El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió este jueves una disculpa del Gobierno de EE.UU. por el reportaje que lo vincula con el Cartel de Sinaloa, al considerar que su autor --el periodista Tim Golden-- es un "mercenario" de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA). “Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano opinó que a periodista --ganador del Premio Pulitzer-- "deberían darle el premio a la calumnia" por publicar el martes en el medio estadounidense ProPublica que la DEA investigó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Obrador en 2006. López Obrador lo acusó de "calumniar impunemente" por "hacer un reportaje sin presentar pruebas”, pero sugirió que detrás de él hay funcionarios de EE.UU. motivados por las elecciones presidenciales de 2024 en ambos países.
“Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en EE.UU. y en todo el mundo, esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así en abstracto”, expresó.
El mandatario, acusado por la oposición mexicana de ser cercano al Cartel de Sinaloa por su comunicación con la madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y sus constantes visitas a la ciudad de Badiraguato –base de la organización-- advirtió que el reportaje afecta los diálogos con Washington sobre migración y narcotráfico.
“El presidente Biden debería enterarse de esto porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento?”, argumentó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el miércoles a los medios que la investigación de la DEA sobre la campaña del 2006 concluyó hace 13 años, pero López Obrador consideró insuficiente esta aclaración.
Gobernador texano “antimexicano”
En la misma jornada, López Obrador, acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de ser "antimexicano" por sus políticas antiinmigrantes y por el cerco de púas que instaló en la frontera común. "Ese señor gobernador de Texas, con todo respeto, es antimexicano, se olvida de que Texas era de México y pone alambradas y tiene una política antiinmigrante y en contra de los que por necesidad, tienen que ir a buscarse la vida a EE.UU.". "Pero (es) muy inhumano, y yo diría muy insensible y muy oportunista porque eso es politiquería”, agregó.
Las tensiones entre el Gobierno de México y el de Texas han crecido en el último año por las medidas migratorias de Abbott. La Cancillería mexicana denunció el 14 de enero que una mujer y dos niños de México murieron ahogados en el río Bravo, donde el cerco de púas que instaló el gobernador impidió el actuar de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.
También el mes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuestionó al gobernador porque sugirió en una entrevista que las autoridades de su estado no disparan contra los migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense porque la Administración de Joe Biden las acusaría de asesinato.
López Obrador acusó también a los republicanos de Texas de "presionar mucho" para que el presidente Biden haya prometido cerrar la frontera con México como parte de las negociaciones en el Congreso para desbloquear la ayuda militar a Ucrania. Y dijo en aquel entonces: “¿cómo con muros se va a resolver un problema migratorio? Además, son 3.200 kilómetros de frontera. ¿Por qué no mejor se atienden las causas de la migración y se apoya a los países pobres?".
El gobierno en acción
El Congreso de México comenzó este jueves su último periodo de sesiones de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con la presión de discutir temas centrales como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Los legisladores, 500 diputados y 128 senadores discutirán las últimas reformas del mandato de López Obrador, quien enviará un paquete de reformas constitucionales el próximo 5 de febrero con cambios en materia de pensiones, salario mínimo, militarización, energía y Poder Judicial.
Se aspira a elevar siempre el salario mínimo por encima de la inflación, que los trabajadores cobren el valor de su último sueldo como pensión al retirarse y la propuesta de designar a jueces por el voto popular. También está la reforma al Poder Judicial para que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército mexicano y prohibir el maltrato animal.
Para el diputado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Joaquín Zebadua Alba, la reforma de la Guardia Nacional es prioritaria y dijo que el discurso sobre "militarización'' y autoritarismo que hizo la derecha en su momento no tiene fundamento. "Queremos una Guardia Nacional civil que, desde un enfoque preventivo, combata el crimen y proteja la población, garantice el derecho a la seguridad'', sostuvo.
La segunda reforma, según recordó el diputado, que el presidente López Obrador ha manifestado como urgente, es que los jubilados tengan una pensión digna y que vaya incrementándose conforme a los salarios y hasta llegar al 100 % de lo que percibía el trabajador en activo. El diputado del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Andrés Mauricio Cantú Ramírez, dijo que ''estaríamos dispuestos a votar a favor sin saber todavía cómo viene la reforma, pero tenemos que verla".
Pero oposición se muestra favorable a votar esta reforma y López Obrador lo atribuyó a la "desesperación" electoral: ''Me dio mucho gusto ayer (el apoyo de) los del PRI y hasta los del PAN, fíjense qué nivel de desesperación, o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle sus derechos a los trabajadores".
Recordó que el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), del PRI, creó en 1997 las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), el sistema privado inspirado en el modelo de Chile, mientras que Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, modificó el sistema de jubilación de los trabajadores del Estado.
La aprobación del presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador encara su último año al frente del Gobierno con un 54 por ciento de aprobación entre los ciudadanos, según la encuesta del periódico El Financiero. La encuesta de enero sitúa la aprobación del mandatario en una cifra similar a la de diciembre de 2023 (55 por ciento) y señala que los niveles de satisfacción con su obra de gobierno se mantuvieron estables a lo largo del año.
