El dirigente del MST Alejandro Bodart consideró que el protocolo antipiquete ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consolida "una especie de golpe institucional" y sostuvo que "institucionaliza" la represión.
Además, habló sobre la respuesta de la ministra al pedido de explicaciones de la Justicia: "No responde a la esencia de lo que le pide (el juez Sebastián) Casanello", aseguró Bodart en diálogo con AM750.
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del MST Celeste Fierro presentó un pedido de insconstitucionalidad para el protocolo antipiquete de Bullrich. Este lunes, el juez Sebastián Casanello se declaró competente y reclamó a la excandidata a presidenta que dé detalles de los fundamentos jurídicos que delinearon la normativa. "Lamentablemente estuvo girando por siete juzgados porque nadie se quería hacer cargo", sostuvo Bodart en Campana en 750.
La ministra, que ya respondió a la demanda, justificó la aplicación del protocolo por el "desorden en la vía pública", aseguró que no contradice la legislación vigente en temas relativos a la libertad de expresión y el derecho a la protesta y cuestionó a la legisladora del MST porque, considera Bullrich, no presentó "ningún tipo de argumento razonable para fundar su pretensión".
Al respecto, Bodart aseguró que "hay jurisprudencia de sobra" que determina que el derecho a la protesta está por encima del citado "derecho a la circulación" y que Bullrich "no tiene autoridad para ir en contra de la Constitución y de la legislación vigente".
Por último, habló de las detenciones posteriores a las manfiestaciones durante la votación en general de la ley ómnibus, apuntó contra la Justicia, a la que calificó de "complice" y dijo que se trató de una "brutalidad".
"A las 18 personas que han detenido les han impuesto que no pueden salir del país, que tienen que presentarse todos los días en la comisaría. Por haberse manifestado los tratan como delincuentes y les quieren cobrar el operativo policial brutal. Esto termina con muertos", concluyó.