El puerto de Buenos Aires vuelve a ser escenario de un conflicto gremial, detrás del cual no pocos ven la existencia de la disputa de otros intereses económicos. La flamante intervención en la Administración General de Puertos (AGP), encabezada por Gastón Benvenuto, dispuso la cesantía de unos 50 a 60 trabajadores, entre contratados y personal profesional jerárquico, bajo el único argumento de que "obedece instrucciones". La reducción de la planta continuaría en los próximos días con una convocatoria al personal a inscribirse en un retiro voluntario. 

AGP Sociedad del Estado es una de las empresas incluídas en el listado de la ley ómnibus para su privatización. El puerto de Buenos Aires, tanto en su sección CABA como su continuación en Dock Sud, es de los pocos del país que permanecen en manos del Estado. Pero ya durante el macrismo hubo fuertes embates para privatizarlo, total o parcialmente. En esa tarea aparecían fuertemente vinculados el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el en ese momento secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, y el empresario Nicolás "Nicky" Caputo, primo del actual ministro de Economía y persona de muy estrecha amistad con Mauricio Macri.

El rol de Nicky Caputo, en esa oportunidad, era acompañar a la firma de transporte de containers, de Singapur, en el emprendimiento de remodelación del puerto porteño, y en la intención de asociarse en la explotación de ese nodo comercial en caso de que se privatizase.

El gremio del personal de dirección de ferrocarriles, Apedefa, denunció la semana pasada los primeros despidos, pese a que no hubiera comunicación oficial sobre la decisión de dejar sin trabajo a los empleados, en algunos casos con más de veinte años de carrera en AGP, cumpliendo tareas jerárquicas y muchos de ellos profesionales en el área de ingeniería, contable o jurídica. 

El titular del gremio, Adrian Silva, junto a representantes de otros gremios con afiliados en AGP, tuvieron un contacto con el interventor, pero sólo obtuvieron como respuesta que cumplía instrucciones y que próximamente abriría una lista de retiros para seguir con las bajas de personal. Y que si el resultado no conformaba a las autoridades, habría una nueva lista de despidos. 

Aunque Benvenuto no dio información sobre sus objetivos, desde el ámbito gremial no se descarta que se esté abonando el terreno para la privatización de la AGP. "No extrañaría que ésta sea una prueba de ensayo de la metodología que también esperan aplicar en otras empresas listadas para su privatización", señaló un dirigente de uno de los gremios afectados. "La semana pasada, apenas nos informamos de los primeros despidos, hicimos una asamblea frente al ingreso al puerto; aunque no informamos sobre la actividad, a la tarde ya teníamos la solidaridad de 18 gremios que se ponían a disposición nuestra. Esta semana marcharemos hacia las oficinas de las autoridades a exigir la reincorporación de los despedidos. No se la van a llevar de arriba", aseguró el mismo dirigente.

Entre las funciones de la AGP está, también, la administración de la vía fluvial troncal del Río Paraná, la llamada Hidrovía, sobre la que hay importantes intereses privados para que su gestión vuelva a manos empresarias.