Los gremios estatales definirán medidas de fuerza a raíz de que el gobierno le puso un techo a las paritarias de los trabajadores públicos. Más que techo, una lápida: con una Decisión Administrativa, la Casa Rosada estableció que las negociaciones paritarias deberán realizarse con el presupuesto disponible, que es nominalmente el mismo de 2023. La Decisión Administrativa lleva el número 28/2024 y fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de los ministros del Interior, Guillermo Francos y de Economía, Luis Caputo. Los sindicatos del trabajadores del estado comenzaron por esto a convocarse, ya que con los actuales índices de inflación, manejarse con el presupuesto del año pasado licuará sus ingresos.  

“Con este andamiaje jurídico se quiere limitar la paritaria y congelar el salario estatal” aseguró Soledad Santellán, secretaria de convenios colectivos de ATE Capital al explicar la oposición del sindicato a la medida.

Recordó que el año pasado hubo un 211 por ciento de inflación y que el presupuesto vigente es la réplica del de 2023, por lo que de cumplirse el anuncio, los salarios del estado mal podrán ser recompuestos.

La negociación paritaria de los estatales va de mayo a mayo. En enero y debido a la suba de los precios hubo una negociación por la que los estatales nacionales obtuvieron un 16 por ciento de aumento -menor a la inflación de diciembre, que había sido del 25,5 por ciento-. Ese acuerdo cerró con el compromiso de que la discusión reabierta en febrero, lo que ahora parece difícil.

Plan de lucha 

“Esto de negociar las paritarias de este año con el presupuesto prorrogado es un disparate”, anticipó por su parte el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente recordó que el gobierno de Javier Milei, tras asumir “redujo ministerios, hubo despidos, revisión de contratos, quitas de horas extras y adicionales, si se aprueba la ley ómnibus nos van a poner en disponibilidad” y se preguntó: “¿y ahora esta rebaja salarial? No soportamos una pizca más de ajuste”.

Aguiar adelantó que el Frente de Sindicatos Estatales –integrado por una veintena de asociaciones - convocó a un plenario nacional para el 15 de febrero, en el que “van a decidir medidas de fuerza ” en todo el país.

A la vez, el abogado laboralista León Piasek, indicó que la medida dictada por el Poder Ejecutivo podría ser impugnada judicialmente. “El gobierno condiciona ilegalmente la negociación colectiva salarial con los trabajadores estatales”, señaló Piasek; “es una medida que viola la libertad sindical, el artículo 14 bis de la Constitución que garantiza la negociación colectiva libre y atenta además contra convenios de la Organización Nacional del Trabajo”.

También advirtió sobre los efectos de esta decisión administrativa el titular de ATE Capital, Daniel Catalano: “Esto que nos está imponiendo el gobierno de Milei no solamente nos deja con las paritarias congeladas, sino que deja al Estado en una parálisis que no tiene precedentes. Se debe trabajar rápidamente para oxigenar con recursos al estado, porque de otra manera quedarían en riesgo todas las políticas públicas, desde las básicas hasta las universales. Estamos hablando de salud, de educación, estamos hablando de que en este momento la repartición que tiene que garantizar los remedios a los pacientes con enfermedades terminales no lo está haciendo. El presupuesto vigente no va a garantizar el funcionamiento del Estado”.

A quiénes afecta

El texto de Decisión Administrativa argumenta la necesidad de “optimizar los recursos de la administración nacional” y "establecer parámetros homogéneos para la negociación salarial en el Sector Público, que garanticen la equidad".

La medida incluye a todos los organismos, entes o empresas, que el Estado Nacional financie con su presupuesto o tenga el control mayoritario del patrimonio o de las decisiones.

Fuente gremiales confirmaron que la Decisión Administrativa abarca a los trabajadores de todos los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones; a la administración pública descentralizada, a las empresas del Estado y las privadas con participación mayoritaria estatal: al ANSeS, el Pami, la AFIP, el SENASA, el Conicet, el INTA, Telam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, e incluso al personal no docente de la universidades nacionales.

Entre sus disposiciones establece que una Comisión Técnica asesora de Política Salarial intervenga en cada una de las negociaciones paritarias estatales que se realizan por sector.