"Milei no puede ideologizar todo y olvidarse que hay un marco institucional de derechos. Le exigimos al gobierno nacional que cumpla lo que tiene que cumplir, como la convención contra toda forma de violencia hacia la mujer, las leyes, y los tratados, que obligan a la Argentina a garantizarle las mejores condiciones de vida a las mujeres."

Quien habla con BuenosAires/12 es Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. A horas de que se supiera que la fiscal Claudia Barcia comandará la subsecretaría de Género de Nación, la titular de la cartera bonaerense pidió una reunión de manera inmediata. Aunque el encuentro todavía no se llevó a cabo porque la designación de Barcia aún no fue oficializada, Díaz adelantó a este diario en qué consistirá su pedido: "el plan completo de abordaje y todas las políticas nacionales, como la línea 144, el programa Acompañar y los equipos interdisciplinarios deben continuar funcionando".

Al arribar a la provincia más grande del país en diciembre de 2019, el gobierno que comanda Axel Kicillof creó el ministerio que encabeza Díaz. Ella explica que tras cuatro años de pensar, diseñar, crear y perfeccionar los abordajes de la cartera, la elección de octubre pasado significaba "un momento de profundización". Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder, secundado por las decisiones económicas de Luis Caputo, complejizaron el panorama. "En medio de esta crisis de proporciones enormes debemos gestionar", subraya la ministra, como primer paso a seguir. "Hay incertidumbre. Lo que acaban de votar en general, y la vigencia del DNU que pone en venta a la Argentina y que recorta soberanía y recursos. Las medidas van a golpear a la sociedad de una manera muy brutal, lo que afecta las relaciones interpersonales y agudiza las relaciones de violencia" advierte Díaz, y advierte: "Necesitamos más Estado presente y haremos todos los esfuerzos por cumplir nuestro plan con mucha militancia, creatividad y eficiencia".

El pasado miércoles, en Villa Gesell, Kicillof encabezó la inauguración del Hogar de Protección “Casa Lorena", un dispositivo territorial de protección integral destinado a mujeres y diversidades que se encuentran en situación de violencia por razones de género de alto riesgo. La casa, que lleva el nombre de la víctima de femicidio Lorena Arana, fue construida por el municipio que gobierna Gustavo Barrera y contó con la articulación de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de Villa Gesell. La inversión inicial fue de 48 millones de pesos y el edificio, que se integra en la Red de Hogares bonaerenses, cuenta con cuatro dormitorios, sanitarios con vestuarios adaptados a personas con discapacidad, un salón de usos múltiples, una enfermería y una blanquería.

Díaz detalla que al llegar al gobierno rediseñaron el sistema integral de abordaje de las violencias ligado a los hogares de protección integral, conocidos con el viejo nombre de "refugios". Y describe que cuando comenzaron las políticas contra la violencia se trataba de "lugares centrales, cerrados y no conocidos, donde se resguarda la vida", por lo que no están identificados, tienen custodia y las mujeres que sufren violencia "están de paso allí". Si bien la titular de las Mujeres bonaerense señala que aún hay hogares con estas modalidades, destaca que en su momento "no existía el marco normativo-legal que hay ahora, ni las políticas de abordaje ni el trabajo con los varones que se realiza en la actualidad". Por ese motivo, el ministerio que ella conduce llevó adelante "una ampliación de la perspectiva de abordaje de la violencia ha posibilitado una transformación en la función de los hogares de protección integral". En ese sentido, la Provincia formuló la Red de Hogares donde casas como la de Villa Gesell, que son municipales, cuentan con el apoyo económico de distintas carteras del gobierno provincial. Hoy la red está integrada por más de 80 dispositivos ubicados en diferentes municipios bonaerenses y las mujeres que son resguardadas pueden asistir junto a sus hijas e hijos.

"Para el funcionamiento de los hogares y su integración a la red construimos, de manera colaborativa, los criterios para sentar los estándares de calidad básicos, de servicios, de equipos básicos para su atención, y los criterios de colaboración necesarios para recibir a una persona de otra zona", cuenta la ministra y añade que "hay distritos muy pequeños donde a veces es un riesgo que la persona esté en su propio municipio y va a uno cercano".

Díaz señala que "no se necesitan tanto" los lugares de protección completamente cerrados porque existen "medidas de control sobre los agresores que antes no había". Y resalta el componente judicial de este nuevo escenario: "Las cautelares inmediatas se toman con más celeridad y hay otro conjunto de respuestas que posibilita pensar los hogares como una herramienta de proceso de salida". Las casas abiertas, además de su zona de alojamiento con habitaciones, cocina y SUM, cuentan con un lugar de atención general para cualquier persona que necesite ser asistida por violencia y que no necesariamente viva allí.

Las mujeres violentadas, generalmente se van de sus hogares porque la casa era de su marido o estaban alojadas en un lugar de la familia del esposo. Además, en muchos casos, las agresiones se replican en el entorno familiar o vecinal. Mientras desarrollan su vida en las casas que conduce el ministerio, la cartera construye una estrategia para que puedan alquilar una vivienda. "Las casas tienen esa funcionalidad, y mientras tanto atienden los equipos interdisciplinarios", cuenta Díaz, y remarca que también "se trabaja con los hijos para buscar la continuidad de la escolaridad". 

Aunque es importante, la educativa no es la única dimensión en la que los hijos de estas mujeres están afectados: "La mayoría de las mujeres están con sus hijos que, al ser testigos de violencia, también sufren porque eso tiene un impacto subjetivo y de socialización muy fuerte en su crianza", cuenta la ministra y agrega que "se contribuye en el corte de situación y en la reconstrucción de la vida sin violencia porque es un derecho humano básico", y concluye que "hay que poner allí todos los recursos".

Si bien dependen del distrito donde se encuentren y de la demanda que representen, en general, la base que tienen los equipos que visitan las casas está compuesta por una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, operadores especialistas en violencia y personal administrativo. "Hay municipios que tienen un equipo central en la ciudad y otros días alternan la atención en otras localidades", explica Díaz, que destaca la función del programa Comunidades Sin Violencia porque "ayuda a que los distritos contraten más profesionales y tengan sus equipos descentralizados".

Cada caso de violencia es particular y tiene sus características. Sin embargo, la cartera de las Mujeres cuenta con plazos de resolución. En dispositivos cerrados calculan tres meses como máximo y cuando son dispositivos abiertos, la estadía se piensa a seis meses. Díaz explica que, cuando la persona ingresa, "los equipos cuentan con un protocolo que define qué características de la situación está atravesando, entonces se plantea allí si es elegible, se toma el nivel de riesgo y las redes propias de contención de la persona", aunque advierte que la prioridad es "sacar al agresor y pararlo", porque "no es la mujer la que tiene que rearmar toda su estrategia de vida y tiene que quedarse porque también es su casa, pero no siempre pasa".

Los de género suelen ser casos penales, porque se trata de violencias graves. La cartera bonaerense realiza un acompañamiento de las medidas que va tomando el poder judicial y, mientras tanto, analizan la situación particular de cada víctima. "Hay quien tiene trabajo y quien no; está la que tiene una propiedad o que la familia le da un terreno, y allí buscamos una politica habitacional que ayude a poner una casa prefabricada", cuenta Díaz y puntualiza que "hay tantas situaciones y tan variadas que todo depende de las características de cada caso". Asegura que el trabajo se orienta a que "reestablezcan una vida libre de violencia" y para eso, en todos los casos, el ministerio tramitaba el programa nacional Acompañar, que significaba un ingreso equivalente a un salario mínimo por seis meses. Ésa es una de las políticas que la ministra bonaerense exigirá que continúe con la subsecretaria entrante.

La mayoría de los casos son situaciones de violencia dentro de la pareja. Díaz advierte que allí "también hay que construir la autonomía, la confianza en sí misma y la autoestima", porque la persona que violentó a la mujer "la puso en un lugar de defensiva y de victimización" y agrega que se trata de "un proceso que a veces lleva años, entonces hay que tener herramientas para las distintas cuestiones que necesiten ese proceso, y éstas casas cumplen con la cuestión del alojamiento".

Al ser consultada sobre las dificultades que deberán sortear en el corto plazo, la ministra explica que Kicillof "fue ratificado para un segundo período de gobierno por el compromiso político y de gestión que hizo con los bonaerenses", por lo que su gabinete "hará todos los esfuerzos para garantizar ese compromiso y eso representa que hay que profundizar el camino que llevamos adelante durante estos primeros cuatro años como ministerio de las Mujeres y Diversidad". Explica que el gobernador insiste en "continuar con el compromiso de que la perspectiva de Género sea transversal a las políticas de Gobierno" y que no sea tarea sólo de un ministerio. Y concluye: "En medio de tanta crítica y negacionismo, nosotras recibimos todo el tiempo el pedido de ampliar el abordaje. En los territorios es muy bien recibida la política de género, porque los intendentes se dan cuenta que la demanda de su territorio, que era resuelta en soledad, desde hace cuatro años cuenta con un gobierno provincial que la respalda".