El Gobierno mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece. La política pública alimentaria venía siendo cuestionada por los movimientos sociales, en el marco de un proceso de reducción del gasto fiscal, pero suspender los pagos y el envío de mercadería mientras “están pensando” una mejor respuesta no contribuye a la solución, denuncian. Ayer el Gobierno giró un monto para la Tarjeta Alimentar, un programa que cubre una asistencia acotada para niños y niñas de hasta 14 años.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares que por ley se habían renovado emulando el presupuesto de 2023. De esta manera, el Gobierno contribuye al ajuste fiscal pero cargando el peso sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, y no sobre la casta. Inclusive el superávit fiscal de 2 por ciento del PBI acordado con el FMI preveía el diseño de políticas públicas de contención para los sectores más vulnerables.
No obstante, la cartera manejada por Pablo de la Torre decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos —el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”— y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 por ciento de los fondos de la Secretaría.
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 por ciento del total de los recursos. Hoy es del 0 por ciento, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32 por ciento del presupuesto de la Secretaría. Ayer, para ese programa fueron destinados 132.000 millones de pesos.
La explicación del Gobierno para suspender la asistencia a los comedores es que quieren mejorar el sistema, para que los establecimientos compren directamente la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado Nacional. A esto apunta la política de extender la Tarjeta Alimentar a los comedores, que hasta ahora alcanzó a un número muy reducido.
Los movimientos sociales también critican las compras que realiza el Estado pues “entrega mal y tarde”, ya que ningún proveedor quiere venderle porque pagan con una demora de casi seis meses. Rafael Klejzer, referente del movimiento La Dignidad, señaló que los movimientos sociales muchas veces consiguen agilizar las compras y obtener mejores precios porque compran al por mayor pero además conocen a los comercio de cercanía. “Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume", aclara.
Desde el Centro de Estudios por la Soberania Popular Mariano Moreno, que dirige Klejzer, relevaron los aumentos de precios en comercios de cercanía a los barrios populares durante enero y encontraron cifras preocupantes: el vinagre subió 64,2 por ciento en el mes, los jugos en polvo 63,3 por ciento, la polenta 54 por ciento, el aceite 45 por ciento, la harina 43,5 y la leche 41,4 por ciento, para mencionar algunos ejemplos.
Las subas en los comercios de cercanía suelen ser mayores que en supermercados, esto cuando el programa Precios Justos estaba vigente pero también por las ofertas que suelen ofrecer los grandes centros comerciales pero no un almacén. “En el contexto inflacionario actual, si el Estado sólo prorroga las partidas del Presupuesto 2023 el desfinanciamiento para los comedores populares será muy importante”, advierte Klejzer. “Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 por ciento menos que años anteriores”, agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: “desde 2021 funciona mal”.
Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP y trabajadora en comedores, comenta que la situación es desesperante para algunos sectores de la sociedad. “Donde antes se daban 80 tuppers hoy se reparten 150, y cada tupper contiene más de una ración, pero la mercadería no alcanza. Entonces los comedores que abrían de lunes a viernes, ahora solo abren tres días y los que abrían tres días pasaron a abrir solo uno”, ejemplifica.
En igual sentido se manifiesta Klejzer: “La gente que asiste a los comedores populares crece cotidianamente, entonces algunos comedores no daban abasto se transformaron en merenderos, y otros merenderos son ahora una olla popular de una vez por semana”. La cantidad de personas que asiste a los comedores cambia semana a semana. “Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes”, agrega Zarza. “La situación en los barrios es delicada y las personas se enojan con las propias compañeras porque entregan raciones pequeñas que es lo que se llega a cocinar”.
La calidad de la comida en los comedores muchas veces no es buena y las entregas estatales son lerdas y discontinuas: “Un día te dan hidratos pero no entregan aceite ni azúcar, otro día te arreglan con algunas latas de tomate y arvejas”, sostienen desde la UTEP, pero discontinuar las asignaciones de recursos físicos y monetarios a los comedores no parece ser parte de la solución. Mientras el Gobierno “está pensando” una mejor respuesta, transforman lo malo en peor. Lo mismo sucedió con la entrega de las cajas de navidad que fue suspendida en diciembre porque evaluaron que eran muy pocas, “inclusive en la transición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se entregaron”, señalaron desde los movimientos sociales.
Respecto a las asignaciones presupuestarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el miércoles pasado que el Ministerio de Capital Humano “ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 por ciento el presupuesto destinado a las transferencias a comedores”, sin embargo ninguna de esas cifras pudo constatarse con la información oficial consultada por este diario. Sí se observó que el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 —lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 por ciento anual—, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. Ante este escenario, los movimientos sociales, referentes de iglesias y algunas ONGs presentaron a las autoridades un listado de los comedores que administran y la cantidad de personas asistentes, pero todavía no obtuvieron respuesta.
“El lunes vamos a hacer una fila en la puerta del Ministerio de Capital Humano para que atiendan individualmente a quienes tienen problemas de alimentación”, comentaron desde La Dignidad, “pero todavía no resolvimos cómo trasladar a las personas que viven en el interior del país”. Además, el jueves repetirán la asistencia a las puertas de supermercados para recibir donaciones. Interpretan que va a haber lucha. En tanto desde la UTEP calcularon en respuesta a las autoridades que “si el Gobierno quiere atender una a una a las personas con hambre, le va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de dos minutos por persona”.
