Si bien La Libertad Avanza logró la aprobación en general del proyecto "de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", la ley ómnibus, aún siguen las negociaciones de cara a la votación en particular que se iniciará este martes cuando se reanude la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Las provincias presionan al Ejecutivo nacional pidiendo (como mínimo) definiciones sobre nuevos fondos a sus jurisdicciones. Además, hay resistencia a las facultades delegadas, a las privatizaciones de algunas empresas y al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En el caso de Salta, 6 de los 7 diputados nacionales votaron a favor: Carlos Zapata, María Emilia Orozco y Julio Moreno (LLA), y Pamela Calleti, Pablo Outes y Yolanda Vega (Innovación Federal). Mientras que solo Emiliano Estrada (UxP) votó en contra. En el caso del bloque de Innovación Federal, que es representantivo del gobernador Gustavo Sáenz y reconocido como un bloque "dialoguista" al gobierno de Javier Milei, sus integrantes por Salta manifestaron en sus alocuciones en el Congreso que mantienen sus diferencias respecto al proyecto, asegurando que estas se verían durante el tratamiento capítulo por capítulo. 

Al menos así lo dieron a entender de manera previa, durante y pos votación general. La diputada nacional Yolanda Vega dijo a Salta/12 que desde su bloque vienen trabajando intensamente con una "visión provincialista" en referencia a las distintas provincias que conforman el espacio (Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta). "Tratamos de defender a nuestras provincias porque representamos a nuestro pueblo" cuando se trata de los recursos que se destinan a las jurisdicciones y "todo lo que pueda el Congreso acercar a las provincias", expresó.  Asimismo, afirmó que el gobernador Sáenz les pidió que defiendan los recursos para la provincia.

La legisladora sostuvo que acompañaron el proyecto en general ya que "el Presidente ha sido votado por la mayoría", lo que a su entender indica que "por respeto" a esa elección se debía acompañar con el voto afirmativo. Añadió que "se acompañará lo que se tenga que acompañar" en la votación en particular. 

Uno de los artículos más polémicos es la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Vega expresó que no está de acuerdo con ello y "tengo la postura de no acompañar" porque "creo que estamos pronto a iniciar el período ordinario del Congreso y estamos dispuestos a seguir evaluando lo que necesita el Presidente para mejorar el destino de los argentinos". 

En tanto, su compañero de bloque Pablo Outes aseguró que buscarán "acotar" la delegación de facultades a Milei. En declaraciones al semanario El Expreso Salta explicó que no lo van "a rechazar de cuajo". "Vamos a plantar nuestra propuesta, que si la aceptan los acompañaremos", agregó. "El que no estemos con ellos, no significa que seamos enemigos. Estamos buscando una democracia de mejor calidad. Y queremos estar sentados en una mesa en la que podamos tener un diálogo coherente y volcar ideas”, aseveró Outes.

Lo que también se discute es el envío de fondos a las provincias. Outes se mostró a favor de que en el recinto se discuta que la Nación coparticipe la recaudación del impuesto País, siendo este uno de los temas cruciales para que las provincias den los votos afirmativos en la votación en particular. El diputado enfatizó que el Presidente está trasladando “todo el costo a las provincias” y cuestionó que “la Nación se reserve fondos que van ingresar”. En ese sentido, dijo que: “o nos coparticipan Ganancias, que no quieren, o coparticipa parte del Impuesto País, pero el ajuste y la distribución, tiene que ser para todos, para las provincias y para Nación, y no sólo a las provincias”.

Los jubilados como variable de ajuste

Minutos previos a la votación en general del dictamen de mayoría, se conoció la inclusión del artículo 196, que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Este Fondo fue creado en la presidencia de Néstor Kirchner para asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables.

El rechazo de la inclusión de este artículo se hizo eco en todo el país, pues había sido uno de los puntos que los sectores opositores y dialoguistas habían acordado que se quitaría del proyecto. En ese sentido, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, manifestó su preocupación sobre el tratamiento legislativo que se vio en el recinto, donde son varios los temas que se debaten, como el desfinanciamiento a la cultura y la situación previsional. Con respecto a esto último, el funcionario municipal había enviado a fines de enero un pedido al Ejecutivo Nacional para la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que corre el riesgo de ser liquidado, de aprobarse el proyecto de ley ómnibus. 

"Recordemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se constituyó una vez que las AFJP fueron estatizadas y con ese dinero lo que hace el Estado básicamente es garantizar de alguna forma la preservación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones", sostuvo Núnez Burgos. Recalcó que se trata de un fondo que "no puede ser utilizado para cubrir gastos corrientes o cubrir deudas, sino que tiene que tener fines de inversión que efectivamente permitan la sustentabilidad a largo plazo del sistema". 

De aprobarse el artículo 196, se daría lugar a una "administración privada o la venta de este Fondo", insistió el defensor. También se mostró disconforme con las dificultades  de acceso al dictamen y aseguró que ahora esperan saber cuál es el proyecto que pasará al Senado de la Nación para volver a manifestarse ante senadoras y senadores y solicitarles que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se preserve en su integralidad, en su función y "de esta manera dar sostenimiento en el largo plazo a jubilaciones y pensiones en nuestro país". 

Al respecto también se pronunció la referente del Frente de Jubiladxs de Salta, María Elena Sanchez, quien aseguró que la aprobación en general del proyecto les preocupa, sobre todo, por el acompañamiento mayoritario de las y los diputados por Salta. No obstante, sostuvo: "quiero guardar la fe y la esperanza en que al menos intenten eliminar la delegación de las facultades al Poder Ejecutivo", dado que para la dirigente esto permitiría parar cualquier acción que el Gobierno nacional pueda emprender contra los jubilados y jubiladas.

"Me gustaría como jubilada que nuestros diputados nacionales al menos ahora tengan consideración del pueblo salteño que ya estaba empobrecido y está realmente sumido en un estado de miseria absoluta", expresó Sánchez. E insistió en que espera que legisladoras y legisladores salteños discutan artículo por artículo y "sean coherentes" con lo profesan. En referencia a las votaciones de Calletti, Outes y Vega, recordó que "el pueblo los votó" y dijo que espera que "no nos vuelvan a traicionar porque de esta no se vuelve". 

El rechazo aún hace eco

Los rechazos en torno a la aprobación general del proyecto aún persisten. Así lo manifestó la ex diputada provincial y miembro del Partido de la Victoria, Jorgelina Juárez, quien reiteró su negativa al proyecto desde su formulación inicial. Aseguró que en la redacción final "es muy difícil encontrar algún artículo que beneficie a la clase trabajadora o al pueblo argentino, a las provincias en general". 

A ello sumó que se trata de una iniciativa inconstitucional debido al avance que se propone desde el Ejecutivo ante otros poderes, como es el caso de la delegación de facultades. "Creo profundamente en la división de poderes, en las instituciones" porque "eso hace el buen funcionamiento del Estado, por lo tanto, darle superpoderes al Poder Ejecutivo es muy peligroso", manifestó. En esa línea, también se mostró disconforme respecto al capítulo que refiere a la privatización de determinadas empresas ya que "nuestra historia nos enseña que es un modelo que ha fracasado, sobre todo cuando la privatización tiene que ver con empresas que son esenciales para servicios públicos". 

Por su parte, el presidente del Partido Felicidad, Mauro Sabbadini, reiteró que su espacio se pronunció "de manera categórica, inmediata y pública" en contra del DNU 70/23 y del proyecto de ley ómnibus, desde su presentación original hasta las sucesivas modificaciones que fue teniendo. Las razones hacen referencia al "avasallamiento de nuestra República, de las instituciones que la componen y del cercenamiento de derechos". 

En ese sentido, Sabbadini dijo que a 40 años de la democracia resulta peligroso delegar facultades en un Poder Ejecutivo que "no ha demostrado ningún grado de sensatez, de empatía, de responsabilidad, de criterio para gobernar nuestro país, al menos hasta la fecha". Asimismo, sostuvo que el tratamiento en particular seguramente "dejará un proyecto de ley que transitará su camino administrativo hacia el Senado y allí quizás tengamos la posibilidad de encuadrarlo en términos democráticos o de rechazarlo". 

Para la dirigenta social de la Corriente Nuestra Patria, Eugenia López, lo que sucedió en el Congreso este último viernes es la "entrega de la soberanía nacional, de la soberanía política, social, económica, territorial". López entendió que la ley ómnibus significó entregar la dignidad del pueblo porque ataca directamente los intereses y los derechos de la clase trabajadora. 

Por ello, afirmó que el proyecto impulsado desde el Ejecutivo nacional "está claramente hechao a la medida del sector de los empresarios, de los grandes monopolios. Nuestro repudio es rotundo", expresó. En referencia a la reanudación de la sesión dispuesta para este martes, aseguró que se verá una "profundización de la crisis brutal que ya venimos atravesando", por lo que cuestionó la votación a favor de las y los legisladores por Salta. Además, dijo que el Gobierno nacional lo "único que busca es enajenar la economía argentina y subsumir a las clases populares a una pobreza absoluta donde se marque muchísimo más la brecha entre los ricos y los pobres".