"Los incrementos serán inevitables", confirmó el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica, Roberto Suaina. Calculó que impactará en los bolsillos de las familias con hijos e hijas en el sistema educativo privado "entre marzo o abril y el porcentaje dependerá del subsidio que percibe cada institución privada" de parte del gobierno de la provincia. Esos aportes, por marco regulatorio, se giran únicamente para cubrir los salarios docentes de ese sector. 

Se trata de fondos estatales que no se reparte en forma equitativa entre los 175 establecimientos privados que existen en la provincia y en los tres niveles educativos: primario, secundario y superior. "Es el Estado provincial quien define cada subsidio, que puede ir de cero al cien por ciento", explicó Suaina. El presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), que reúne a 53 establecimientos católicos en Salta, aclaró que ese subsidio estatal "no cubre administrativos, ni maestranza, ni nada que esté fuera de la planta orgánica funcional". 

El inminente incremento en las cuotas está asociado en parte, al impacto sobre los salarios de las y los docentes privados tras el acuerdo de educadores y educadoras estatales en el cierre de las paritarias 2023. En esa última instancia acordaron un incremento del 82%, que será abonado entre enero y marzo de este año, e incluye la actualización del sueldo anual complementario de diciembre. "Teniendo esa base", dijo Suaina, "los colegios privados no pueden abonar menos que lo paritado". El problema, indicó luego, es que no todos los establecimientos podrán hacer frente del mismo modo a las actualizaciones, porque como precisó antes, no todos los colegios privados católicos reciben el mismo subsidio del Estado provincial.

Pablo Pereyra, titular de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, recordó que los colegios de gestión privada, laicos en este caso, también deben afrontar la actualización en los salarios de su planta docente, pero a esa variable de ajuste se suman otras costos como alquiler y servicios básicos (luz, agua e internet). "Muchos de los colegios católicos, como pertenecen al Arzobispado, son propietarios de los edificios escolares y están exentos de pagar servicios, como el agua. No pasa lo mismo con los establecimientos laicos", aseguró. "Nosotros", los 30 establecimientos laicos asociados a AEEPSa, "alquilamos con lo que eso implica hoy", insistió. "Estamos atados al alquiler", repitió, "y no podemos cambiarnos con facilidad porque los edificios tienen que cumplir con ciertas características".

Pareyra recordó luego que "después de 31 años" lograron un acuerdo con el gobierno de Salta, durante la gestión de Matías Cánepa en el Ministerio de Educación. "En noviembre de 2022 acordamos un aporte estatal del 30 por ciento, que sería pagado desde enero de 2023. Sin embargo, solo abonaron un subsidio del 15 por ciento, y al día de hoy, nos adeudan cinco meses". El presidente de AEEPSa reclamó luego una reunión con la actual ministra de Educación, Cristina Fiore. "Presentamos dos veces pedidos de audiencia y aún no tuvimos respuesta", se quejó.

En la provincia siguen los controles 

Tanto Suaina como Pereyra coincidieron en que la derogación del decreto 678/99 por parte de la Secretaría de Comercio de la Nación no es el origen de los incrementos que se avecinan en la provincia en las cuotas de los colegios privados. Comercio derogó en su resolución 51/2024 del 29 de enero pasado, esa normativa que obligaba a todos los establecimientos educativos de gestión privada del país incorporados a la enseñanza oficial a "informar anualmente (..) el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza", más "toda otra erogación asociada a la prestación de dicho servicio".

"No hay incidencia. Simplemente se dejará de informar", explicó Suaina. "Las normativas provinciales continúan vigentes. Por lo tanto, para nosotros es tan solo un comunicado que nos informa que ya no debemos elevar informes a Nación". Pereyra agregó que "ese decreto menciona que no se deben enviar informes a la Secretaría de Comercio de la Nación, pero "los establecimientos privados sí continuarán informando los incrementos a la Dirección General de Educación Privada de la provincia".

Dentro de ese marco normativo vigente, una resolución de 2017 de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia sostiene en el primer artículo que los establecimientos educativos privados de Salta están obligados a informar cada 30 de octubre "el valor de las cuotas del año siguiente, las condiciones (de pago) y el monto de matriculación". Luego de esa fecha "las insistuciones pueden ajustar esos valores informados según la grilla salarial docente".

Pereyra recordó ante Salta/12 que los colegios privados católicos eran subsidiados por la Nación antes de la reforma educativa de la década del 90, época en la que todos los establecimientos educativos fueron transferidos a las provincias. "En ese momento surgieron muchos colegios privados que les brindaban a las familias escolaridad, porque los colegios de gestión estatal estaban de paro por la crisis", recordó. "Desde entonces reclamamos subsidios", insistió Pereyra, "y la respuesta fue siempre la misma", la negativa permanente de las distintas administraciones provinciales a conceder aportes a los establecimientos educativos no católicos. "Nunca hubo voluntad política para alivianar la gestión de los colegios laicos", reclamó. 

"Con la pandemia se manifestó clarísimo la problemática", dijo luego. "Nosotros sobrevivíamos, mientras los colegios subvencionados compraban terrenos o construían edificios". Sin embargo, ante el escenario de crisis que plantea la nueva administración nacional, Pereyra aseguró que a los establecimientos laicos de gestión privada nucleados en AEEPSa "no nos queda otra que esperar que el gobierno nos acompañe de la misma manera que lo hace con los colegios católicos". 

Finalmente, señaló que AEEPSa presentó un proyecto a Educación de la provincia para definir los aportes estatales. "Queremos que todos tengan el mismo aporte, y propusimos que sea por alumno, no por colegio, y que se tenga en cuenta la cuota del establecimiento", dijo. AEEPSa presentó esa iniciativa a cada ministro provincial del área, sin suerte hasta ahora. El último intento fue introducirlo para su debate en el parlamento salteño, donde pese a la iniciativa que presentó el diputado Omar Exeni (Salta tiene Futuro) en 2023 no alcanzó estado parlamentario.