La Real Academia Española define la posverdad como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

La difusión de mensajes engañosos está muy lejos de constituir un fenómeno novedoso en la historia argentina y mundial. Sin embargo, la degradación del debate político y las redes (anti)sociales potenciaron las posverdades y fake news.

El anuncio oficial acerca del acuerdo alcanzado con el staff del FMI fue un claro ejemplo de distorsión deliberada de la realidad. En un posteo en la red X, la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei sostuvo que “el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá disponer de 4700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”.

La atribución de ese endeudamiento al gobierno del Frente de Todos es una clara falsificación histórica porque, como debería saberse, fue originado en la presidencia de Mauricio Macri. En su cuenta de X, el ex ministro de Economía Martín Guzmán aclaró que “lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue llegar a un acuerdo para refinanciar ESA deuda impagable con el FMI. Es decir no se tomó ni un sólo dólar adicional: en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de 44.500 millones de dólares y hoy sigue siendo 44.500 millones”.

Aunque esto parezca una verdad de perogrullo no resulta tan evidente para muchos argentinos. A comienzos de 2022, la Consultora Analogías difundió los resultados de un sondeo de opinión realizado acerca de este tema. Apenas el 44 por ciento de los consultados atribuyó el endeudamiento al gobierno macrista. El resto de las respuestas se repartieron entre los que contestaban que había sido contraído por Alberto Fernández (26 por ciento) o no sabían (30 por ciento).

“Es evidente que el Gobierno Nacional no tuvo la potencia, claridad ni elocuencia necesarias para someter a escrutinio público la realidad incontrastable acerca del oneroso acuerdo con el organismo que dejó vigente Macri”, señaló el informe de Analogías.

El comunicado oficial mileista pretende aprovechar esa desinformación ciudadana y, de paso, exculpar de responsabilidad a su aliado Mauricio Macri. Un breve repaso de los hechos permite echar por tierra tamaña confusión.

Breve cronología de la deuda macrista

El ex ministro de Economia Nicolás Dujovne reconoció, en junio de 2016, que "de todos los problemas que nos dejó la gestión anterior, hubo una bendición. Argentina tiene hoy niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel de gobierno, de las empresas, como a nivel de las familias".

Esa fortaleza fue transformada en debilidad en muy poco tiempo. En 2016, la Argentina emitió nada menos que el 60 por ciento del total de la deuda externa que contrajeron los países emergentes en ese año. Esa política de megaendeudamiento en los mercados internacionales fue profundizada en 2017, incluyendo la famosa emisión del bono a cien años acordada con cuatro bancos internacionales (HSBC, Citi, Santander y Nomura). Esa operación, diseñada por Luis “Toto” Caputo, fue elegida como el acontecimiento financiero más delirante del mundo por los lectores del Financial Times.

La última colocación importante de deuda, por 9000 millones de dólares, fue el 4 de enero de 2018. La fiesta llegaba a su fin. El cierre del mercado voluntario de deuda dejó como última opción de financiamiento al FMI. En tan solo trece meses (de junio de 2018 a julio de 2019), el organismo desembolsó 44.871 millones de dólares.

La mayor parte de esos fondos frescos “tuvo como correlato principal una caudalosa formación de activos externos”, como señaló el informe oficial del BCRA que investigó lo ocurrido durante la administración macrista.

Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA), el aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.808 millones de dólares y la fuga de capitales alcanzó a 93.667 millones de dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019.

En términos cuantitativos, la deuda pública aumentó del 52,6 al 89,9 por ciento del PIB en el gobierno de Macri. Pero eso no fue lo más grave.

El incremento del ratio deuda/PIB fue acompañado por un aumento de la proporción de la deuda en dólares; la sustitución de deuda intraestatal, más manejable, por privada; el acortamiento del perfil de vencimientos; la elevación de la tasa de interés promedio; y la reintroducción del FMI como auditor de la política económica. En síntesis, la desmejora no sólo fue cuantitativa sino también cualitativa.

La renegociación de la deuda

El gobierno de Alberto Fernández heredó un impagable cronograma de vencimientos con el FMI: 20.500 millones de dólares en 2022 y 20.700 en 2023.

La renegociación formal del stand by comenzó, el 26 de agosto de 2020, con una carta enviada por la dupla Guzmán-Pesce a las autoridades del Fondo. En esa misiva, los funcionarios solicitaron renegociar un acuerdo caído y “descarrilado”.

La primera misión técnica del Fondo desembarcó en Buenos Aires el 6 de octubre. El 9 de noviembre, el ministro Guzmán informó que negociaba el acceso a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF) en reemplazo del stand by. Mientras tanto, el Fondo advertía que los números fiscales eran el principal escollo para cerrar un acuerdo.

En números, los funcionarios del organismo reclamaban una reducción del déficit fiscal, previsto en el Presupuesto 2021, del 4,5 al 3 por ciento del PBI. En el medio del tire y afloje, los senadores nacionales de Unión por la Patria difundieron una carta dirigida a la Directora Gerente del Fondo. Los legisladores oficialistas plantearon a Kristalina Georgieva que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”.

A fines de enero de 2022, Argentina debía desembolsar 1031 millones de dólares por vencimientos de capital e intereses al FMI. Los rumores acerca de un posible impago se multiplicaron por esos días. Finalmente, el presidente Alberto Fernández anunció su cancelación porque se había llegado a un principio de entendimiento para renegociar la deuda.

El ministro Martín Guzmán explicó que el EFF preveía un cronograma de desembolsos que se extendería durante 30 meses que permitiría la cancelación de los vencimientos de la deuda. El giro de los fondos quedaba atado al cumplimiento de determinadas metas cuantitativas (fiscales, monetarias, de acumulación de divisas) que se revisarían de manera trimestral.

El acuerdo incluía en sus puntos principales: 

*Paulatina reducción del déficit fiscal primario: 2,5 por ciento del PIB en 2022, 1,9 por ciento (2023), 0,9 por ciento (2024), 0 por ciento (2025)

*Reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro: 3,6 por ciento del PBI (2021), 1 por ciento en 2022, 0,6 por ciento en 2023 y 0 por ciento en 2024

*Aumento segmentado de las tarifas de los servicios públicos

*Acumulación de reservas internacionales: 5800 millones para el 2022, 4000 millones para 2023 y 5200 millones para 2024.

El anuncio del preacuerdo intensificó la interna oficialista a pesar de que el ministro destacaba dos cuestiones centrales: 1) el ajuste fiscal previsto era muy moderado y 2) la inexistencia de las típicas exigencias de reformas estructurales que suelen contener los acuerdos de facilidades extendidas. En esa línea, los bonistas privados del canje 2020 se quejaron al FMI porque consideraban “poco exigentes” a las cláusulas del preacuerdo.

Un informe de la Consultora PxQ sostenía que la reducción del déficit solicitada para los primeros tres años a la Argentina (0,8 por ciento promedio anual) era muy inferior a la solicitada (1,6 por ciento anual) al resto de los países que habían firmado un acuerdo de facilidades extendidas en los últimos años. Por otro lado, la totalidad de los 15 EFF vigentes en 2021 (Pakistán, Túnez y Ecuador, entre otros) habían incluido cláusulas de reformas estructurales de distinto tipo (laborales, privatizaciones, previsionales, entre otras).

Sin perjuicio de eso, la interna oficialista escaló a otro nivel con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. El resto es historia conocida.

El último anuncio de Milei

Las tensiones por los números fiscales con el FMI, que estuvieron presentes tanto con Guzmán como con Massa al frente de la cartera económica, son cosa del pasado.

En campaña electoral, Javier Milei planteó que no tendría problemas porque el ajuste que propiciaba era mayor al exigido por el Fondo. Las primeras medidas anunciadas por el gobierno de la Libertad Avanza confirman esos dichos. El 12 de diciembre, el ministro Caputo anunció un ajuste del 5,2 por ciento del PBI como resultado de un recorte del gasto (3 por ciento) y mayores impuestos (2,2 por ciento) .

El 11 de enero, el ministro de Economía anunció un acuerdo con la misión técnica del Fondo para el arribo de 4.700 millones de dólares que estaban frenados por el incumplimiento de las metas previstas para los últimos dos trimestres de 2023. El denominado “staff-level agreement” deberá ahora ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI.

El dato saliente del acuerdo es la inexistencia de desembolsos netos positivos. El monto comprometido equivale a los vencimientos de deuda del primer cuatrimestre del año. Lo que ingresa por una ventanilla, se irá por la otra. Este apoyo tan acotado temporalmente indica que el organismo financiero internacional quiere “ver para creer”. La sustentabilidad política/social del “plan motosierra” es una duda compartida por diferentes actores locales y extranjeros.

* [email protected] @diegorubinzal