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El domingo los salvadoreños concurrirán a las urnas para elegir al próximo presidente de El Salvador que, según indican todos los sondeos, podría ser el actual mandatario, Nayib Bukele. En un hecho inédito, Bukele podría ser reelegido como presidente cuando la Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección presidencial. Organismos internacionales advirtieron el “retroceso democrático” que implica esta decisión en el marco de un contexto de “graves violaciones a los derechos humanos y un profundo deterioro del Estado de derecho”.
El “dictador más cool del mundo”, como llegó a definirse el propio Bukele, construyó su popularidad sobre la política de mano dura contra el accionar de las pandillas. Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción permanente, que limita garantías y derechos constitucionales y habilita “arrestos arbitrarios”, “torturas” y “muertes de presos”, como llegó a denunciar Amnistía Internacional.
Según información oficial, en los últimos dos años las fuerzas de seguridad detuvieron a 75.000 personas. En sus redes sociales, Bukele comparte las imágenes de los detenidos: en el piso, con la cabeza gacha, torso desnudo, rapados y encadenados. En 2023, el mandatario de 42 años inauguró una “mega cárcel”, con capacidad para 40.000 presos, la más grande de toda Latinoamérica.
Familiares de detenidos, agrupados en la organización Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) pidieron en varias oportunidades tener información sobre sus parientes, sobre los que en algunos casos no saben si están vivos o muertos.
Pese a esto, Bukele cuenta con el respaldo del 90% de los salvadoreños y pasó a ser el gobernante con mayor popularidad de toda la región, según la consultora Latinobarómetro. Con esta popularidad fue que el presidente anunció su candidatura a la reelección a pesar de que la Constitución la prohíbe en varios artículos.
Estado de excepción permanente
Desde Amnistía Internacional remarcaron que el estado de excepción permanente terminó dando pie a toda una serie de violaciones a los derechos humanos como el encarcelamiento indiscriminado, las desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado, tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de las personas que viven en la pobreza.
También advirtieron que el mandatario se encarga de limitar el ejercicio de los derechos humanos a través del hostigamiento y descalificación de periodistas y activistas en redes sociales.
“La campaña de acoso ha encontrado un escenario en las redes sociales, desde donde altos funcionarios de gobierno, incluyendo el presidente Bukele, han utilizado sus cuentas para descalificar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de ser 'criminales', 'buscar que mueran más humanos' y de ser 'organizaciones de fachada'”, agregaron.
Denuncias en la CIDH
La organización de derechos humanos Cristosal registró más de tres mil denuncias de personas "vulneradas en sus derechos" en el contexto del régimen de excepción.
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 31 de enero de este año, la ong recibió 3.730 denuncias. El 96,7% de las denuncias fueron por detenciones arbitrarias, el 25,9% por allanamientos ilegales y el 10% por malos tratos.
En marzo del año pasado, Cristosal llevó los casos de 66 personas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde formuló su denuncia contra el Estado de El Salvador.
Desde la CIDH llamaron al Estado salvadoreño a “restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas” durante el régimen de excepción y reiteraron su preocupación por las “múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”.
Las advertencias sobre las elecciones
De cara a las elecciones, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo en un reciente informe que El Salvador “no ha cumplido con estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos”. Según remarcaron hay cuatro elementos que atentan contra la integridad electoral y ponen en jaque las bases para elecciones libres, justas y transparentes.
En primer lugar, el informe afirma que la reelección es inconstitucional. “Bukele se postuló para la reelección presidencial a pesar de que la Constitución lo prohíbe en al menos seis artículos”, sentenciaron sobre la habilitación de la candidatura que se basa en una resolución de la Sala Constitucional.
El informe también señala la “alta concentración” de poder en manos del mandatario y su partido, Nuevas Ideas, que mantiene el control de la Asamblea Legislativa. “Una serie de acciones evidencian que ha habido constantes amenazas e injerencias en el poder judicial por parte del presidente Bukele, que limitan las garantías de independencia”, señalaron.
En tercer lugar, el informe remarca que ocho meses antes de las elecciones, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que introdujo un cambio de método para contar los votos. “Muchos de los 13 partidos contendientes pueden desaparecer después de las elecciones si no logran alcanzar los 50.000 votos o ganar un escaño en la Asamblea”.
Por último, el informe sostiene que existe una "falta de credibilidad e independencia" del Tribunal Supremo Electoral como de las capacidades técnicas para la supervisión del financiamiento de campañas, control de los medios y regular el voto en el extranjero.
El domingo, Bukele podría convertirse en el primer presidente desde la vuelta a la democracia en El Salvador en lograr la reelección. El antecedente se remonta a los años 30, cuando el dictador Maximiliano Hernández Martínez se perpetuó en el poder e instauró el llamado "Martinato", que duró hasta 1944.
