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Desde Barcelona

Cómo evitar que Mariano Rajoy se haga, en menos de una semana, con el control de todo en Cataluña. Este es el reto que tiene el gobierno de Carles Puigdemont sobre la mesa desde que este sábado el Ejecutivo central decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. El próximo viernes es la nueva fecha límite: ese día el Senado prevé aprobar las medidas con las cuales el Partido Popular (PP) pretende destituir al presidente, el vicepresidente y los consejeros de la Generalitat, recortar severamente las funciones del Parlamento catalán y asumir el control de la economía, la policía y los medios de comunicación públicos.

“El artículo 155 sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba”, sentenció Rajoy al anunciar la decisión más drástica de su mandato y, posiblemente, de los últimos 40 años de democracia en España. El presidente sabe que el Senado lo aprobará porque precisamente es el único espacio institucional en el que su partido goza todavía de mayoría absoluta, sin embargo, el propio documento que el Consejo de Ministros propuso este sábado especifica que “el gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan”. Esas “causas” son la declaración de la independencia en Cataluña y sus promotores, por lo cual aún queda la posibilidad de parar la maquinaria de disolución del autogobierno tanto si Carles Puigdemont se decide a convocar elecciones antes de que sea Mariano Rajoy en su rol de gobernador provisional quien lo haga, como si resuelve proclamar oficialmente la República catalana.

Hoy el Parlamento catalán se reúne para convocar el Pleno que solicitó Puigdemont tras recibir la noticia de la intervención de la autonomía con el objetivo de decidir la respuesta al 155 y “que se actúe en consecuencia”, tal como proclamó en su comparecencia oficial del sábado. Fuentes del govern apuntan a que esa sesión podría ser el viernes, en coincidencia con la votación en Madrid de las medidas de intervención. Pero lo único confirmado es que el líder independentista no piensa consentir lo que considera como “el mayor ataque al autogobierno desde los tiempos de Franco”, aunque nadie sepa exactamente cómo cristalizará esa resistencia.

Sólo dos voces del equipo de Puigdemont se hicieron públicas tras el anuncio de la aplicación del artículo 155, la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el mismo sábado precedió la declaración del presidente catalán calificando las medidas de Rajoy de “golpe de Estado de facto” y advirtiendo que “en ningún caso habrá un paso atrás”; y la del Consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, quien aseguró en una entrevista a la radio local RAC1 que la convocatoria de elecciones autonómicas por parte del president “no está sobre la mesa” y que “esta semana será de decisiones”.

El portavoz del gobierno catalán anticipó con estas declaraciones el descarte de una de las opciones que en las últimas horas fue ganando más adeptos, sobre todo entre la prensa local y de izquierdas y algunos partidos como el de Ada Colau o los socialistas de Cataluña (PSC). La alcaldesa de Barcelona afirmó ayer desde París que “unas elecciones convocadas por el Estado, bajo el manto de la intervención estatal de las instituciones catalanas, no serían una solución a la situación actual”. Para ella, los comicios deberían ser convocados en un clima de normalidad, sin la suspensión de la autonomía pero sin una declaración de independencia. 

Contra la proclamación unilateral de la separación de España también están de acuerdo por unanimidad los socialistas de punta a punta del país, aunque con respecto a la decisión de intervenir Cataluña que su secretario general, Pedro Sánchez, tomó junto a Mariano Rajoy y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, el consenso ya no es el mismo. En el seno del PSC cuatro destacados alcaldes firmaron un comunicado para pedirle a la organización que no apoye la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque “la suspensión de la autonomía y del Parlament traerán consecuencias irreparables”. Una de ellos, Núria Parlon, intendente de Santa Coloma de Gramenet, dimitió incluso de su cargo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tras el respaldo de su partido a las medidas anunciadas por la Moncloa. 

También se plantaron con determinación en contra de la toma de control por parte del gobierno central de los medios de comunicación públicos catalanes los consejos profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio. En el caso de la radio local aseguraron que si el Ejecutivo de Rajoy nombra un nuevo director, “no tendrán más remedio que no reconocer su autoridad”. Desde los medios públicos catalanes se rechaza que se les advierta que, a partir de la intervención estatal, “la Generalitat garantizará la transmisión de información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, también el equilibrio territorial”, cuando los propios trabajadores de Televisión española (TVE) denuncian la manipulación de sus informativos.

La valoración de las medidas drásticas que Rajoy anunció este sábado para suspender la autonomía catalana y ser él mismo quien convoque a elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses escandalizó al gobierno de Puigdemont, a las organizaciones independentistas, a los partidos soberanistas como Podemos o BCNenComú –la formación de Ada Colau– y al conjunto de la prensa catalana –próxima o no a la Generalitat y la causa secesionista– pero generó aplausos entre PP, PSOE, Ciudadanos y los diarios de mayor tirada nacional. “El gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña”, es el titular que encabezó la tapa del domingo de El País, mientras que El Mundo se refirió a la aplicación del 155 como una “devolución de la legalidad”, en consonancia con las últimas palabras del rey Felipe VI que considera que “España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión y resolverlo por medio de sus legítimas instituciones democráticas”.

A lo largo de esta semana la pulseada entre ambas concepciones de la democracia seguirá jugándose, con resultados impredecibles. Por un lado, la Constitución y su defensa hasta las últimas consecuencias; por otro, el derecho inapelable de un pueblo a la soberanía.