Unas 160 instituciones pertenecientes al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizaron hoy frente a la quinta presidencial de Olivos para hacer entrega de un petitorio con el fin de que se cumpla la actualización de los aranceles de prestaciones y del transporte del sector.
La jornada nacional de visibilización se replicó también en otros puntos del país como las provincias de Santa Fe, Córdoba, Salta, San Juan, Tucuman, La Rioja, Rio Negro, Chubut, Mendoza y Misiones.
A raíz del último aumento otorgado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, de un "magro" 32% para enero y febrero --por debajo del 45% de inflación prevista--, las organizaciones marcharon hoy en rechazo a esta medida, señalada como "insuficiente", sumado a la situación de la demora en los cobros de 90 o 120 días.
Si bien la movilización tuvo lugar hoy, la crisis del sector data de hace tiempo, con una brecha de aranceles con la inflación anual de 2023 superior a los 100 puntos: mientras que esta fue del 220%, los aumentos arancelarios fueron del 120%.
Un reclamo sin respuesta
Asumida la nueva gestión, la tardanza en el nombramiento de cargos demoró las conversaciones que tienen lugar de forma mensual entre las organizaciones y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dirigida por Diego Spagnuolo, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Nicolás Posse. Luego del rechazo del aumento del 32%, los trabajadores no recibieron más alternativas y decidieron hacer público el reclamo.
"Hubo comunicaciones para que se frene esta movilización. Pero aunque la reunión fuese más adelante, las intituciones ya no dan más. Todas las asociaciones que integramos el Foro entendíamos que se tenía que hacer hoy", cuenta a Página 12 Pablo Miranda, pro secretario de Aiepesa, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
El directivo asegura que, de seguir así, en marzo las escuelas especiales, de inclusión educativa, no van a poder seguir brinando prestaciones y que "la situación va a empeorar".
"Esperamos que haya una respuesta de parte del gobierno nacional, de jefatura de ministros, de Andis y de todos los organismos pagadores, que atiendan de forma urgente esta necesidad. La decisión la tienen las personas que asumieron. Nosotros seguiremos saliendo a movilizarnos", expresa Miranda.
El referente retoma las declaraciones que hizo Spagnuolo, de Andis, al indicar que su gestión se hará cargo de darle continuidad a las prestaciones: "La realidad es que hoy quien está sosteniendo económicamente la situación son los prestadores, poniendo de su bolsillo, endeudándose, sin pagar cargas sociales. La mayoría son pymes, asociaciones sin fines de lucro o fundaciones. Hay que tener en cuenta que la estructura tiene un fin".
Cese involuntario de actividades
El transporte es el primer eslabón de la cadena de prestaciones a las que acceden las personas con discapacidad para mantener una buena calidad de vida: las escuelas, los centros de día, las rehabilitaciones. Por eso también unas 350 camionetas se estacionaron en fila frente a la quinta presidencial para visibilizar el reclamo de los transportistas de personas con discapacidad, que desde el 2 de enero se encuentran sin trabajar debido al estallido de los precios en combustible, patentes y seguros.
"Estamos en una situación de cese involuntario de actividades, y lo llamamos así porque justamente no es un paro. Nosotros estabamos en diciembre con un arancel de 272 pesos y un combustible de 328 y un mes después teníamos el mismo arancel y un combustible de mil pesos. Esto más la devaluación del 150% en repuestos, 100% en seguros, 80% en peajes y 220% en patentes hizo que para nosotros fuera imposible salir a trabajar. Tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo", explica a este diario Carlos Scipione, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con discapacidad (Fatradis).
Según el directivo "el aumento que proponen es totalmente irrisorio y no cubre para nada el gasto y para colmo es para cobrar en mayo, que con la inflación que hay ya no va a ser nada. Lamentablemente no hubo manera de que las autoridades comprendan esto y nos dijeron que esperemos tres o cuatro meses, sin entender que no tenemos resto como para poder financiar las prestaciones de transporte que tendría que financiar PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia".
"Estamos los trabajadores sin trabajo, las personas con discapacidad en su casa y las instituciones vacías, a las que tampoco les alcanza y ya preveen que van a tener que cerrar sus puertas porque no pueden hacerse cargo de los gastos", comenta Scipione.
En este sentido, concluyó que la jornada de visibilización fue "para pedirle al presidente de la nación que interceda ante Posse para que habilite los medios necesarios y se nos otorgue un aumento de aranceles que nos permita volver a trabajar. La situación es insostenible".
Informe: Carla Spinelli
