La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer el lunes pasado un duro informe, dirigido al presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, con copia a todos los miembros de ese cuerpo legislativo, acerca de la represión policial de los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, frente al Congreso, mientras se debatía en el recinto la denominada ley ómnibus.

El documento contiene una descripción minuciosa del funcionamiento del "protocolo antipiquetes" de Patricia Bullrich, y se difunde justo cuando el juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la causa en la que se pide la "inconstitucionalidad" de dicha normativa. Por esa razón, Casanello instó a Bullrich a que presente "en las próximas 72 horas" un informe que detalle los "fundamentos jurídicos" de su aplicación.

En el texto la CPM advertía sobre los riesgos que representaban, de aprobarse, tanto la emergencia en seguridad como las modificaciones al código penal, que recortaban el derecho a la protesta. Finalmente, un día después de que los diputados recibieran el informe, la sesión se levantó para evitar una derrota oficialista.

El mismo da cuenta de 285 víctimas de lesiones de distintas gravedad, entre ellas 35 periodistas y 5 defensores de Derechos Humanos y 14 detenciones arbitrarias. Dos integrante del directorio de la CPM, Sandra Raggio y Roberto Cipriano García , recibieron seis impactos de bala de goma cada uno por parte de un policía motorizado.

La nota 4248/2024 tiene 34 páginas y, aunque es un documento público, va dirigida a Martín Menem, con copia a cada diputado. Lleva las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Víctor De Genaro y Dora Barrancos, entre otras autoridades.

Como aclaran desde la Introducción, de acuerdo al texto de la ley nacional 26827, la CPM integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, junto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, figura la del monitoreo del accionar policial frente a protestas sociales.

Qué dice el informe

El informe es claro y contundente. “El uso de la fuerza fue arbitrario, abusivo, violento y contrario a las leyes y los pactos internacionales vigentes”. Agrega, como contracara, que “las fuerzas no actuaron para detener ni impedir la quema in fraganti de contenedores de basura, sino que se retiraron para permitirles continuar con la tarea”.

Agrega, además, que existen advertencias internacionales recientes sobre el accionar de las fuerzas en nuestro país, que obligan a intensificar las tareas de monitoreo y prevención, y resalta los antecedentes de las manifestaciones pacíficas de los días 20 de diciembre, aniversario del desenlace de la crisis de 2001, 27 de diciembre, presentación de la CGT en Tribunales acompañada por una multitud y 24 de enero, primer paro nacional de la era Milei.

Sostiene también que “las detenciones arbitrarias, que luego derivan en procesos penales, administrativos o multas pecuniarias, tienen un efecto sistémico, de carácter intimidatorio, sobre el derecho a la protesta”. 

A la vez, cuestiona la figura de resistencia a la autoridad por vaga y por otorgar a las fuerzas un poder de detención discrecional. “De sancionarse esta medida y aumentar las penas, no será excarcelable y casos como los mencionados quedarán a merced del abuso estatal", advierte.

Respecto a la violencia contra trabajadores de prensa, la CPM cita un texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Los propios medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales al condenar las agresiones, al dar seguimiento sobre los hechos y el estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos como forma de presión para combatir la impunidad".

También de acuerdo a la CIDH, la CPM reafirma que ni cortar una ruta o calle ni cualquier situación de desorden propia de una protesta, mientras no ponga en riesgo vidas ni bienes, implica de por sí una figura delictiva.

También reclama mayor seriedad y precisión en la información pública. Mientras que los organismos contaron 23 detenidos en total, mientras que la ministra Bullrich informó que fueron 31. En detalle, 6 personas fueros detenidas el día 31, tres el día siguiente y 14 el viernes 2 de febrero. Esas ocho personas de diferencia, no identificados porque no existen, por impericia o perversidad, generan una ronda adicional de consultas, búsquedas y preocupaciones.

Las formas más reiteradas de violencia policial, registradas tanto por el monitoreo de las instituciones como por las postas sanitarias, son el uso indiscriminado de gas pimienta, el disparo de balas de goma a corta distancia y, en abierta violación de los protocolos vigentes, por arriba de la cintura, cerca de zonas sensibles como cuello y ojos, y golpes con los palos denominados “tonfas”.

Apuntar con balas de goma a los ojos es una costumbre relativamente reciente de las fuerzas de seguridad latinoamericanas. Fue iniciada por los Carabineros chilenos en 2019, cuando comenzaron las revueltas estudiantiles, que luego se extendieron al conjunto de la sociedad y terminaron con el proceso constitucional, finalmente fallido.

Los miembros del Sistema Nacional de Prevención de Tortura (SPNT) estaban identificados con chalecos rojos y credenciales. Aún así, fueron atacados por los policías motorizados. Entre ellos estuvieron Sandra Raggio y Roberto Cipriano García que recibieron seis disparos de balas de goma cada uno, por parte de personal de esa fuerza.

El informe también observa un patrón repetido: el mayor despliegue de fuerzas y hechos represivos se da al momento de la desconcentración, cuando los manifestantes se dispersan en pequeños grupos.

Entonces, son las fuerzas federales, Policía, Gendarmería, Prefectura y PSA, las que terminan cortando la calle e impidiendo la normal circulación del tránsito vehicular. El famoso protocolo de Bullrich, lejos de ser “antipiquete” reemplaza el piquete de los manifestantes por el de los agentes.

"Agitadores profesionales"

En las consideraciones finales, el texto recupera los casos de Pablo Sabando Arbuto e Ignacio Ramón Villagra, dos periodistas chilenos, detenidos mientras cumplían tareas de cobertura, estigmatizados por la ministra Bulllrich, quien intentó presentarlos como "agitadores profesionales". 

Villagra había ingresado a la Argentina pocos días antes de las manifestaciones, justamente como corresponsal internacional. Sabando Arbuto tiene una historia más grande en el país ya que es graduado en Artes Audiovisuales de la UNLP.