Los gremios estatales anticiparon que en los próximos días resolverán nuevas medidas de fuerza de alcance nacional frente al intento del gobierno de Javier Milei de atar la negociación salarial del sector al Presupuesto 2023, poniéndole así un techo a las paritarias que comenzarán dentro de días.

“No soportamos ni una pisca más de ajuste”, sentenció el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien adelantó que el flamante Frente de Sindicatos Estatales –integrado por una veintena de asociaciones gremiales- convocó a un plenario nacional para el 15 de febrero, en el que “sin dudas se van a decidir medidas de fuerza” en todo el país.

Paritarias congeladas

Los paros, movilizaciones y retenciones de tareas por venir son una respuesta Resolución 28/2024 que el gobierno nacional emitió el 2 de febrero pasado y en el que ata la negociación colectiva al presupuesto del año pasado.

Si esto ocurre, los aumentos salariales quedarán condicionados a las partidas presupuestarias que ya fueron carcomidas por la inflación del último año. En otras palabras, tendrán un techo en caso de no ser actualizadas.

El artículo 3 de esa resolución firmada por el ministro de Economía, Nicolás Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indica que “el sector público nacional deberá negociar los Convenios Colectivos de Trabajo de su personal dentro de su presupuesto disponible” que fue prorrogado por Javier Milei apenas asumió su mandato.

Esto condiciona la negociación salarial de todo el sector público, es decir trabajadores de organismos y hasta representantes del Estado en empresas donde este tenga participación societaria.

“No vamos a aceptar que nos pretendan licuar los salarios por inflación”

Desde ATE “rechazamos este intento de ponerle un techo a las paritarias del Estado”, enfatizó Aguiar durante una entrevista por Radio 10, en la que acusó al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de ser “el único responsable del aumento de la conflictividad social”.

“Esto de negociar las paritarias de este año con el presupuesto prorrogado es un disparate”, remarcó el dirigente gremial y dejó claro que los estatales “no vamos a aceptar que nos pretendan licuar los salarios por inflación”.

Aguiar sostuvo que esta decisión se relaciona con los anteriores ajustes que el Poder Ejecutivo tomó contra la administración central: “Redujeron ministerios, hubo despidos, revisión de contratos, quitas de horas extras y adicionales, si se aprueba la ley ómnibus nos van a poner en disponibilidad, ¿y ahora esta rebaja salarial? No soportamos una pisca más de ajuste”, recalcó.

La última negociación salarial que hubo en el sector fue para cerrar las paritarias del año pasado. A ATE se le otorgó un 16 por ciento de incremento respecto de la inflación de 2023.

Las pretensiones para este año serán superiores. Por eso, subrayó Aguiar, “que el Gobierno ni sueñe que en la próxima negociación vamos a aceptar cualquier propuesta por debajo del índice de precios” oficial.

Según precisió, “el promedio de ingresos de un trabajador del sector público es de 259 mil pesos” frente a una canasta básica que en enero cerró a 495.798 pesos. Es decir que el salario de un estatal está por debajo de la línea de pobreza y roza la de indigencia, que es de 240.679 pesos.

Con estos ingresos, reveló, “el 36 por ciento de los trabajadores (del Estado) no llega a fin de mes y el 44 por ciento apenas llega”. Es decir que “el 80 por ciento no tiene garantizada condiciones dignas de vida”, cerró.