Los familiares de Nahuel Morandini y Roque Villegas reclaman hace un mes la libertad inmediata de sus seres queridos detenidos. No se cansan de repetir que las imputaciones que pesan sobre ellos -por supresión de la identidad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género- sólo se basan en un posteo con imágenes que no realizaron los dos acusados, donde se hacía alusión al exgobernador Gerardo Morales y su pareja, Tulia Snopek, los denunciantes. Morandini y Villegas permanecen en la Unidad Penal 1 de Jujuy desde el 4 de enero.

Lucía Castro Olivera, compañera del docente universitario Morandini, cuestionó el procedimiento que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación jujeño para demostrar que los dos imputados son, efectivamente, culpables.

“En la última audiencia", contó a Salta/12, "después de que ampliaron la imputación por violencia de género y pasando las penas de leves a graves", los denunciantes "presentaron un peritaje por lesiones, pero una hora antes de comenzar esa audiencia", detalló. El Estudio Gil Lavedra confirmó a este diario que no patrocina a Snopek y a Morales en la causa.

Castro Olivera precisó que ese procedimiento ingresó al expediente después de ser realizado y "sin avisar antes a las partes para que pudieran presentar sus propios peritos”. Explicó que ese peritaje tuvo por objeto "probar si efectivamente se puede vincular de forma directa lo que posteó Nahuel”, en alusión al tuit del 26 de diciembre, “con el daño que se le imputó", que, aclaró, "nada tiene que ver con todas las cuestiones que siguen dando vuelta en las redes".

Castro Olivera calificó esa omisión de informar a las partes sobre un peritaje clave como "un cercenamiento del derecho a defensa". La causa se inició por denuncias que presentaron Snopek primero y Morales después, por posteos que realizaron Morandini y Villegas desde sus perfiles en la red social X (antes Twitter). Esos tuits se insertaron en una conversación social mucho mayor que giró en torno a cuestiones privadas de la pareja Morales/Snopek, e incluso se extendieron por otras redes sociales como Tik Tok. Un ejercicio de aproximación realizado por este medio para dimensionar la cantidad de participantes solamente en esa conversación en la red social de Elon Musk dio como resultado más de 1.200.000 potenciales participantes, tan solo sumando los seguidores de 20 perfiles analizados.

La familia de Morandini decidió recientemente saltar el cerco del miedo que impusieron las prohibiciones ordenadas por el juez de Control Pablo Pullen Llermanos en una audiencia celebrada a mediados de enero, en la que resolvió que los dos imputados y sus familiares y allegados no pueden "efectuar expresiones públicas por cualquier medio utilizando el nombre de las víctimas", de Tulia Snopek y la hija menor de edad del matrimonio. Incluyó además la prohibición de hacer "referencia de ambas con relación a su progenitor y esposo", y "la utilización de su nombre o del cargo público que ocupó u ocupare” Morales.

Una de las primeras medidas de acción directa en la que participaron las dos familias fue instalar, el último día de enero, una radio abierta en la zona de la vieja estación de ferrocarril en San Salvador de Jujuy, frente al Ministerio Público de la Acusación. No estuvieron solas. A Lucía y Norma (hermana de Roque Villegas) las acompañaron referentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales jujeños. Y al momento de tomar el micrófono, contaron la penosa experiencia que atravesaron para visitar a sus seres queridos en el penal de Villa Gorriti.

“Cuando fui a visitar a Nahuel estaba el hijo más chico de Roque”, contó Lucía mientras Norma asentía con la cabeza. “No lo dejaban entrar porque (oficiales del Servicio Penitenciario) decían que había un procedimiento que no se había realizado”. Como Lucía y sus hijas entraron primero a visitar a Morandini, el hijo menor de Roque se desesperó. “Se largó a llorar de tal manera", contó Castro, "que finalmente alguien del Servicio autorizó su ingreso”. Durante la entrevista con este diario, mencionó que en la visita vio a su compañero en buenas condiciones, aunque "preocupado por la situación del país". Ambos lamentaron que sus hijas “tuvieran la triste experiencia de conocer el penal". "Habían pasado mucho tiempo sin ver a su papá, así que las llevé”, contó.

Maltratos y vejaciones

Castro Olivera fue quien denunció públicamente los maltratos y vejaciones que sufrió su compañero, y también Roque Villegas, durante los primeros días de encarcelamiento en el Pabellón 2 del Penal de Gorriti, un sector conocido también por el sobrenombre de "chancha". 

El abogado de Villegas, Adrián Iconomovich, desmintió primero cualquier maltrato o violación de los derechos de su cliente durante esos días del encarcelamiento. La Jefatura del Servicio Penitenciario de Jujuy publicó un comunicado advirtiendo primero que salía "al cruce de las declaraciones de la esposa del interno Marcelo Nahuel Morandini, quien aseveró", citó, "que el procesado había recibido un trato denigrante". Sin embargo, no desmintió que Morandini permaneció en el Pabellón 2 "por un periodo no mayor a cinco días".

Aseguró que "durante ese tiempo, la persona privada de libertad (fue) abordada por un grupo interdisciplinario" compuesto por "asistente social, médico, psicólogos" entre otros profesionales. "En este lapso (...) el alojamiento es individual", continuó el organismo jujeño, "recibiendo todas las atenciones estipuladas en la ley 24.660", la norma que regula la ejecución y características de la pena privativa de la libertad. Remarcó por último que la Unidad Penal 1 de Gorriti cumple con "los diferentes tratados internacionales", relativos a condiciones de "alimento, vestimentas, comunicación, e higiene".

Entre las adhesiones que no cesan de llegar a las familias, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora encabezó la última, con un comunicado con firmas de otras instituciones y colectivos, que en conjunto exigen la imnediata libertad de los dos detenidos y el respeto de sus derechos. "Jamás callamos ante el autoritarismo ni dejamos de denunciar abuso de poder: no lo haremos ahora", escribieron. "Ni ayer ni hoy seremos condecendientes con el uso de la justicia para perseguir opositores políticos, disciplinar a la sociedad o violar derechos".