lleva las firmas del presidente del interbloque y del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans (Formosa), de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).

El salteño insistió ante Salta/12 que Villaruel "tiene la obligación de convocar" a a la sesión. "Deberíamos poder llevar adelante nuestro pedido", agregó. Leavy explicó que, de otra manera, si la sesión especial no es convocada por la presidenta del Senado, la convocatoria se puede producir con el quórum de 37 legisladores. En el caso de UxP, tienen a 33 senadores en su interbloque por lo que aún falta la confirmación de cuatro senadores pertenecientes a otros bloques. El PRO tiene nueve senadores; la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, tienen siete cada uno. Mientras que el resto pertenecen a bloques minoritarios. 

"Siendo 33 necesitamos cuatro senadores para que podamos entre todos rechazar el DNU, que sería el primer paso", indicó el senador. Los peronistas consideran que pueden llegar al quórum con el acompañamiento de seis senadores que se expresaron públicamente en contra del DNU. "Hay dos de esos senadores que ya nos aseguraron que van a estar", adelantó Leavy, relatando que continúan las negociaciones para llevar adelante la sesión. De la misma manera se encuentra Villarruel, instando a que los senadores pseudo oficialistas no den el quórum que se requiere. 

El senador por Río Negro, Martín Doñate, difundió el pedido de sesión a través de las redes sociales y lo acompañó con el siguiente texto: "Reafirmamos que el DNU de Javier Milei atenta contra nuestra soberanía, nuestros derechos y nuestra cultura. Afecta directamente a la Patagonia, a Río Negro y a nuestra vida tal como la conocemos y directamente a nuestro futuro". 

Si bien, la vicepresidenta no la convocaría y no la presidiría, "al estar con quórum propio, podemos empezar la sesión con cualquier otra autoridad y rechazar el decreto", explicó Leavy. La senadora por Buenos Aires, Juliana Di Tullio, también se expresó en sus redes sociales y afirmó que "después de la enorme movilización y paro" de las centrales trabajadoras, "solicitamos una sesión especial para el jueves 1/2. Las necesidades y urgencias las tiene nuestro pueblo, no los cuatro vivos de siempre". 

"En contra de los argentinos"

Desde hace semanas las y los integrantes de Unión por la Patria están llevando adelante una serie de reuniones con diferentes sectores que manifiestan su total disconformidad con el decreto. Uno de esos sectores fue el yerbatero. Hace unos días las y los senadores se reunieron con el director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Jonás Peterson, con quien analizaron cuestiones referidas a ese sector productivo. "Nuestro compromiso es con el sostenimiento de las economías regionales, el trabajo argentino y la producción nacional, son irrenunciables", dijo Di Tullio. Mientras que Leavy afirmó que "no se van a permitir los atropellos al organismo que regula y contiene a toda la cadena de la actividad". 

Asociaciones yerbateras presentaron una medida cautelar contra el capítulo que buscaba quitar el rol de “fijador de precios” al Instituto Nacional de la Yerba Mate. La jueza de Misiones, Adriana Fiori, hizo lugar a dicha medida y lo suspendió para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)”.

Más allá del logro de esta medida cautelar, o de las obtenidas en el ámbito laboral, senadoras y senadores pretenden que se rechace en su totalidad la norma que está compuesta por 16 títulos y 366 artículos. "Hoy el decreto está vigente, por lo tanto está afectando la vida de los argentinos de muy mala forma", expresó Leavy, dado que aún se encuentran vigentes "muchísimos artículos que no benefician a la mayoría de los argentinos" porque "hay algunos donde la Justicia avanzó y luego se los detuvo", denunció. 

A modo de ejemplo, dijo que el decreto deroga el artículo 2° de la ley nacional 21.799 que dispone que “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

Al respecto el salteño dijo que con esta derogación los depósitos judiciales "pueden ser depositados en cualquier banco argentino", sin ningún tipo de control. Otro de los articulados refiere a la situación de los alquileres, en los que se realizan modificaciones de artículos del Código Civil y Comercial que tienen gran impacto fundamentalmente en las estructuras de los contratos y, entre ellos, en los contratos de alquiler. En relación a los contratos de alquiler para vivienda permanente, el resultado es más adverso para el locatario que la norma vigente hasta la sanción de la Ley 27.551 en el 2020 (la primera ley de alquileres). 

"La mayoría (de los artículos) están en contra de los argentinos", manifestó. Por eso, "vimos la necesidad de avanzar con frenar este decreto en el Senado, y a partir de esta situación, también avanzar en Diputados", expresó Leavy. En el caso de Salta, tiene la representación de tres legisladores. Tanto Leavy como Nora Giménez votarían el rechazo al decreto, mientras que el ex gobernador y ahora senador por Juntos por el Cambio, Juan Carlos Romero, votaría a favor.