Luego de que el diario Perfil revelara la existencia de un tratado comercial entre Argentina y Qatar, firmado el 6 de noviembre pasado, entre el Fondo de Garantía de sustentabilidad (FGS) y la Qatar Investment Authority (QIA), un fondo soberano de inversión catarí, que contemplaba una estructura offshore “para la eficiencia en el pago de impuestos” y la participación de “un administrador extranjero”, el director del FGS, Luis María Blaquier, presentó su renuncia aduciendo "razones personales".

La denuncia periodística original derivó en una denuncia judicial, que involucra al presidente Mauricio Macri, a la vice, Gabriela Michetti, y a la canciller Susana Malcorra, entre otros funcionarios, y al tenista retirado Gastón Gaudio, como posible intermediario. Además de Michetti, quien firmó el acuerdo en un acto realizado en una sala del hotel Shangri-La, junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, también estarían involucrados en el memorándum el asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe. 

Según la de nuncia de Fernando Míguez (de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático), el pacto tendría cláusulas de confidencialidad y la estructura, con un fondo de mil millones de dólares, se discutiría entre las partes. Prevé, según la denuncia, una lista de posibles empresas administradoras con “derechos de inversión discrecionales”. También recuerda que “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2008, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner estatizó las AFJP. Tiene acciones de más de 40 empresas por un valor aproximado de 90 mil millones de pesos (…)  y que  Qatar Investment Authority fue creado en 2005 para gestionar los superávits que obtuvo el pequeño país árabe por la industria del petróleo y gas natural. Se estima que QIA sostiene activos que sobrepasan los 60 mil millones de dólares”.

El denunciante Míguez señalaba en su momento algunos puntos que consideraba sospechosos y que podrían, a su entender, configurar delitos: dice que el acuerdo secreto menciona una “doble imposición” con Qatar, que evitaría el pago de impuestos; señala que no se especifica cómo se integran los 1000 millones de dólares (qué aporta cada país); se supone que para este acuerdo se tomarán fondos del FGS “pero no devengarán interés alguno a la Nación”; no es claro qué tipo de inversión se realizará ni por qué tomar recursos del fondo argentino; pone en duda debido al “secreto que se diera a la firma” el papel de los funcionarios que intervinieron y del tenista  Gastón Gaudio, lo que implicaría la omisión de “canales ordinarios como serían el Ministerio de Economía o el Banco Central”.