El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, presentó algunas acciones de su cartera para este año en un desayuno con periodistas el viernes (2). Durante la conversación, Almeida abordó dos puntos centrales "que seguramente causarán más dolores de cabeza" al ministerio: el sistema carcelario y la seguridad pública.

"Si no somos capaces de poner el sistema carcelario en línea con lo que determina la Constitución, entender cuándo la prisión es necesaria y cuándo es innecesaria, no seremos capaces de lidiar con la seguridad pública en Brasil", afirmó el ministro.

Según Silvio Almeida, este es uno de los puntos centrales del ministerio y actualmente una de las grandes preocupaciones del presidente Lula en términos de derechos humanos. La discusión también incluye la salud de la población carcelaria, la alimentación, los malos tratos y la política de derechos humanos para los agentes de seguridad pública.

Para el ministro, las políticas de derechos humanos deben ser políticas de Estado y no de orden privado. "Creo que la privatización, ya sea de prisiones o del sistema socioeducativo, abre espacio para el crimen organizado. Es inaceptable que abramos espacio para este tipo de cosas", enfatizó.

Almeida ya había expresado anteriormente, el año pasado, su oposición a la privatización de prisiones. Su declaración hace referencia al Decreto Nº 11.498/2023, firmado por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en abril de 2023. El texto incluyó prisiones y seguridad pública en la lista de sectores del Programa de Alianzas e Inversiones (PPI, son sus siglas en portugués), como objetos de "proceso de concesión, permiso, arrendamiento, autorización o asociación público-privada, según lo dispuesto en la Ley Nº 11.079/2004".

"Que quede entonces firmada mi posición para todos aquí. Es inadmisible, estoy en contra. La posición del Ministerio de Derechos Humanos es en contra de esto. La posición jurídica del Ministerio de Derechos Humanos", enfatizó después de reconocer que existen divergencias dentro del gobierno respecto al tema. "Es muy normal que pueda haber divergencias, pero esta es mi posición".

El ministro también reforzó que, aunque haya argumentos para decir que las privatizaciones se refieren a "estructuras" y "construcciones de edificios", "sabemos que al final se convierte en la privatización de la ejecución de la pena". Según el ministro, el debate que se debe realizar es sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad de esta medida.

Publicado originalmente en: almapreta.com.br