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El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentó un proyecto de resolución, acompañado con la firma de otros diputados, que solicita "la interpelación inmediata a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para que dé explicaciones respecto de la brutal represión desatada los días 31 de enero y 1° de febrero por las fuerzas federales a su cargo contra jubilados, militantes de asambleas populares, docentes y otros manifestantes, incluso hacia periodistas y diputados que salieron del recinto a pedir que se frene la represión".
Con la firma de Romina Del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo y Alejandro Vilca, del FIT-U, además de Carlos Castagneto, María Eugenia Alianiello y Eduardo Leandro Toniolli, de Unión por la Patria, el proyecto indicó que "la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería desataron una feroz represión sin ningún tipo de justificación hacia miles de personas reunidas con el objetivo de manifestarse pacíficamente contra los agravios que contienen la llamada Ley Ómnibus", y destacó que "este violento accionar, que se desarrolló bajo las órdenes de la ministra de Seguridad demuestra que la represión en la calle y en el propio predio de la Plaza Congreso, está orientada a cercenar no solamente el corte de calle sino también a suprimir la protesta social en cualquier de sus formas".
A criterio de los diputados y las diputadas, "la búsqueda de facultades delegadas que se pretende con esta ley, viene a dar legalidad a esta ambición de criminalizar, reprimir y cercenar los más elementales derechos". Y enumeraron que "la brutalidad de esta represión quedó en evidencia por las más de 25 trabajadoras y trabajadores de prensa heridos por las balas de goma; en el accionar del grupo GOM de la Policía Federal, que con sus motos recorrió la Plaza del Congreso disparando a mansalva, tirando gases lacrimógenos incluso sobre varios diputados y diputadas que nos acercamos con el fin de intervenir para frenar semejantes atropellos y en el brutal accionar sobre el abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH.) y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y asesor del Bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, quien sufrió un balazo en el ojo y fue operado en el día de hoy con diagnostico reservado".
El escrito mencionó que también fueron lastimados Vilca, del FIT-U, Vanina Biasi, diputada electa, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, "entre decenas de manifestantes que atiborraron guardias de hospitales y del Instituto del Quemado ante el efecto lesivo agudo de un nuevo gas pimienta, del que exigimos que se clarifique que tipo de químicos contiene". También denunciaron que "las fuerzas federales no tienen atribuciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en la que no rige el ilegítimo protocolo de la ministra Bullrich", y repudiaron "las detenciones arbitrarias de la militante radical Ivanna Bunge junto a tres mujeres que se solidarizaron, así como las de los militantes del Partido Obrero Víctor Da Vila y Martin Rodríguez de Mendoza".
Informe de la CPM
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) monitoreó el despliegue de la violencia estatal y presentó un informe a la Cámara de Diputados reclamando que se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos. "Durante los tres días en que la Cámara de Diputados discutía la Ley Bases, las fuerzas de seguridad federales y de CABA montaron en las inmediaciones del Congreso un verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales", resumió la CPM.
El 1 de febrero diez personas fueron indicadas como código amarillo por su gravedad: cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula y testículo. A una persona un perdigón le perforó al lado de la carótida, a otras les impactaron en oídos. Un jubilado debió ser trasladado por el SAME y hubo casos de gas pimienta aplicados en la boca. El 2 de febrero el dispositivo sanitario armado por trabajadores de la salud de la agrupación Marrón atendió a 65 personas: 48 de ellas afectadas por gases químicos, 5 con broncoespasmos u obstrucción de vías respiratorias ocasionados por estos productos, 6 personas con cortes en la cara, frente o cabeza y otras 6 con traumatismos en tobillos y muñecas, lesiones producidas por golpes con tonfas o palos.
Asimismo, la CPM solicitó "que las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas, toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los pactos internacionales vigentes".
Preso político
Desde Mendoza, a donde viajó junto a dirigentes políticos y de derechos humanos para exigir la liberación de Martín Rodríguez, preso desde 24 de enero, día del paro general de la CGT contra la Ley Ómnibus, Romina Del Plá expresó: “Patricia Bullrich debe dar explicaciones de la represión brutal, desmesurada y demencial que ordenó frente al reclamo de miles que se manifestaban en forma pacífica, un atropello a la libertad de expresión y a la libertad de protesta amparados por la Constitución y los tratados internacionales; la ministra considera que puede suprimir a palos el derecho del pueblo a manifestarse pero tiene que responder por qué reprimieron un festiva de la cultura y tiraron gas a jubilados cuando la ley ya estaba aprobada". La diputada nacional agregó: "Desde el Partido Obrero en el FIT-U repudiamos todo intento de atropellos al derecho a la protesta y exigimos la libertad inmediata de todos los presos por manifestarse y la de nuestro compañero Martín Rodríguez”.
