Un oficial inspector condenado a 16 años de prisión por la denominada Masacre de Quilmes, en la que cuatro adolescentes murieron en octubre de 2004 tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que también fueron juzgados otros diez policías, seguirá detenido luego de que la Justicia le denegó el beneficio de las salidas transitorias, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión del juez de Ejecución Penal 2 quilmeño, Federico Merlini, recayó sobre Fernando Carlos Pedreira Catalonga (46), quien está alojado en la Unidad Penal 9 de La Plata por los delitos de "vejaciones y torturas", cuya pena vence el 18 de octubre de 2031.

En su escrito de nueve páginas --al que Télam tuvo acceso-- el magistrado coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal respecto a "incluir al condenado Pedreira en el beneficio de salidas transitorias".

Para la fiscalía, "la medida propiciada resulta prematura toda vez que el nombrado interno cumple en régimen cerrado de modalidad moderada" y para obtener ese beneficio debería estar en un "régimen semiabierto".

Si bien el juez ponderó que el acusado "ostenta una conducta ejemplar 10, con un concepto bueno", dado que "se encuentra en un régimen cerrado limitado (...) ello impide avanzar en el beneficio reclamado".

La Masacre de Quilmes es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.

El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas. En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.

En 2015 se realizó el juicio, y por las torturas y el incendio fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D'Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

En el fallo del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira Catalonga (a quien le dieron 16 años de prisión), y D'Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.

Ninguno de los condenados fue preso hasta 2022, cuando el mismo TOC 3 ordenó que Pedreira Catalonga, quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata.

En tanto, el Tribunal de Casación Penal confirmó en septiembre del año pasado la condena a la oficial Elda Marina Guaquinchay, quien fue la última juzgada por "omisión de denuncia de torturas", pero dispuso que la pena de cuatro años sea rebajada.

En diciembre del 2022, los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini del TOC 5 acreditaron que la oficial ayudante "omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales", por lo que además de los cuatro años de cárcel le dieron ocho de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.