El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires avanza en una solución amistosa en la demanda por la los hechos que pasaron a la historia como la masacre del penal de Magdalena, ocurrida en 2005, en la Unidad Penal 28, donde murieron 33 personas. 

El trabajo del gobierno bonaerense se da en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Por decisión del gobernador Axel Kicillof, llevaremos adelante todas las medidas necesarias para cerrar definitivamente el caso abierto por la denominada masacre de Magdalena. El caso de Magdalena ha sido una de las tragedias penitenciarias más importantes ocurridas en el país, y por eso estamos haciendo los mayores esfuerzos para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro”, comentó el ministro Juan Martín Mena a Buenos Aires/12.

La sobrepoblación

Los hechos referidos ocurrieron en la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005 en el pabellón 16 de la Unidad 28 del complejo penal de Magdalena, que era originalmente la cárcel militar y había sido ampliada recientemente. 

En aquellos años el sistema penitenciario de todo el país era testigo de un notable crecimiento de la población carcelaria, producto de las modificaciones al Código Penal conocidas como “Ley Blumberg”, así recordada por ser impulsada por Juan Carlos Blumberg, padre de Axel Blumberg, un joven que fue víctima de un secuestro,  ejecutado por sus captores.

La muerte de Blumberg, que fue asesinado el 23 de marzo de 2004 derivó en una larga campaña de presión mediática, al cabo de la cual el Congreso votó un cúmulo de modificaciones a la norma penal que endureció tanto las penas efectivas como las condiciones de excarcelación, aumentando en poco tiempo la población carcelaria de modo dramático. Por esa razón, en la Unidad Penal de Magdalena se construyeron módulos con bloques de hormigón, rápidos y económicos, cada uno con capacidad para 30 reclusos, aunque esa capacidad se vio rápidamente sobrepasada. 

Los hechos

Con ese contexto como marco general de la realidad carcelaria de mediados de la primera década del siglo XXI, en Magdalena se dio una discusión entre dos internos derivó en pelea. 

El personal del servicio penitenciario ingresó para intervenir y reprimió en el pabellón. Según se desprende de los testimonios y la investigación, la represión fue "desmedida y desproporcionada" respecto de los hechos, incluyendo disparos con balas de goma a quemarropa, a la cabeza y a un metro y medio de distancia. 

Con la intención de protegerse, los internos se cubrieron con colchones y luego, como último recurso, los prendieron fuego. Frente a esto, los penitenciarios salieron del pabellón, cerraron el candado y dejaron que las llamas se devoraran a los presos. 

Murieron 33 personas. 

El hecho fue una especie de reedición en democracia de la conocida “Masacre del Pabellón Séptimo” o “Motín de los Colchones”, ocurrida en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978, en plena dictadura, en la que murieron 65 internos, por la que nunca hubo condenas, que inspiró la canción “Relato de Horacio” del Indio Solari.

La causa 

La causa penal posterior terminó recién en 2018. De diecisiete imputados, tan solo tres fueron condenados, el entonces director del penal, Daniel Oscar Tejera, su secretario, Raymundo Fernández, y el oficial Rubén Montes de Oca. 

Los catorce restantes fueron absueltos. Las condenas fueron por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, pero se desestimaron las de abandono de persona seguido de muerte.

Resuelto este proceso, con el patrocinio legal de CELS y CIAJ, los familiares de las familias de Juan Ariel Campos, Omar Abel Pereyra y César Javier Magallanes, decidieron llevar la demanda a la CIDH. 

Durante su gestión, que concluyó el pasado 10 de diciembre, cuando asumió por quinta vez como intendente de La Plata, el anterior ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, exploró la posibilidad de una solución amistosa, hacia la cual se encaminan las partes.

El primer paso de ese proceso fue la comparecencia en audiencia, en marzo del año pasado, en San José de Costa Rica, mediante la cual, con más de diecisiete años de demora, el Estado reconoció su responsabilidad sobre los hechos. Lo reconoció como uno de los "más graves de la historia carcelaria", en la que se sumaron la sobrepoblación, los módulos de bajo costo y la falta de condiciones de seguridad que derivaron en los hechos. A la vez, se comprometió a arbitrar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos similares, como la creación de  un departamento y brigadas de lucha contra incendios en el Sistema Penitenciario provincial.

En esa ocasión, la comisionada Julissa Mantilla Falcón, relatora para Argentina, sostuvo que aquella intervención representó "un mensaje para la Argentina y para la región". "Es para que se entienda que las personas privadas de la libertad no pueden ser tratadas como personas de segunda, que no pierden la dignidad", afirmó. 

A finales de enero, el actual ministro, Juan Martín Mena, mantuvo un encuentro con las autoridades de ambas organizaciones , CELS y CIAJ, acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, la coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro, Macarena Fernández Hofmann; la abogada del equipo de Trabajo Internacional, Erika Schmidhuber Peña.

Allí se trabajó en los detalles finales para alcanzar la firma de un acta compromiso, en el marco del acuerdo de la solución amistosa entre las partes peticionantes y el Estado provincial, que permitirá cerrar la controversia abierta en un caso considerado emblemático en materia de vulneración de los derechos humanos.

De alcanzarse efectivamente el acuerdo, cuyo contenido permanece bajo la más estricta confidencialidad, debe contar posteriormente con la aprobación del gobierno nacional, para en última instancia, presentarlo ante la CIDH.

Cárceles y reincidencia 

El gobierno encabezado por Axel Kicillof puso en marcha un Programa de Infraestructura Penal, con el objetivo de mejorar las condiciones de detención y reducir el hacinamiento. En el bienio 2022/2023 se construyeron 12 mil nuevas plazas,  frente a las mil cien inauguradas durante el período 2016/2019, que condujo María Eugenia Vidal.

La otra pata del programa provincial para reducir la reincidencia, complementaria de las mejoras en las condiciones de detención, son las posibilidades de empleo y capacitación. El ejemplo más claro es el Qunita Bonaerense, que se fabrica en talleres ubicados en los penales de Olmos, Los Hornos, Florencio Varela y San Martín.