Se reproduce a continuación la nota de Horacio Verbitsky publicada ayer y que por un error de edición no incluyó el facsímil del documento que permite una comprensión cabal del texto.

Santiago Maldonado desapareció durante una operación represiva en la que un centenar de gendarmes armados persiguieron en un solitario paraje de Chubut a menos de una decena de jóvenes mapuche que sólo se resistieron tirando piedras. En el caso Chaparro Álvarez, de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó en términos generales el concepto de libertad y seguridad. La libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido y la seguridad la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten esa libertad más allá de lo razonable. El artículo 7 de la Convención, sigue la Corte, “protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico”. Dos años después, en el caso Heliodoro Portugal, la Corte describió la privación de la libertad como elemento básico de la desaparición forzada, “cualquiera que fuere su forma”. Para el doctor en medicina, filósofo de la ciencia y especialista en bioética y derechos humanos Juan Carlos Tealdi, el derecho a la libertad de los manifestantes en Cushamen fue violado por el ingreso ilegal de los gendarmes para perseguir a los miembros de la comunidad y como resultado de esa persecución ilegal desapareció Santiago Maldonado. 

Tealdi lo define como “un caso de desaparición forzada seguida de muerte” y extiende la responsabilidad criminal a quienes promovieron en modo ilegal la consigna de poner a todos presos, que no fue lo ordenado por el juez. En documentos de la causa consta la actuación, previa y posterior a los hechos, del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien viajó a la zona para comunicar a Gendarmería, gobiernos provinciales, policía y personal de los tribunales que de ahí en más se podría actuar sin   orden judicial ya que la comunidad de Cushamen cometía un delito flagrante y no había nada que dialogar con sus integrantes. Un informe del Centro de Reunión de Inteligencia de Gendarmería consigna que se informó por teléfono al juez Guido Otranto que a partir de la madrugada del 1° de agosto se iniciaría el despeje de la ruta 40. Otranto respondió que estaba al tanto por autoridades del Ministerio de Seguridad, “por lo que deseaba éxitos en la actividad”. El 6 de agosto el Comandante Juan Pablo Escola, 2° jefe del Escuadrón 36 de Esquel, expuso a la superioridad “los motivos que marcaron el ingreso del personal” a la comunidad: el corte de la ruta, las agresiones, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Es decir, la idea de la flagrancia, que los mapuche niegan. Añade Escola que terminada la represión llegó Noceti, “a quien se le informa el procedimiento felicitando al personal por la intervención” (ver facsímil). Tealdi concluye su razonamiento sobre la desaparición forzada seguida de muerte: “Como en tantos otros temas en derechos humanos, los casos particulares pueden dar lugar a interpretaciones jurídicas y políticas que nunca habían sido consideradas anteriormente”. 

Durante 77 días gobierno y oposición se igualaron en el señalamiento al adversario por el presunto uso electoral del caso. Pero esta disputa perdió sentido cuando se halló el cuerpo sin vida, con el documento de Santiago en el bolsillo y vestido con la ropa que el mapuche Matías Santana dijo haberle prestado y que vestía en la última foto, tomada por la propia Gendarmería en el momento de la irrupción en la comunidad y ocultada hasta que el primer juez secuestró el disco rígido en que estaba. El gobierno, que no se había cansado de negar que Maldonado hubiera estado en el lugar, se quedó sin libreto, consecuencia del inmediatismo que no le permitió ver más allá de las próximas horas. Esa puede ser una de las torpezas que Elisa Carrió atribuyó con gran generosidad a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien tuvo con su descosida aliada la prudencia del silencio que no confirió a la víctima de la violencia estatal. Las encuestas que el gobierno realizó de inmediato indicaron que nadie dudaba de que el cuerpo era el de Maldonado, tres de cuatro entendieron que lo mató la Gendarmería y una de cada diez podría reconsiderar su voto, un porcentaje superior a la distancia que había entre las dos principales fuerzas bonaerenses, lo cual invalida cualquier pronóstico. Como antes de las ecografías, habrá que esperar el parto para conocer el sexo del vencedor.