Desde que comenzó la discusión por la ley ómnibus, los "votos de los gobernadores" se convirtieron en el botín más preciado para Javier Milei. Las negociaciones del Presidente con los mandatarios provinciales se iniciaron con una cumbre en Casa Rosada, siguieron hasta el último minuto de la aprobación en general del proyecto y continuarán ahora por el tratamiento artículo por artículo. Ayer, mientras se desarrollaba la tercera jornada de debate, trascendió que se los convocaría para analizar cómo compensar la caída de las recaudaciones locales. El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que se viene un nuevo pacto fiscal y los gobernadores presionan para que se coparticipe el Impuesto PAÍS.
Las cuentas públicas no cierran. Como prometió Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el recorte de las transferencias del Tesoro a las provincias en enero fue estrepitoso: cayó un 98 por ciento, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), y complicó aún más las arcas locales, que ya venían golpeadas por la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y la parálisis de la obra pública. En ese delicado contexto, y en medio de la puja legislativa, surgieron las versiones sobre el diseño de un nuevo pacto fiscal.
El puntapié inicial lo dio Guillermo Francos. No fue casualidad que el anuncio del ministro del Interior fuera en medio del poroteo en Diputados. "Una vez aprobada esta parte de la ley bases nos vamos a sentar con los gobernadores para analizar de qué manera recomponemos los ingresos provinciales”, subrayó. "Buscaremos un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables”, expresó, en un claro mensaje de seducción a las fuerzas aliadas.
La discusión por los problemas de financiamiento viene desde que empezó la gestión y escaló el lunes pasado en el Consejo Federal de Inversiones. Allí hubo un encuentro con un grupo de gobernadores del PRO, la UCR, con Martín Llaryora de Córdoba y funcionarios de Tucumán y Catamarca. El pedido de los mandatarios fue claro: le pidieron al Gobierno que un porcentaje del Impuesto PAÍS pase a ser controlado por las provincias. La propuesta, liderada por Llaryora, tuvo la aprobación de Francos, pero recibió el revés de la Casa Rosada. "El Impuesto PAÍS y el resto del paquete fiscal se discutirá más adelante", manifestó el Presidente a través de las redes sociales. "Se quitó el capítulo fiscal y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento", agregó el vocero Manuel Adorni. La respuesta, obviamente, encendió el enojo de los mandatarios provinciales.
Disputa económica
El reclamo tiene un argumento económico clave. Producto de la devaluación y las modificaciones tributarias, la recaudación por este impuesto aumentó más de 1252 por ciento respecto de enero del año pasado: acumuló unos 450.000 millones de pesos y se proyecta que supere los $6 billones en 2024. De esa plata, un 30 por ciento va a un fondo fiduciario para obras en las provincias. Pero se espera que a partir de marzo, regrese la discusión sobre cómo se reparte, en el marco de la intención del Gobierno de discutir el nuevo pacto fiscal.
La pelea entre Nación y las provincias comenzó con el reclamo de compensación por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, promovidos por el exministro Sergio Massa, que los propios gobernadores avalaron en 2023. Los gobernadores habían acordado con el excandidato a presidente coparticipar el Impuesto al Cheque, una medida que ahora es rechazada por Milei. Por esa razón, se pensó en el Impuesto PAÍS.
La iniciativa de los gobernadores establece que el 70 por ciento de los recaudado continúe en manos de la ANSES, el 9 por ciento en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), y el 21 por ciento vaya para las provincias, necesitadas de fondos para poner pagar sueldos y poner en marcha la obra pública.
Pulseada legislativa
El oficialismo tendrá hasta el martes para escuchar las demandas de los gobernadores y lograr convencerlos que apoyen los artículos más cuestionados de la ley ómnibus. Las frenéticas negociaciones que en las últimas jornadas ocuparon el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dejaron varias discusiones abiertas con las fuerzas aliadas. El tema privatizaciones está sobre la mesa y también tiene como protagonista a Llaryora. De la lista de 37 empresas públicas que el Gobierno había incluido para vender en forma total, quedaron 26. Se eliminaron 11 firmas, todas con sede en la provincia de Córdoba.
El otro punto en discusión es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses (FGS). El oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional para poder vender las acciones. Los mandatarios exigen que el traspaso se haga compensando las deudas de las provincias con el FGS y que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas.
En medio de los tironeos, las provincias patagónicas se anotaron un triunfo. El Gobierno retiró del proyecto las modificaciones a la Ley de Pesca, incluidas en el texto original. “Defendimos el trabajo y los recursos de los chubutenses. Hicimos escuchar la voz de Chubut”, celebró el gobernador Ignacio Torres. La eliminación del capítulo fiscal, que incorporaba entre otras cosas, la suba de las retenciones, fue la gran victoria de una batalla que tendrá varios capítulos más.
