En el lenguaje jurídico, fuerza mayor es la que no puede ser prevista o que prevista no puede ser evitada. Se trata de un concepto que se reitera en numerosos códigos de leyes y que permite definir la responsabilidad de quienes han participado de determinados eventos dañosos.

En términos de daños, en el Congreso de la Nación está transcurriendo un proceso legislativo que puede llevar al país y a sus habitantes a tragedias superiores a las vividas en el siglo pasado y en el actual en cuanto a deterioro profundo de la salud, del trabajo, de la convivencia, en síntesis, de la vida. Las alternativas de lo sucedido durante 72 horas dentro y fuera del recinto y una adecuada ubicación en el contexto político previo, representan un muestreo suficiente para comprender en su dimensión el complejo panorama que el gobierno de Milei ha logrado instalar en la comunidad.

Dentro del recinto

Un grupo de 38 diputades, en representación del pueblo de la Nación, comenzaron el 31 de enero una osadía que no tiene antecedentes en la democracia del país. Una breve reseña permite acercarnos a la comprensión del momento que se vive.

El presidente Javier Milei firmó junto a sus ministros el 21 de diciembre, un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de 366 artículos, por los cuales desde lo económico se desguaza el Estado nacional en lo que hace a sus recursos naturales y materiales. La norma comenzó a regir el 2 de enero de 2024. Desde lo social, altera y degrada las condiciones de vida de sus habitantes a niveles nunca antes vividos en la Argentina. Se trata de una norma ilegal desde su origen ya que no se dan las condiciones ni de necesidad ni de urgencia imprescindibles según la Constitución nacional para su dictado. Además de la aludida ilegalidad formal, el contenido del DNU, igualmente írrito, retrocede de manera explícita en la mayor parte de los avances en materia de Derechos Humanos logrados en las últimas ocho décadas en el país. En su incalificable desparpajo deroga cientos de leyes sancionadas por el congreso de la nación dictadas en resguardo de derechos esenciales de la población.

No es arriesgado afirmar que su aplicación condenaría a la angustia profunda, así como a la desprotección y la muerte a una parte importante de la población, sin perjuicio de la responsabilidad criminal internacional de sus autores y propulsores.

Luego, el 27 de enero, Milei envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que, en 664 artículos, ratifica la finalidad espuria del DNU citado y se autodelega facultades legislativas expresamente prohibidas por la Constitución nacional. El análisis serio de su contenido permite afirmar que, de concretarse su sanción, en un lapso no muy extenso de tiempo, se producirá un lesión grave a la integridad física o mental de una parte importante de la población del país, sometiendo a esos grupos de habitantes a condiciones de existencia que van a acarrear su destrucción física, total o parcial (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Constitución Nacional, art. 75 inc. 22).

En el interior del recinto, distintos grupos de legisladores repartidos en bloques, minibloques y monobloques, mostraron una realidad institucional que en algún momento deberá ser abordada. Allí, un grupo minoritario de diputadas y diputados (LLA), integrantes de la facción que representa al presidente de la nación, argumentaron con pobreza intelectual exultante, las razones por las que la infame ley debía ser aprobada. Sólo para ilustrar la calaña, baste recordar que una de las legisladoras sostiene públicamente que las mujeres perforan preservativos en sus relaciones sexuales, con el fin de comprometer a los futuros padres. Otro de los diputados del grupo atribuye la extinción de ballenas y elefantes a la falta de alambrado de los océanos. Se trata del mismo legislador que al salir de la sesión del 2 de febrero a la madrugada, señaló a la prensa sobre las brutales facultades que piensan otorgarle a Milei, que “Es darle poder para quitarle poder” (sic).

Mas allá de la hilaridad que pueden producir las citas, lo cierto es que estamos ante un momento de nuestra cultura político institucional en el cual se encuentran desactivados los mecanismos de control. Aquellos que han sido diseñados hace muchas décadas para evitar que personajes de esas características ingresen al cuerpo legislativo o que una vez ingresados puedan ser expulsados.

Fuera del recinto

En las calles aledañas al Congreso, las imágenes superaron la ficción. Un despliegue de fuerzas de seguridad con uniformes, vehículos y armamento sofisticado confirmaban la reproducción de la grieta interna del recinto. Cientos de funcionarios de gendarmería, policía y prefectura, que de aprobarse la ley serán igualmente alcanzados por las mismas afectaciones vitales que quienes protestan, fueron instalados en el lugar. No para seguridad ni garantía alguna de legisladores, transeúntes o vehículos. El diseño del operativo persiguió lo que finalmente sucedió, una muestra brutal de violencia institucional acorde a los tristes antecedentes de la ministra Bullrich que lo ordenó. Intimidación y represión imprescindibles para sostener la ley criminal en danza en la trágica admonición del presidente de la nación y su socia: “el que las hace las paga”.

La interacción

El Presidente de la Cámara, Martín Menem, tenía delante suyo una notebook con las imágenes de la represión en las calles. Así, mientras el presidente del bloque de UP solicitaba un cuarto intermedio para ir a la calle a frenar las agresiones al pueblo, el diputado Menem, sometía cínicamente a una votación delirante lo que no era opción sino obligación.

La salida de decenas de diputadas y diputados de FIT, UP y CC no impidió las balas de goma sobre los cuerpos de los pacíficos manifestantes y reporteros que eran agredidos brutalmente en una represión cuidadosamente planificada y direccionada. Era el reiterado anuncio de “cárcel o bala” de José Luis Espert, llevado al acto. Algunos medios presentes mostraban la angustiante imagen de un adulto mayor que caminaba con bastón, golpeado por las fuerzas de seguridad y que agachado ofrecía su pelada cabeza para quien se animara a partirla. Una de las muestras más crudas de la realidad que se está viviendo.

Casi finalizada la sesión, el diputado Alejandro Finocchiaro calificó a los jubilados y militantes agredidos como “un grupo de diletantes que están empeñados en ser reprimidos” (sic). Agregó que “Están al pedo en la plaza” (sic). El razonamiento del ex ministro de Educación de Macri, recrea las argumentaciones que precedieron las tragedias más grandes de la humanidad. Un proceso de creación y demonización de un enemigo a quien luego, habría que exterminar. Un número importante de legisladores de su bancada y asociados, lo aplaudieron.

Es ilustrativo recordar que la noche anterior, varias jóvenes militantes de la Unión Cívica Radical fueron golpeadas y detenidas por sentarse en la calzada a cantar el Himno Nacional. Dirigentes de su partido pidieron enérgicamente su liberación. Son los mismos dirigentes que van a votar la delegación de facultades legislativas a Milei y el desguace del Estado. Oximorons de la época.

La institución

La responsabilidad de los miembros del Congreso de la Nación en momentos como éste es mayúscula. Un grupo de 38 legisladores -la bancada de LLA- forman parte del gobierno que promueve la debacle. Otros bloques de diputades, que se conocen como “oposición dialoguista” son claramente la versión actual del colaboracionismo histórico en las tragedias totalitarias. Su cinismo sin límites les habilita los reiterados eufemismos con los que intentan justificar su posicionamiento brutal. Actúan según dicen con el fin de “facilitar la gobernabilidad…” (sic).

Finalmente, un sector muy numeroso de legisladores de Unión por la Patria, Frente Izquierda y Trabajadores-Unidad y diputades de otras bancadas (Socialismo y Facundo Manes por ejemplo) se oponen a la criminal entrega en marcha. Intenciones y pensamiento indudablemente ubicado en cuanto a la sensibilidad social y posicionamiento frente a la violencia de los proyectos. Sin embargo, su actuación resulta insuficiente para un freno efectivo a la barbarie de la alianza mafioso-fascista que ocupa la escena. Les Finocchiaros, les Lemoines y Benegas Lynch no llegan sólo por sus desvaríos y afinidades con la cúpula del ejecutivo. Son producto también de la impotencia de quienes están comprometidos con la defensa de la justicia social y los Derechos Humanos.

El Congreso de la Nación es un poder del Estado creado para legislar a favor de la vida y sin embargo hoy, una mayoría circunstancial de diputades, rinden culto a la muerte. Les Finochiaros, y sus socios colaboracionistas integran un espacio político que durante el gobierno de Mauricio Macri, desactivó la mayoría de los controles de la democracia. Ello afectó la capacidad de reacción eficiente de los representantes del pueblo que hoy infructuosamente intentan evitar un atropello sin precedentes.

Lo que lleva a las tragedias como la que se está gestando, es la falta de representación previa de la dimensión del riesgo. En ese sentido, si estamos ante una situación que excede la representación que nos es posible, sólo apelando al análisis y estudio histórico y a la memoria vamos a poder tener noción real del peligro que enfrentamos. Esa conciencia nos permitirá elaborar de manera interdisciplinar respuestas adecuadas y proporcionales.

Mientras esto sucede, el presidente Milei publicita una reunión virtual con el fundador de Tinder, sitio conocido de citas amorosas. Está poniendo en marcha su anunciado “plan de estabilización de shock” (sic), que no es otra cosa que la concreción de un plan para generar extraordinaria conmoción social que habilite medidas extremas de intervención. Desde allí, entonces, consolidar un nuevo e inédito saqueo y fuga con la pérdida de vidas que esos procesos suponen.

La “fuerza mayor” que pretende Milei no es la que proviene del cielo como vocifera. Se trata de un intento de fraude mayúsculo que, si bien parece no haber sido previsto, sin dudas será evitado.