La Suprema Corte de Justicia de México anuló la reforma de la legislación que rige la actividad eléctrica, impulsada por el presidente Andrés López Obrador y sancionada en 2021.

La reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), destinada a ampliar la participación del Estado en el sector en desmedro de la industria privada, fue fuente de controversias con los principales socios comerciales del país. Ese marco, originó disputas con Estados Unidos y Canadá, socios de México en el tratado comercial T-MEC, así como con España, de donde procedía buena parte de los capitales que se vieron perjudicados.

La sentencia considera que la reforma “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable” del sector, establecidos en la Constitución desde 2013, explicó el máximo tribunal en un comunicado. En 2013, el antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, logró que se modificara la carta magna para abrir la actividad energética al sector privado.

El fallo resolvió la cuestión de fondo planteada por varias de las empresas afectadas por la reforma, que, tras presentar recursos de amparo, habían conseguido el dictado de medidas cautelares que mantenían en suspenso la aplicación de las nuevas normas.

La resolución sostiene que la reforma introducía nuevas reglas en términos que otorgaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “un trato diferenciado y privilegiado”. “El supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica, ya que no puede soslayarse que en ciertas actividades, como la generación de electricidad, CFE es un competidor más del mercado”, sostuvo la Suprema Corte.

Pese a este revés, el gobierno de López Obrador logró avanzar en sus objetivos, por ejemplo en la compra, anunciada en abril pasado, de 13 plantas de generación eléctrica al gigante español Iberdrola por 6.000 millones de dólares.

Con esa adquisición, CFE aumentará de 39% a 55% su participación en el total de la electricidad generada en el país, según datos del gobierno, que dijo que esperaba elevarla a 65% antes de que finalice el mandato de López Obrador, en diciembre próximo.