Lo que empieza mal termina mal y de tanto forzar el debate, con bravuconadas y amenazas, Javier Milei se quedó sin su proyecto de Ley ómnibus. La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a foja cero y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. No importó que el proyecto ya hubiera sido votada en general, LLA se dio de frente con que su iniciativa, lentamente, había empezado a perder sus principales artículos. Las negociaciones no habían llegado a buen puerto, el oficialismo hacía oídos sordos a los reclamos y no fue hasta que la oposición amigable le desguazó los primeros cinco artículos que comenzaron a sonar las alarmas. Finalmente, llegó el capítulo de privatizaciones, los números no estaban, y LLA decidió que prefería tirar abajo todo el último mes de trabajo parlamentario que terminar la jornada con una victoria a medias.
"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", vociferó Javier Milei, desde Israel, con una furia que se veía reflejada en los rostros de la mayoría de los legisladores libertarios que abandonaban el Congreso. El oficialismo aspira a retomar el debate en comisión la semana que viene, pero el escenario es complicado. Al cierre de esta nota, todos los bloques mantenían reuniones frenéticas, analizando los pasos a seguir. Los diputados de Unión por la Patria cantaban la marcha peronista en las escaleras del Palacio, mientras que los libertarios masticaban ira —"La traición se paga cara", repetirían, en sintonía con el comunicado que sacó LLA— y el radicalismo se encogía de hombros: "Pasó lo que veníamos advirtiendo". En las afueras del Congreso, mientras tanto, se escuchaban los bocinazos de festejo de los autos.
Crónica de una derrota
El día en el que Javier Milei tenía planeado celebrar la aprobación de sus facultades extraordinarias había arrancado mal. El clima en la Cámara de Diputados mutaba entre el mal humor, el hastío y la bronca. La mañana había estado teñida de una nueva tanda de reuniones entre los alfiles de la oposición amigable y Martín Menem que había derivado, nuevamente, en un callejón sin salida. Ni la aparición de Guillermo Francos había logrado calmar los ánimos: los diputados de Hacemos Coalición Federal y el radicalismo ya no reconocían la autoridad del ministro del Interior y exigían que Luis Caputo levantara el teléfono. Las negociaciones estaban trabadas y, minutos antes de que sonara el timbre de comienzo de la sesión, los diputados cordobeses advertían: "No tienen los votos para aprobar delegaciones".
El problema era el alma del proyecto de Ley ómnibus: la delegación de facultades en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, que habilitarían al presidente a poder intervenir sobre gran parte de la vida de los argentinos sin necesidad de pasar por el Congreso. El recinto era un caos, en una esquina Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, de HCF, conversaban y le mostraban algo en el celular a Karina Banfi (UCR). A unos metros, Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO) discutía con el cordobés, Ignacio García Aresca, principal alfil de Martín Llaryora, a quien habían dejado solo peleándose por la coparticipación del impuesto País. La amenaza del cordobesismo se instalaba con cada vez más fuerza: LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.
El primer artículo del proyecto, que declaraba las emergencias, sin embargo, se aprobó con 134 votos afirmativos y 121 negativos. No había habido grandes sorpresas: los únicos votos en contra habían provenido de UxP, el FIT, los socialistas y algunos de los radicales díscolos (como Pablo Juliano y Facundo Manes). Las facultades delegadas por un año se votaron, también, sin grandes sorpresas. Pero faltaban las bases de la delegación que detallaban para qué serían utilizadas esas facultades y ahí comenzaron los problemas. Como un dominó, se fueron cayendo una por una, allanando el camino por un derrumbe que, con el correr de las horas, sería absoluto.
Primer golpe: las delegaciones caídas
Sabiendo que había objeciones puntuales contra algunas delegaciones, el oficialismo habilitó el tratamiento por separado de cada uno de los incisos que se referían a las bases de la delegación. El mayor peligro era el inciso H, que habilitaba a Milei a transformar o eliminar los fondos fiduciarios que existen en el país. Entre estos fondos está el de Integración Socio Urbana o el de la Protección de Bosques Nativos, pero el que generaba mayor rechazo entre los gobernadores era el fondo que regulaba el subsidio al consumo de gas en "zonas frías". Fue así que los primeros incisos serían aprobados, pero, cuando fue el turno del H, la pantalla del recinto le puso número a la primera derrota del oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra. Allí estaban las objeciones de UxP y la izquierda, pero también las de todo Innovación Federal —bancada provincial que aglutinaba misioneros, salteños, rionegrinos—, la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden a Llaryora.
Después de ese voto en contra, la votación en particular se caería a pedazos. Con 123 a favor y 130 contra, LLA perdería también las bases de las delegaciones en materia de seguridad y energía. Es decir que las vaciaban de contenido, quedaban solo a modo "simbólico". La objeción a la delegación energética —que incluía la apertura de la exportación de hidrocarburos o la "recomposición tarifaria"— respondía a la oposición de varios legisladores a darle aquella facultad de Milei. Pero el voto en contra de la delegación de Seguridad era un mensaje político directo a Patricia Bullrich.
Después fue el turno del capítulo de Reorganización Administrativa, en el que la oposición le fue bochando en particular todas los incisos excepto uno: el que buscaba la profesionalización de la carrera administrativa. La intervención de organismos públicos o la privatización de empresas públicas habían quedado afuera. Frente al festival de votos en contra, en un momento, Miguel Ángel Pichetto le pidió a Menem que se pusieran serios y negociaran: "Les pedimos alguna flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no perder".
Golpe final: privatizaciones
Llegó el momento de votar el artículo 7, el de privatización a las empresas públicas, y ahí se hizo carne el desorden de las últimas horas. El oficialismo no tenía el número para aprobar las privatizaciones: se habían realizado algunas modificaciones, pero LLA se negaba a continuar achicando el listado de empresas sujetas a privatizar —pedido de HCF— e introducir mayores aspectos de transparencia sobre el proceso —pedido de la UCR—. Había sectores del radicalismo que, además, reclamaban que la privatización de cada empresa tenía que pasar, sí o sí, por el Congreso. Manes prometía una docena de votos radicales en contra que, si se sumaban a los cordobeses, los de UxP, el FIT y algunos representantes provinciales, podían declarar a las privatizaciones por muertas.
Los diputados opositores venían masticando bronca hace días. A los insultos y amenazas del Presidente se le había sumado una última provocación: la intervención de los medios públicos. "¿Para qué quiere las facultades si después va a hacerlo por DNU? ¿Y eso es lo que va a querer hacer con los medios? ¿Intervenirlos para echar gente?", cuestionaba un dirigente radical. En este contexto, que se había ido caldeando a medida que le iban rechazando más y más artículos, fue nuevamente Pichetto el que le lanzó al oficialismo un último salvavidas: pidió convocar un cuarto intermedio antes de la votación para "ordenar" el tema.
Durante media hora, Ritondo, De Loredo, Pichetto y Pamela Calletti (Innovación Federal) se reunieron con Menem y el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, para ver cómo destrabar el tema. Casa Rosada no llegó con contrapropuestas sino con la confirmación de una amenaza que ya había lanzado Caputo hace una semana: si se caían los principales artículos, ellos bajarían la ley. Formalmente, la propuesta fue devolver el proyecto a comisiones. Los jefes de bloque llevaron el tema a sus bancadas y se pusieron a discutir, a veces a los gritos, en medio del recinto. Finalmente, el titular del bloque de LLA, Oscar Zago, tomó la palabra y pidió devolver el proyecto a comisión.
Había un respaldo legal de la propuesta: el artículo 155 del reglamento lo habilitaba, a pesar de la media sanción en general. Pero más allá de las volteretas argumentativas del oficialismo —que ya por esas horas estaba insultando de arriba a abajo a la oposición y, fundamentalmente, a los gobernadores por "no haber cumplido con su palabra—, la derrota de LLA era tajante, devastadora. El desconcierto era total y, pese a los esfuerzos de algunos libertarios que insistían en que el debate seguiría, el clima era de derrota: casi nadie creía que se volvería tocar el tema del proyecto de ley ómnibus en la brevedad.
