En medio de la discusión por el incremento de la planta que experimentó la Municipalidad de La Plata durante la gestión de Julio Garro, el intendente capitalino Julio Alak anticipó que recurrirá a la Justicia Penal por lo que define como la existencia de “contratos fantasma” en la administración local y anunció "una recomposición salarial para los agentes que cumplen con su tarea". “El Estado debe cuidar al contribuyente, que no paga tasas para que lo destinemos a personas que no van a trabajar”, aseguró.

Tal como viene dando cuenta Buenos Aires/12, a partir de una serie de auditorías internas y externas, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6 mil agentes que equivalen al 52 por ciento del total de la planta actual. “Miles de ellos cobran un sueldo y no se presentan a trabajar”, señala un comunicado de la municipalidad que da cuenta de la situación. Cuando las auditorías den cuenta de la situación definitiva, el ex ministro acudirá a la Justicia Penal. 

“Muy pocos trabajan como servidores públicos o en administración; son contratos políticos, se advierte claramente en el análisis de ingreso, que fue en años electorales, como el 2021 y el 2023”, señaló el jefe comunal en declaraciones públicas. En ese plano, sostuvo que se trata de contratos que “felizmente están terminando y hay que decidir si renovarlos o no, no vamos a hacerlo porque si lo hacemos estamos incumpliendo la ley, convalidando privilegios que la gente repudia”.

Por esa razón, Alak aseguró que “hay que ordenar primero la herramienta para que los buenos trabajadores tengan un salario digno”. “Por pagarles a los que no trabajan, se perjudica a los buenos, esa ha sido la gran injusticia de la última gestión”, aseveró a la vez que pidió que los sindicatos municipales “apoyen la medida”.

En una entrevista brindada al medio local El Día, Alak dijo que se encontraron “12.573 personas nombradas en situaciones que, más allá de las irregularidades administrativas en las que fueron contratadas, revisten circunstancias que lindan con el delito penal”. En referencia al tema afirmó que se encontraron “violaciones a la ley provincial del empleo público 14.656, como las que establece como requisito no tener causas penales abiertas”.

“No sólo encontramos personas privadas de la libertad con contratos municipales, también se liquidaron sueldos a 1.481 personas sin haberse confeccionado el legajo del personal y sin acto administrativo”, aseveró.

En el detalle, el intendente se refirió al caso de las cooperativas que nuclean a unas 3 mil personas y graficó: “Se generó una industria de cooperativas que en algunos casos sirven como instrumento electoral. El Tribunal de Cuentas lo viene observando y lo observó en 2021 y 2022. Estamos considerando que haya un dictamen legal sobre el tema y reordenar el sistema”, por lo que aclaró que en la Comuna “no estamos en contra de que haya cooperativas, pero queremos que cumplan su misión”.

En ese sentido, puso la lupa sobre la deuda municipal, que ubicó en el orden de los 18 mil millones de pesos y remarcó que “hay obras inconclusas que licitó es el Municipio y es responsable de pagarla” en tanto que añadió que además hay deudas con cooperativas.

“Cuando empezó nuestra gestión se retrasó el corte de césped porque no se les pagaba a las cooperativas desde octubre y nosotros teníamos que certificar la tarea y eso lleva trabajo”, aclaró Alak.