"La soga de la construcción se cortó"

Los trabajadores, las PyMEs, los proveedores de materias primas y las cámaras que agrupan a empresarios de la construcción coinciden en un diagnóstico: el parate vigente en la obra pública desató un escenario crítico y de clara urgencia. La provincia de Buenos Aires no es la excepción. En Olavarría, cuna del cemento, el escenario es traumático. Por primera vez en más de diez años Loma Negra no tiene elaborado un presupuesto para 2024, se redujo el embolsado de cemento y ya comenzaron los cierres de canteras y fábricas vinculadas a la construcción.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de la Construcción (COMARCO) emitió un comunicado donde afirma que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”. Se refiere como condiciones al “quiebre de las cadenas de pago” y la creciente inflación.

A este punto se le agrega el análisis de la Confederación de PyMEs Constructoras (CPC) de la Argentina. Asegura que la “soga se cortó”, que la obra pública está “paralizada” y que ya hay “despidos masivos”.

Este combo termina siendo catastrófico para una localidad como Olavarría, donde distintos sindicatos no sólo levantan la mano, si no que ya están en negociaciones para no caigan los puestos de trabajo en canteras, ladrilleras, fábricas de cerámicos y cementeras. Están envueltos en esta vorágine porque los cierres ya empezaron y la causa se reduce a una conclusión: cae la producción porque se retrajo abruptamente el mercado desde el 10 de diciembre.

La caída

“Acá se produce el 60 por ciento del cemento del país”, dice Bruno D’Amico, empleado de la cementera Loma Negra y tesorero de la representación seccional local de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

Pone como ejemplo que hasta noviembre del 2023 estaban "cobrando el premio a la producción, que era más o menos un 10 por ciento más de sueldo, y hoy está en cero, lo que significa un total de entre 70 y 80 millones de pesos menos por mes entre todos los trabajadores, y eso es 70 u 80 millones de pesos menos en los supermercados, almacenes o farmacias de Olavarría”.

El dirigente sindical explica a Buenos Aires/12 que nunca vivió una situación como la actual. Dice que lo más parecido sucedió en 2017 con Mauricio Macri en la presidencia, con la diferencia de que hoy en día no hay ninguna esperanza de corrección sobre la situación actual. “Y sólo van 50 días”, registra. Su pronóstico ante las protestas sociales por el modelo económico que pregona el presidente Javier Milei es duro: “Esto termina con muertos por represión”.

Con más de diez años en la empresa que fue propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, cuenta que por primera vez el sector de ventas no envía la proyección y necesidades de producción para 2024. “Como tarde, lo enviaban en octubre o noviembre del año anterior”, señala. A esta condición le agrega que, si bien se mantienen los tres turnos de embolsado de cemento, la totalidad de lo que se embolsa equivale a lo que se hacía en un solo turno del año pasado.

“Nos confirmaron que no van a echar a nadie, pero también nos aseguraron que no van a reponer ninguna baja”, advierte.

D’Amico detalla que el destino de las bolsas de cemento se divide en un 50 por ciento para la obra pública y el otro 50 para la construcción privada. “El freno a la obra pública que se está viviendo hace que se caiga la producción de las canteras y las pequeñas fábricas, pero también hace caer al sector privado porque una alimenta a la otra”, sostiene.

En los últimos días, la cantera LCE Águila Azul en Colonia San Miguel que pertenece al partido de Azul pero que depende de AOMA despidió quince trabajadores y anunció que está en camino a cerrar sus puertas. “Sus dueños les habían dicho a los empleados que si ganaba Milei cerraban por lo que proponía, y encima los anuncios cuando ganó fueron mucho peores de los esperados”, relata el dirigente sindical de los trabajadores mineros.

También está el caso de Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA), una firma originaria de Paolo Rocca y hoy parte del grupo económico Cerro Negro. En diciembre paró su producción y decidió cerrar sus puertas por la caída de la demanda en el mercado interno.

Luego de reuniones con los representantes sindicales lograron sostener los 55 puestos de trabajo en la planta principal de Cerro Negro, pero advierten que el freno desde el 10 diciembre es “bestial”, según cuenta Gustavo Bustamante, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO) a este medio.

Las conclusiones de D’Amico y Bustamante coinciden con el comunicado de COMARCO. En el caso de la cantera LCE, D’Amico cuenta que pertenece a un grupo económico que tiene una constructora y se hicieron del yacimiento para tener su propio insumo. “Venían bien y pensaban ampliar la producción, pero el 90 por ciento de la producción iba a la obra pública,  con este parate empezaron los despidos y ya hablan de que en marzo será peor porque esto no repunta”, advierte.

El dirigente toma como ejemplo lo que sucede a pocos kilómetros de Olavarría en Sierras Bayas, donde se levantó el obrador y quedó paralizada la obra del nuevo ingreso a la localidad. También está el caso de la transformación de la Ruta Nacional N°3 en autovía, “donde apenas siguen unos movimientos de tierra”.

Bustamante, a quien le toca vivir el cierre de LOSA, indica que la situación que hoy atraviesa el sector tiene su origen en “un demente que no sabe lo que causó” con el freno de la obra pública. “Cuando tenés que planificar y te encontrás con que venís de hacer 100 mil viviendas desde el Estado a la nada, te mata”, señala.

La fábrica que producía 75 mil metros cuadrados por mes cerró sus puertas el 22 de diciembre. Los 55 empleados de la planta pasaron, luego de las negociaciones con SOECO, a la fábrica principal de Cerro Negro, pero allí se dieron de baja más de 40 contratos de trabajadores que suplían puestos por vacaciones. “Hay gente que igual queda en la calle”, lamenta Bustamante.

“Lo que nos dijeron es claro: el mercado se derrumbó”, relata el sindicalista. Y agrega: “Hoy el problema que tenemos es que, si esto no repunta, no sabemos que pasará en marzo y abril”.

“Esto es peor que en el 2001, porque se arreglaba con suspensiones o con la quita de algún turno, no con un parate”, cuenta. Y no deja pasar un hecho que sería trágico para el sector: “Si abren las importaciones a Brasil y China las empresas chicas desaparecen”.

El caos de las PyMEs

En paralelo, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de PyMEs de la Construcción (CPC), responde ante la consulta sobre si hay margen para resistir la actual situación económica. Él es el autor de la frase sobre que "la soga se cortó”. Enumera que ya hay despidos masivos producto de la paralización de la obra pública, no sólo por la decisión de que no haya nuevas, sino porque hoy no se está pagando nada de lo adeudado.

“Milei accedió al gobierno diciendo en su campaña que iba a cumplir los contratos porque la Argentina no cumple y por eso no llegan inversiones, pero en cincuenta días no cumplió ningún contrato”, señala. La conflictividad hoy está presente en su rubro a raíz de las deudas que se generaron, la acumulación de cheques rechazados y “lo que sí funciona aceitado en el Estado que es la AFIP, porque no te pagan, pero rápidamente te intiman si te adeudas cuando son ellos mismos los que te frenan los pagos”.

Fernández no quiere que se olvide que los problemas con los pagos empezaron en febrero de 2023. “Las elecciones locales, en provincias y las nacionales siempre fueron siendo excusa para dilatar decisiones, y hoy la realidad es que los últimos pagos son de noviembre de 2023 pero que pagaron certificados de 60 días atrás”, explica.

“Claramente el sistema argentino no está preparado para que no haya obra pública, pero además, es algo que no existe en el mundo”, advierte Fernández. “Se ha planteado en último tiempo muchas opiniones sin argumentos, como lo del sistema a la chilena que sería un tipo de obra público-privado que prácticamente fracasó en todos lados”, indica.

Detalla que, en 2023, solamente fue del 8 por ciento del presupuesto que destinó el gobierno chileno a las obras con participación privada. “Hay posibilidad de concesionar una ruta, sí, pero tentar a un privado a que construya una ruta y la concesione es difícil en un país con tanta inseguridad jurídica y con la política pendular que tiene, donde pasás de hacer más de cien mil viviendas a no querer hacer ninguna”, remarca el dirigente.

El titular de CPC destaca que durante el último año del gobierno anterior, al menos, “se venía cobrando”. Crítico del INDEC y los números que toma para conformar sus variables, que “no coinciden con la realidad”, Fernández hace hincapié en que hoy existe una presión de la AFIP sobre las PyMEs cuando son las primeras en “priorizar el pago a sus obreros porque son como su familia, y van a pensar primero en pagarles a ellos antes que a la AFIP”.

 

Pide que se comprenda la situación de las PyMEs, que no son un ámbito cuyos empresarios puedan ahorrar en pesos “porque siempre invierten para que no se les licúe lo que ganan y que tampoco se lo retengan”. 

“Cuando dicen que al sector le fue bien tres o cuatro años no quiere decir que tengan la plata guardada, porque son empresas chicas y cuando ganás algo más comprás una máquina”, señala.