“Queremos buscar la forma de sostener la defensa y la protección de los ciudadanos y los manifestantes, y de velar por la autonomía de la ciudad, ante el impacto que tiene la discusión del proyecto de ley ómnibus que se está dando en el Congreso, y frente la brutal represión desatada en sus alrededores la semana pasada”, explicó la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Montenegro frente a una veintena de legisladores porteños, trabajadores de prensa y organismos de Derechos Humanos. 

Tras ese objetivo se conformó este martes en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, una mesa de trabajo que buscará reunir datos sobre la represión desatada en el Congreso. Se evalúa también realizar presentaciones en la justicia, en el gobierno de CABA, y solicitar sesiones extraordinarias para tratar el tema.

La reunión, realizada poco después del mediodía fue convocada por el bloque de Unión por la Patria (UxP), junto con el Frente de Izquierda (FIT). Allí se definió la formación de una “mesa de trabajo” cuyo objetivo según indicó Montenegro a Página/12, es “reunir información sobre lo sucedido y también establecer las estrategias de ayuda y de defensa que nos damos, para que se termine la ocupación de las fuerzas federales sobre la ciudad de Buenos Aires”.

Referentes de los sindicatos de prensa detallaron la condición de los trabajadores de medios agredidos durante la represión y explicaron que se estima el alcance de los actos violentos sobre unas 30 personas, producto del impacto de balas de goma, el alcance de los gases lacrimógenos y los golpes de las fuerzas de seguridad sobre manifestantes y periodistas.

A pocas cuadras de allí, en las afueras del Congreso donde hoy martes continuaba el debate por la megaley, los carros de la Gendarmería ya ocupaban más de dos cuadras en fila sobre la avenida Rivadavia.

Dentro de la Legislatura en tanto y contra “este avasallamiento” señaló Montenegro, las voces de legisladores de su bancada como Graciana Peñafort y Matías Barroetaveña o Alejandrina Barry, del FIT, se sumaban a los periodistas y referentes de Derechos Humanos presentes en el salón, entre ellos Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Hoy nosotras hemos venido justamente para escuchar --explicó Taty--, para ver realmente entre todos lo que podemos hacer para parar el horror que este deplorable Presidente y sus secuaces, desde ya, estaban llevando allí --frente al Congreso-- donde justamente un Estado está al servicio del pueblo y que es lo que no está haciendo este gobierno”.

Según informaron los referentes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre ellos Agustín Lecchi, “son más de 30 los comunicadores de medios públicos, privados y autogestivos que resultaron heridos con impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por los gases”, el jueves y viernes pasados. Muchos debieron ser atendidos por personal médico.

El caso de Matías Aufieri, abogado del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) se impuso en los relatos, ya que Aufieri recibió por parte de la Policía Federal un impacto de bala de goma en uno de sus ojos, y el pronóstico médico no asegura que pueda salvarlo.

Los legisladores expresaron su preocupación por testimonios escuchados y manifestaron la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de explicaciones por el operativo de seguridad impuesto por Nación. "Hay responsabilidad del Ministerio de Seguridad porteño y del jefe de la Policía de la Ciudad de liberar las calles para que las fuerzas federales repriman salvajemente", aseguró Montenegro, quien remarcó que "la Ciudad es autónoma". En ese sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que estuvo representado por Victoria Darraidou, se planteó que Bullrich se ampara en una figura controversial para justificar la presencia de las fuerzas federales en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. 

En esa línea, algunos de los diputados presentes se comprometieron a estudiar el tema, ya que vienen marcando que el jefe de Gobierno le cedió las competencias de la policía porteña a las fuerzas que comanda la ministra de Seguridad. 

Según sentenció Lecchi, en esas jornadas represivas existieran "dos grandes violaciones: al derecho a la protesta y al libre ejercicio del periodismo". La necesidad de “convocar a una sesión extraordinaria, en defensa de la ciudadanía y para reglamentar la participación de fuerzas nacionales es central” expresó Barroetaveña, quien precisó la importancia de “garantizar el trabajo de la prensa, para preservar el funcionamiento de la democracia plena”.

La diputada Barry sostuvo que el Gobierno porteño "tiene que dar explicaciones sobre los motivos por los que dejó al mando de la seguridad de la Ciudad, a la ministra nacional Patricia Bullrich". El “protocolo de Bullrich debe ser analizado y se debe reglamentar su aplicación por parte de esta Legislatura” enfatizó Peñafort, dado que la aplicación de ese “protocolo de seguridad” permitió a las fuerzas, avasallar las garantías ciudadanas.

Entre otros reclamos, desde el Comité contra la Tortura y de la Comisión Provincial por la Memoria, señalaron “los efectos residuales del gas lacrimógeno utilizado, ya que por la persistencia de los síntomas –que se manifiestan hasta hoy en muchos de los afectados- se cataloga más como un elemento de tortura que como material disuasorio”.

Entre los referentes de derechos humanos se destacaba la presencia de Adela Antokoletz y Claudio Morresi por Familiares, Charly Pisoni por HIJOS, Eduardo Tavani y María Elena Naddeo por la APDH, e integrantes de Los 12 de la Santa Cruz, entre otros. Y fue masiva la adhesión de los trabajadores de prensa, a la invitación de Taty Almeida quien, en nombre de los organismos y de los 30.000 detenidos desaparecidos, convocó a todos los presentes a la próxima marcha del 24 de marzo.