Ivanna Bunge vive en Caleta Olivia pero todos los veranos viaja a Buenos Aires por "una investigación sobre trata de personas y sistema prostituyente". "Además de radical, soy feminista, abolicionista y trabajo en derechos humanos y en diversidad y género". Así se presenta al conversar con Página/12. Se había quedado unos días más por un tratamiento médico, cuenta, así que el miércoles no dudó en ir con compañeros/as a manifestarse contra la Ley Ómnibus. La rama de la UCR en la que milita se opone a la norma por completo. Durante la tarde, lo que su grupo hacía era cruzar de a ratos de vereda a vereda, desde la esquina de El Molino a la del Congreso y viceversa. En cierto momento vieron que la Policía Federal hacía un cordón para cerrar Avenida Rivadavia. La fuerza era la que cortaba la calle. Ivanna escuchó a los efectivos gritar: "¡Hay que liberar!", "¡hay que sacarlos de ahí!". Aludían a jubilados/as, algunos con bastón, que se acercaban. Cuando advirtió que los efectivos se abrían paso para abalanzarse sobre la gente, se sentó en medio de la calle. "Lo hice para que los más grandes pudieran salir", repasó. "Tres mujeres se acercaron y me abrazaron, otro hombre se sumó y cantamos el Himno. Nos tiraron gases y nos arrastraron de las piernas para llevarnos del otro lado de la valla humana. Nos subieron a un camioneta policial y nos pasearon toda la noche", contó. 

La policía se llevó a Ivanna y a las mujeres que se le habían acercado: Abril Rocío Taborda, Agustina Goncalves y Jennifer Bogarín. "Estuvimos en tres camionetas diferentes. Al comienzo nos tuvieron una hora y media dando vueltas. Nos dimos cuenta de que era siempre alrededor de la zona del Congreso. Pude comunicarme con un grupos de defensores y avisar que estábamos detenidas. No nos quisieron informar por qué nos habían arrestado y hacia dónde íbamos", relató la mujer, de 52 años. 

La primera parada fue en la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal. "Ahí intentaron hacernos un peritaje forense con un varón, con la puerta abierta, y detrás de una oficina donde pasaban varones todo el tiempo. Nos dijeron que nos sacáramos la ropa, y nos negamos", recapituló. "Después nos demoraron media hora más arriba de otra Traffic, sin aire sin agua", continuó. Otra parada fue la Superintendencia de lnvestigaciones Federales. En el ínterin llegó para asistirlas y se subió al camión el abogado radical Leandro Halperín (Evolución), conocido especialista en políticas penitenciarias. Terminaron en la Fiscalía de Flagrancia Este de la Ciudad, imputadas por resistencia a la autoridad, pese a que no se habían resistido a nada. "De ahí a una alcaidía, donde vino una legista mujer", dijo.

¿Por qué fuerzas federales? 

El despliegue de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, no tuvo razón de ser, ni el miércoles ni este jueves, cuando la represión alcanzó niveles escandalosos, con agentes disparando balas de goma en todas las direcciones, ya no para despejar una calle sino para atacar a manifestantes. La legisladora porteña Claudia Neira, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración donde explica las normas vigentes y deja a la vista la ilegalidad de todo el operativo. Las fuerzas federales, puntualiza su texto, solo pueden intervenir en un operativo en la Ciudad, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, si lo requiere el jefe de gobierno porteño al Ministerio de Seguridad Nacional, y podría hacerlo únicamente ante un peligro colectivo para la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, si están amenazados los derechos y garantías constitucionales, la plena vigencia del sistema representativo, republicano y federal, o ante alguna catástrofe. Es obvio que nada de eso sucede. 

Neira le pide al jefe de gobierno, Jorge Macri, "abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas federales" en CABA y que "haga respetar nuestra autonomía". La legisladora explicó a este diario: "En la Ciudad rige la Ley de Seguridad pública, no rige el protocolo antipiquetes. Lo pueden aplicar en rutas, en las vías o si alguien quiere ingresar a objetivos nacionales, como el Congreso. Las fuerzas federales no están habilitadas para garantizar la 'libre circulación'. La seguridad y el tránsito son funciones indelegables de la Ciudad". "Es una intromisión inédita en nuestra soberanía de seguridad", remarcó. Su escrito advierte que la represión pudo haberse evitado si actuaba la policía local "acorde a los protocolos y la legislación" de CABA. La Legislatura, dice, debería "exigir el cumplimiento al derecho de protesta pacífica". 

Más detenidos 

Las cuatro mujeres fueron liberadas por la mañana. Compartieron en Instagram un video donde habla Ivanna pero se muestran todas. “Siendo casi las 9 de la mañana estamos en la dependencia donde nos asilaron esta noche por cantar el Himno pacíficamente, sentadas frente al Congreso, en modo de resistencia pacífica por el proyecto de la Ley Ómnibus y el DNU”, comenzaba. “Nosotras cuatro -continuaba- no nos conocíamos, nos conocimos ahí cuando nos sentamos y dijimos: ‘No podemos dejar que se avasallen todos nuestros derechos’". En diálogo con Página/12 describió cómo a lo largo de la noche se fueron contando sus historias. Una de ellas "sufrió todas las violencias que te puedas imaginar, las sufrió con su ex pareja, no puede ver a sus hijos y no quiere que nadie más le quite ningún derecho, por eso estaba ahí. Otra es docente de educación especial...", ejemplificó. 

Bunge lleva años de militancias varias. Ubica el punto de partida a sus 23 años, cuando encontró en la calle "a una mujer con sus hijos, violada por su expareja, quien a los pocos días murió por un aborto clandestino". Tiene muchas movilizaciones en su historia personal, represión en un encuentro nacional de mujeres, pero nunca la habían detenido. "Con lo que nos costó conquistar derechos, que conseguimos por salir a la calle, y ahora nos dicen que no nos podemos manifestar más", se quejó. Este viernes están citadas por la fiscalía a las 10.30. 

El miércoles fueron detenidos también dos hombres: Sebastián Boero, un artesano de 32 años, e Ignacio Villagra, un periodista chileno que vino a investigar la situación económica. Al primero le imputaron atentado y resistencia a la autoridad agravado y al segundo, atentado contra la autoridad agravado y lesiones a un prefecto. Ambos dijeron que fueron agredidos a golpes y con gas pimienta por las fuerzas. Se les prohibió la salida del país y acercarse al Congreso. Y eso que la reforma penal hasta la noche al menos no había sido aprobada. El atentado a la autoridad agravado, por ejemplo, eleva la pena actual (6 meses a 2 años de prisión) a un mínimo de 4 años y un máximo de 6. Sin agravantes, eleva la pena actual (un mes a un año de cárcel) a 1 a 3 años y 6 meses. Estas figuras son las que se aplican para disfrazar la violencia institucional. La Defensoría de la Ciudad registra que el 50 por ciento de los casos de violencia institucional se dan con aplicación de esos delitos. Si cambia la ley, las chances de prisión efectiva por protestar serán más altas. 

Repudio radical

La UCR repudió en un comunicado "detención arbitraria" de las cuatro mujeres.  Cuestionó "la violencia y hostigamiento al que fueron sometidas, siendo trasladadas en horas de la noche a distintos establecimientos de detención, como así también la falta de respuestas inmediatas para su liberación". El texto agrega: "La participación en el operativo de integrantes de fuerzas de seguridad exhibiendo en sus uniformes identificaciones partidarias del oficialismo (es un símbolo de los ultraliberales que muestra una serpiente), nos recuerda a las peores prácticas autoritarias de quienes confunden partido y Estado". "Recuperar el orden y la convivencia democrática", dice, "no puede implicar criminalizar la manifestación pacífica de la ciudadanía". 

Lo que han logrado el Gobierno y la política de ley y orden de Patricia Bullrich sacando su ejército de seguridad a reprimir para despejar la calle, es que todo el foco quede puesto ahí, con toda la gravedad y violación de derechos que conlleva, pero atrás están -como señaló Raúl Kollmann- el "feroz aumento de todo menos de los salarios y las jubilaciones" y que "destruyen puestos de trabajo todos los días".